Historia y administración colonial en el Virreinato del Perú: La rebelión de los encomenderos y la pacificación de Pedro de La Gasca

Capítulo 1

Más de veinte años después de que Pedrarias Dávila repartiera encomiendas y repartimientos entre los vecinos de la ciudad de Panamá, el Emperador suspendió aquel régimen que, en la práctica, equivalía a la propiedad de seres humanos. Pedrarias lo había utilizado a su antojo para apaciguar a los capitanes tras la decapitación de Vasco Núñez de Balboa.

A él y a doña Isabel de Bobadilla se les asignaron las encomiendas de Otoque, Uribe, Pocorosa y Cuquera, junto con sus respectivas cuotas de servidores indígenas. Gaspar de Espinosa recibió la encomienda de Pacora; Taboga fue adjudicada a Francisco Pizarro; Diego de Almagro, Rogel de Loria y Cristóbal de Eslava; y Chagre, a Gonzalo de Badajoz. Incluso el propio Emperador obtuvo una encomienda especialmente lucrativa: el archipiélago de Las Perlas.

Según lo documenta María del Carmen Mena García en Una fuente para la historia de la encomienda en Panamá: La Copia e Relación del Repartimiento Viejo (en Temas de Historia Panameña), en 1522 Pedrarias introdujo nuevas reformas en la distribución de las encomiendas. Buscaba, en parte, corregir los errores cometidos en el reparto de la mano de obra indígena; en parte, recompensar a sus partidarios más fieles; y en parte, despojar de sus privilegios a los opositores de su gobierno autocrático, como solía ser su proceder.

Estas reformas se originaron a raíz del litigio promovido por Gaspar de Espinosa, quien reclamó la restitución de una encomienda que le había sido adjudicada a otra persona durante su ausencia de cuatro años en España.

Gaspar de Espinosa, nacido en Medina de Rioseco en 1484, fue uno de los capitanes de Pedrarias Dávila cuando este fue designado gobernador del Darién en 1514. Licenciado en leyes, Espinosa fue nombrado alcalde mayor de Nuestra Señora de la Antigua del Darién y destacó pronto como uno de los hombres más activos y ambiciosos del istmo.

Entre 1515 y 1518 emprendió la exploración y conquista de la costa del Mar del Sur, en su afán de hallar oro y perlas. Durante estas expediciones recorrió buena parte del litoral pacífico de América Central y descubrió el golfo de Nicoya, en la actual Costa Rica. Más tarde, conquistó territorios de esa región y terminó uniéndose a Diego de Almagro y Francisco Pizarro en la empresa del Perú. Participó, además, en el juicio que Pedrarias Dávila promovió contra Vasco Núñez de Balboa, cuyo desenlace fue la ejecución del célebre descubridor del Mar del Sur.

Gracias a sus campañas y exploraciones, Espinosa acumuló una considerable fortuna y regresó a España como un conquistador renombrado. En reconocimiento a sus servicios, el emperador Carlos V le concedió un escudo de armas y lo nombró regidor de Santo Domingo y de Panamá.

    Sin embargo, su fama se vio ensombrecida por su notoria crueldad hacia los indígenas. Los informes sobre los abusos cometidos bajo su mando llegaron pronto a la corte, provocando la censura de Carlos V y de sus consejeros, quienes reprobaron abiertamente su proceder.

A pesar de ello, no puede negarse que Gaspar de Espinosa desempeñó un papel fundamental en la exploración del interior del istmo de Panamá. En su búsqueda del legendario cacique París, recorrió numerosas provincias, registró territorios hasta entonces desconocidos y dio nombre a diversos cacicazgos que, gracias a él, quedaron incorporados a la geografía de las Indias.

La aparente pasividad de los panameños puede explicarse por varias razones. Por un lado, cuando la Corona abolió las encomiendas, muchos de sus principales beneficiarios ya habían muerto o habían emigrado de Panamá. Por otro, hacia 1542 y en los años posteriores, la encomienda dejó de ser la principal fuente de riqueza privada. El dinero estaba ahora en el tráfico naviero, el transporte marítimo por Nombre de Dios y el terrestre por Cruces, el abastecimiento de vituallas para las expediciones, la distribución de metales preciosos y la importación de mercaderías europeas a las Indias, aprovechando la triangulación del Camino de Cruces, el río Chagres y Nombre de Dios (luego Portobelo).

Sin embargo, esta reorientación de los intereses económicos de los comerciantes panameños, y la relativa tranquilidad del istmo, duraron poco. Pronto, los comerciantes españoles y criollos comprobaron que comercio y política casi nunca van separados y, en menos tiempo del que canta un gallo, se encontraron sentados sobre un verdadero barril de pólvora.

Lo que comenzó como un reclamo de carácter casi empresarial terminó convirtiéndose en una abierta rebelión contra el Emperador, con insinuaciones de separatismo e incluso de búsqueda de alianzas con Francia y el Imperio Otomano. El istmo se vio arrastrado así a una vorágine cada vez más intensa.

Gonzalo Pizarro, junto con sus capitanes y asesores civiles, decidió tomar Panamá por las armas con el propósito de cerrar el paso hacia el Atlántico y cortar el flujo de oro y plata hacia la caja real. Al controlar el acceso entre el Atlántico y el Pacífico, los rebeldes peruleros pretendían impedir la llegada de representantes y tropas enviadas por el Emperador con la misión de sofocar el movimiento pizarrista.

Los cronistas de las guerras civiles —especialmente el contador Agustín de Zárate y Juan Calvete de Estrella, así como Diego Fernández El Palentino, Pedro Gutiérrez de Santa Clara, López de Gómara, Pedro Cieza de León, Garcilaso de la Vega y Antonio de Herrera— relatan cómo Panamá fue arrastrada, casi por la fuerza, a la dinámica de un movimiento revolucionario que puso en entredicho su propia razón de ser: la de servir como bisagra geopolítica en la comunicación interoceánica entre América y Europa.

La llegada del representante imperial alteró las reglas de sucesión en los codiciados dominios del Perú. La Corona asumió la titularidad plena del poder político, quedando sin efecto las antiguas capitulaciones. Según relata Agustín de Zárate, aunque Vaca de Castro fue enviado principalmente para investigar la muerte de Diego de Almagro y los hechos derivados de ella, llevaba también una cédula secreta que lo facultaba para asumir la gobernación si el marqués fallecía antes de que el rey dispusiera otra cosa.

Aún no se habían extinguido las brasas de la división entre pizarristas y almagristas cuando se promulgaron las ordenanzas conocidas como las Leyes Nuevas, dictadas a solicitud del monarca para “descargo de su real conciencia”.

Conviene repasar brevemente los principales acontecimientos que condujeron a este conflicto. Hacia 1532, Francisco Pizarro capturó a Atahualpa, dando inicio a la conquista del Tahuantinsuyo y a la colonización hispana del territorio. Las disputas por el control del Cusco —la ciudad más rica del imperio— o, tal vez, por el ansia de un mayor botín, desencadenaron la primera guerra civil entre Pizarro y Diego de Almagro. En la guerra de Las Salinas (1538), Pizarro resultó vencedor. El historiador James Lockhart recuerda que, desde entonces, “la adjudicación de encomiendas estuvo enlazada con la conducta observada durante las guerras civiles”, es decir, que quien vencía en el conflicto recibía los mayores beneficios patrimoniales.

Sin embargo, una nueva guerra entre conquistadores, promovida por el hijo de Almagro —conocido como Almagro el Mozo—, culminó con la muerte del gobernador de Nueva Castilla, nombre con el que entonces se designaba al territorio peruano.

    Ante el caos, la Corona castellana envió al licenciado Cristóbal Vaca de Castro para pacificar el país. Su tarea, no obstante, fue ardua: debió enfrentarse a las fuerzas almagristas, que terminaron derrotadas en la batalla de Chupas (1542). Su misión consistía en ordenar el territorio y conducirlo hacia su institucionalización como virreinato, siguiendo el modelo de la Nueva España. Pero su labor, cuestionada por muchos y afectada por el descontento general tras años de guerra, no logró estabilizar del todo aquella naciente sociedad colonial.

Este periodo aún presenta numerosos vacíos en la investigación. ¿Qué papel desempeñaron los pizarristas y almagristas en el desencadenamiento de tres enfrentamientos consecutivos? ¿De qué manera estas guerras obstaculizaron la consolidación de la institucionalidad colonial, a diferencia de México, donde el tránsito fue más pacífico? ¿Cuál fue la influencia de las órdenes religiosas —especialmente agustinos y franciscanos— en los conflictos? ¿Cómo se posicionó la población indígena ante los bandos enfrentados, y qué implicancias tuvo ello para sus propios intereses políticos? Resolver estas cuestiones permitiría comprender mejor el complejo panorama de los primeros años del Virreinato del Perú. La presente investigación pretende ofrecer algunas luces sobre el desarrollo de estas guerras, aunque solo un estudio más amplio podría brindar respuestas definitivas.

Durante el gobierno de Vaca de Castro, el emperador Carlos I de Castilla promulgó las Leyes Nuevas en 1542, mediante las cuales el Perú pasó a ser oficialmente un virreinato. Poco después, se envió a Blasco Núñez de Vela como primer virrey, acompañado por los cuatro oidores de la Real Audiencia, con destino a la Ciudad de los Reyes. Las Leyes Nuevas despertaron protestas entre los encomenderos de toda América, pero fue en el Perú donde dichas protestas se transformaron en un movimiento armado. A ello contribuyó la deficiente gestión del virrey, quien entró en conflicto con varios vecinos y personajes influyentes del virreinato. El punto culminante de la animadversión contra él fue la ejecución del factor Illán Suárez de Carvajal, hecho que lo convirtió, a los ojos de muchos, no solo en un tirano por intentar imponer las ordenanzas, sino también en un asesino.

En 1544, diversos cabildos del territorio se sublevaron y solicitaron a Gonzalo Pizarro que encabezara una rebelión contra el virrey. Desde el Cusco marchó hacia Lima, mientras Núñez de Vela huyó a Quito. En la capital, los rebeldes proclamaron a Gonzalo Pizarro como gobernador y organizaron el Estado para enfrentarse a las fuerzas virreinales. La contienda culminó en la batalla de Añaquito (1546), donde el virrey fue derrotado y muerto. Pizarro gozó entonces de un breve período de poder absoluto, dominando desde Chile hasta los mares de Panamá, donde una de sus expediciones llegó incluso a amenazar la ciudad.

La rebelión de los encomenderos representó una amenaza continental para la Corona. El comercio entre América del Sur, Panamá y la península ibérica quedó interrumpido debido al control rebelde sobre la flota del Mar del Sur y a los intentos de capturar Panamá. Hacia 1546, los enfrentamientos se extendieron hasta Nicaragua, donde el realista Verdugo —fugado del Perú tras la toma del poder por Pizarro— combatía a aliados pizarristas que intentaban dominar la región. Tanto el territorio de Chile como las posesiones de Sebastián de Benalcázar, gobernador de Popayán (en la actual Colombia), observaban expectantes el desenlace del conflicto, que podía redefinir sus futuros políticos. Incluso Gonzalo Pizarro escribió al virrey Mendoza de Nueva España solicitando apoyo y justificando su causa. Sin proponérselo, su rebelión sacudía los cimientos del Imperio español.

Para restablecer la autoridad real, la Corona envió al pacificador Pedro de la Gasca. No llevaba ejército, pero sí amplios poderes políticos: podía conceder perdones reales a quienes se rindieran, con lo cual buscaba atraer a la población a favor del rey. En Panamá, hacia fines de 1546, logró convencer a los enviados de Gonzalo Pizarro y tomar posesión de una flota para trasladarse al Perú.

La magnitud de la amenaza unió los esfuerzos de varias regiones en apoyo del pacificador. Desde la Nueva España, Panamá, Nicaragua y Cartagena de Indias llegaron hombres, armas y recursos para fortalecer su causa. A estos se sumaron Sebastián de Benalcázar, Pedro de Valdivia con sus tropas de Chile y los soldados de Quito, donde Gasca desembarcó en 1547. Así se formó una verdadera fuerza transcontinental que, bajo la bandera del rey, se alzó contra la “tiranía” encarnada por el último de los Pizarro.

Mientras las noticias del perdón real se difundían por el territorio, Pedro de la Gasca avanzaba hacia el sur sin hallar mayor resistencia. Finalmente, los rebeldes y las fuerzas leales a la Corona se enfrentaron en Jaquijahuana (o Xaquijahuana), cerca de la ciudad del Cusco, en abril de 1548. Como bien señala José Antonio del Busto, “más que una batalla fue un desbande, pues casi todos los gonzalistas terminaron por pasarse al bando del presidente”. Quienes no lo hicieron fueron ejecutados, entre ellos el célebre “Demonio de los Andes”, Francisco de Carvajal. Gonzalo Pizarro fue decapitado y su cabeza expuesta en la plaza mayor de Lima.

Aquellos que oportunamente se unieron al bando del pacificador fueron recompensados con encomiendas o gratificaciones, como lo testimonia el célebre Reparto de Guaynarima, donde figuran los nombres de quienes apoyaron a Gasca en su momento de gloria. Aunque los rebeldes fueron derrotados, los años de gobierno insurgente provocaron la supresión de la cláusula de las Leyes Nuevas que limitaba el poder de los encomenderos. De este modo, el movimiento dejó una huella duradera en la política imperial de la Corona respecto de sus colonias, cuestión a la que volveré más adelante.

Convertido en nuevo gobernador, el pacificador emprendió una serie de reformas destinadas a mejorar la administración, la recaudación y el funcionamiento de las instituciones coloniales. Si bien persistió cierto malestar en torno a la distribución de encomiendas, este no llegó a provocar otro levantamiento de gran magnitud. El virreinato tendría que esperar más de dos siglos, hasta la rebelión de Túpac Amaru en 1780, para presenciar un nuevo movimiento de alcance comparable.

El problema central que plantea esta tesis es explicar por qué fracasó un movimiento que llegó a controlar todo el virreinato y que disponía de abundantes recursos y soldados. En el fondo, se trata también de comprender por qué las tropas pizarristas se desbandaron y pasaron al bando realista, y qué factores determinaron ese cambio de lealtades. Ello implica analizar cómo se construyó el poder de adhesión en torno a Gonzalo Pizarro, qué alianzas sostuvo y de qué modo estas se deterioraron.

Como en todo proceso histórico complejo, no existe una sola respuesta. Hasta el momento, el único autor que ha ofrecido una explicación directa sobre las causas del fracaso es Lohmann Villena, quien atribuye la derrota a un factor ideológico: el sentimiento de fidelidad al rey habría prevalecido sobre la defensa de un “tirano”. Así, el poder real terminó imponiéndose sobre la rebelión.

Aunque esta interpretación es válida, considero que solo explica parcialmente los cambios de fidelidad. Propongo, en cambio, un análisis centrado en las condiciones materiales que sustentaron las alianzas entre Gonzalo Pizarro y sus principales agentes de gobierno. Estos apoyaron la causa rebelde mientras las circunstancias económicas les resultaron favorables, pero le retiraron su respaldo cuando dichas condiciones se deterioraron. De forma complementaria a la tesis de Lohmann, sostengo que la distribución del patrimonio, el enriquecimiento o empobrecimiento de los actores sociales, ofrecen una explicación más convincente del colapso del movimiento.

No se trata únicamente de comprender cómo se formaron las alianzas, sino de desentrañar la lógica que las generó y cómo esta condujo a la derrota. Ana Laura Drigo ha señalado con acierto que Gonzalo Pizarro “para lograr adhesión y ascender al poder se basó fundamentalmente en las obligaciones mutuas entre él y sus seguidores. Así, el sistema de intercambio recíproco (mercedes por lealtad) fue una práctica muy utilizada durante todo su gobierno”. Este enfoque resulta fundamental para entender la estructura de poder del movimiento y merece un examen más profundo. Retomaré esta línea en el capítulo II, donde analizaré los intereses individuales que motivaron las alianzas, así como sus distintos niveles de aplicación.

Como ocurre con muchos episodios del periodo de la conquista y de las guerras civiles, reconstruir la historia de esta rebelión supone armar un rompecabezas del que solo conservamos fragmentos. Las crónicas de diversos autores, las cartas publicadas por Pérez de Tudela, los documentos de encomiendas de Loredo, algunos papeles del Portal de Archivos Españoles (PARES), páginas dispersas de los libros de cabildos y ciertos protocolos notariales conforman el cuerpo de fuentes consultadas. Cada documento ha sido una pieza suelta entre muchas, y solo mediante una búsqueda paciente ha sido posible recomponer una imagen coherente de los acontecimientos. Aunque el cuadro nunca estará completo, las fuentes disponibles permiten delinear con claridad el perfil general de la rebelión de los encomenderos y su profundo significado en la historia del primer virreinato peruano.

Capítulo 2

Tras la muerte de los socios del contrato de Panamá, Diego de Almagro y Francisco Pizarro, se abrió en el Perú un vacío de poder que el Emperador procuró llenar provisionalmente con el nombramiento de Cristóbal Vaca de Castro como gobernador. Su paso por Panamá marcó el inicio de un período de transición particularmente complejo para la Corona.

Los protagonistas de la conquista del reino del Perú, tan enfrascados en sus disputas personales por el poder, no previeron los conflictos que habría de suscitar, en la generación siguiente, la falta de una sucesión política claramente establecida. Pizarro había recibido el título de marqués y la gobernación de Nueva Castilla; Almagro, por su parte, obtuvo del rey la gobernación de Nueva Toledo y el título de Adelantado. Sin embargo, ambas capitulaciones omitían toda disposición relativa a la sucesión de los cargos, pues se entendía que tales atribuciones eran prerrogativas exclusivas del monarca y, por tanto, no hereditarias.

A la muerte del marqués, su única heredera material era su hija Francisca, aún una niña, nacida de su unión con una hermana de Atahualpa. En cuanto al Adelantado, su hijo Diego Almagro el Mozo —natural de Panamá y fruto de su relación con una indígena de Taboga— heredó sus bienes. Tras encabezar el asesinato de Pizarro, el joven Almagro se erigió en heredero político del poder total, basándose en una interpretación de hecho de la autoridad y del dominio económico. Impetuoso y convencido de su legitimidad, asumió como algo natural, por derecho paterno, el control del quinto real y de los fondos de la Hacienda del Rey.

Ante este uso heterodoxo del poder por parte de los conquistadores, el Emperador envió a Vaca de Castro al Perú con el encargo de restablecer el orden y definir reglas de gobierno que no habían sido previstas antes del fallecimiento de los dos gobernadores y del consiguiente vacío político.

El licenciado Cristóbal Vaca de Castro se encontraba establecido en Valladolid, desempeñando sus funciones como oidor, cuando llegaron a la Península noticias alarmantes del Perú: el levantamiento indígena encabezado por Manco Inca, la guerra civil entre los partidarios del gobernador Francisco Pizarro y los del adelantado Diego de Almagro, que culminó con la sangrienta batalla de las Salinas y la posterior ejecución de Almagro por orden de Hernando Pizarro.

En la Corte, la presión de los partidarios del difunto Adelantado, que exigían castigo contra los Pizarro, junto con la creciente preocupación por la preponderancia alcanzada por Francisco Pizarro en el Perú, hicieron evidente la necesidad de enviar un delegado con autoridad suficiente para esclarecer la situación y restaurar el orden en aquellas tierras.

El estado de descomposición era profundo: en medio de la anarquía, tanto los derechos de los indígenas como los de los españoles eran vulnerados. Sin embargo, la misión no era sencilla. La autoridad de Pizarro estaba firmemente asentada y la distancia con Castilla dificultaba cualquier intento de control directo. Además, el marqués era un hombre de carácter fuerte e irritable, seguro de su poder, y poco dispuesto a aceptar intervención alguna. Existía el riesgo de que, frente a una medida de suspensión o fiscalización —como había ocurrido antes con Hernán Cortés y otros capitanes de América—, Pizarro optara por desentenderse de su fidelidad a la Corona y fundar un gobierno independiente, alentado por la facción turbulenta que lo rodeaba.

En este contexto, las opiniones sobre la estrategia a seguir en el Perú eran diversas. El cardenal García de Loaysa y Mendoza, arzobispo de Sevilla y expresidente del Consejo de Indias, junto con el secretario real Francisco de los Cobos y el conde de Osorno, García Fernández Manrique, entonces presidente en funciones del Consejo, coincidieron en la necesidad de enviar un representante especial a las Indias. La decisión recayó en el recurso más temido por los gobernadores americanos: el juez de residencia.

Los jueces de residencia representaban, en efecto, la caída del poder de un gobernador. Allí donde eran enviados, solían destituir a las autoridades coloniales, e incluso a veces las enviaban encadenadas a España (Porras, 1978, p. 589). A propuesta del cardenal Loaysa, y en consideración a su integridad y aptitud para grandes negocios, se eligió al licenciado leonés Cristóbal Vaca de Castro.

No obstante, las cartas que Loaysa dirigió a Vaca de Castro, fechadas el 27 de agosto y el 19 de septiembre de 1540, revelan que este no se mostraba del todo dispuesto a viajar a las Indias. Para persuadirlo, el cardenal apeló tanto a argumentos económicos como a la promesa de ascensos en la carrera judicial, además de exhortarlo a mantener una relación de cooperación con el marqués gobernador, a quien calificaba como un “bendito hombre”.

A pesar de la urgencia de la situación, se decidió retrasar la partida de Vaca de Castro hasta que llegara a España Hernando Pizarro, de quien se esperaba obtener una visión directa de los acontecimientos y datos que permitiesen dar instrucciones más precisas al comisionado. Hernando arribó finalmente, aunque su presencia despertó recelos. Pese a defenderse judicialmente de los ataques de los almagristas y del fiscal Villalobos, terminó condenado a veintiún años de prisión por la ejecución de Almagro. Incluso escribió contra el nombramiento de Vaca de Castro, pero sus objeciones no fueron atendidas.

Las Instrucciones del Emperador

“Habiendo tenido noticia de las alteraciones y sucesos ocurridos en nuestro Reino de Nueva Castilla, en la provincia del Perú, y con el fin de informarnos con certeza de lo sucedido, así como de impartir justicia a quienes la soliciten; y también para conocer el manejo y la fidelidad en nuestra hacienda y patrimonio real, y verificar cómo se han cumplido y observado nuestras provisiones enviadas a dicha provincia, tanto en lo relativo a la instrucción, conversión y buen trato de los naturales, como al fomento, engrandecimiento y consolidación de su población.”

Con estas palabras comenzaban las Instrucciones entregadas a Vaca de Castro el 15 de junio de 1540. Se trataba de un pliego extenso y detallado, concebido para remediar los múltiples abusos y desórdenes que se habían introducido en la administración indiana.

No obstante, las instrucciones no fueron un texto definitivo. En el proceso de su redacción, fueron modificadas, ampliadas o reducidas en una dinámica de tensiones entre la necesidad de reforzar la autoridad real y el cuidado de no agraviar al marqués gobernador Francisco Pizarro. Como resultado, Vaca de Castro recibió poderes discrecionales, amplios y sujetos a su propia interpretación. Dichos poderes se vieron reforzados por la Cédula del 9 de septiembre de 1540, que lo designaba gobernador en reemplazo de Pizarro únicamente en caso de muerte u otro acontecimiento extraordinario. Esta disposición se justificaba por la edad del marqués —unos sesenta y dos años—, considerada avanzada en el siglo XVI.

Dado lo limitado de este espacio, y con el propósito de lograr una mejor comprensión, nos basaremos en diversas fuentes —el cronista Herrera (1615), Jiménez de la Espada (1877), Mendiburu (1890), el padre García (1959) y Porras (1978)— para sintetizar el contenido esencial de dichas instrucciones.

2.    Protección de los indígenas: ante las reiteradas denuncias de abusos contra los naturales —obligados a extraer oro y plata o enviados a trabajos forzados en contra de su voluntad—, así como del incumplimiento de las disposiciones reales, se encomendaba a Vaca de Castro castigar lo pasado y remediar en adelante.

3.    Vaca de Castro tenía el encargo de esclarecer los hechos de la guerra entre Pizarro y Almagro, así como los excesos cometidos antes y después de la batalla de Las Salinas, con el fin de informar a la Corona de manera veraz y precisa. Dado que la causa principal del conflicto fue la disputa de límites, debía también determinar con certeza la frontera entre las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo.

4. Ante las quejas por las excesivas exigencias tributarias de algunos encomenderos, Vaca de Castro debía colaborar con el Marqués Gobernador y el obispo del Cusco en el cumplimiento de las órdenes reales emitidas en la carta del Emperador de diciembre de 1537. Su misión consistía en establecer la tasa definitiva del tributo indígena y garantizar que los repartimientos se realizasen con justicia.

8. En atención al interés de la Corona por la evangelización, se dispuso la creación de dos nuevos obispados, en Lima y en Quito. Vaca de Castro debía delimitar las jurisdicciones de ambos, tarea que implicaba emprender una visita general al territorio peruano.
9. Asimismo, tenía la obligación de verificar el cumplimiento de las disposiciones reales enviadas anteriormente al gobernador Pizarro, al obispo Valverde y a los Oficiales Reales. En caso de incumplimiento, debía hacerlas cumplir con rigor. Al mismo tiempo, debía estudiar las necesidades del territorio y proponer a la Corona las medidas más convenientes.
10. Frente a las denuncias sobre el mal manejo de las cuentas de la Real Hacienda, correspondía a Vaca de Castro comprobar su estado real, cobrar los atrasos acumulados y sancionar a los Oficiales Reales en caso de abusos o negligencias. También debía revisar el sistema de recaudación de tributos y la distribución de los tesoros, asegurando el envío puntual de los fondos pertenecientes a la Corona.
11. Finalmente, considerando la prioridad de la evangelización, debía fundar monasterios en los lugares más apropiados, supervisar el uso de los diezmos y la conducta de los religiosos, expulsando a quienes incurrieran en escándalos. Asimismo, debía garantizar que los indígenas dispusieran de horas específicas para asistir a la iglesia y recibir instrucción en la fe, consagrando los antiguos templos indígenas al culto cristiano.
12. Preocupada por la situación de los indígenas, la Corona encomendó a Vaca de Castro diversas tareas: impedir el traslado de indios de unas provincias a otras para evitar los problemas derivados de los cambios de clima; prohibir que se les impusieran cargas excesivas como porteadores, en contra de las ordenanzas reales; corregir e informar sobre los despojos de tierras sufridos por los caciques; y negociar con Manco Inca su rendición y la concesión de tierras, siendo lo más conveniente su envío a España para prevenir mayores inconvenientes en el Perú. Asimismo, debía elaborar un registro de los hijos de Huayna Cápac, a fin de que recibieran la atención debida de parte de la Corona.
13. Dado que su comisión lo llevaría al Perú, Vaca de Castro debía aprovechar su paso por el Caribe para visitar Puerto Rico y Santo Domingo, e informar a la Corona sobre sus condiciones. También debía investigar la situación de la Audiencia de Panamá, ante las quejas sobre la conducta del oidor decano, Francisco Pérez de Robles, e iniciar juicio de residencia contra él y sus colegas. Aunque su autoridad no superaba la del Marqués Gobernador, la Corona juzgó oportuno realzar su figura para dar mayor peso a su misión. Por ello, lo incorporó al Consejo de Castilla, le concedió el hábito de Santiago —una de las órdenes militares más prestigiosas de la Monarquía Hispánica— y le otorgó mercedes a su familia: una renta de doscientos ducados para su esposa en caso de fallecimiento y gratificaciones para sus hijos.

El largo viaje al Perú.

Cumplidos los trámites correspondientes, Vaca de Castro partió de Sanlúcar de Barrameda a comienzos de noviembre de 1540. Tras una escala en la isla de la Gomera, el viaje se complicó por tormentas y vendavales que le impidieron llegar a Puerto Rico, por lo que se dirigió directamente a Santo Domingo, donde inspeccionó la fortaleza y recabó información sobre Puerto Rico, decidiendo no desplazarse a dicha isla. Posteriormente, viajó a Nombre de Dios y cruzó el istmo, llegando a Panamá a fines de febrero de 1541.

Siguiendo sus instrucciones, asumió la presidencia de la Audiencia de Panamá, suspendió al oidor Robles e inició juicio de residencia a sus colegas, Pedro de Villalobos y Lorenzo Paz de la Serna. El 19 de marzo emprendió finalmente su viaje hacia el Perú, en una estación desfavorable y en medio de un pésimo viaje, que culminó con el anclaje en el puerto de Buenaventura. Como el navío quedó inutilizado, decidió continuar por tierra hacia Cali. Allí enfermó gravemente, al punto que —según relata Cieza—, “a no estar en su compañía un médico y cirujanos, muriera”. Permaneció convaleciente en Cali durante tres meses, en riesgo de muerte.

A pesar de su delicado estado, ordenó al adelantado Sebastián de Belalcázar liberar a Pascual de Andagoya y los convocó para resolver sus diferencias sobre la gobernación del Río de San Juan. Sin embargo, no alcanzó acuerdo alguno y remitió la documentación al Consejo de Indias para su resolución. Mientras Andagoya partía a España para defender sus derechos, Belalcázar permaneció en la región y dispuso que sus tenientes habilitaran los caminos hacia Popayán, de donde Vaca de Castro continuaría rumbo al Perú. Era agosto de 1541, y la situación en los Andes había cambiado radicalmente.

Entretanto, la reputación del enviado real se vio afectada por rumores que lo precedieron. Se decía que carecía de imparcialidad, lo que exaltó los ánimos de los derrotados almagristas, quienes incluso intentaron quemar la efigie del cardenal Loaysa. Corrieron además noticias falsas: primero sobre su supuesta muerte en el camino por órdenes del Marqués, y luego sobre sospechas de soborno.

El anciano Marqués Gobernador tampoco dejó de inquietarse ante la inminente llegada de Vaca de Castro. Ya había mostrado una actitud altiva frente a fray Tomás de Berlanga, obispo de Panamá y comisionado de la Corona en 1534, y ahora lo que más le angustiaba era el futuro de su gobernación, especialmente a la luz de las instrucciones conferidas al nuevo enviado real. En la última carta que dictó, once días antes de su muerte, un Pizarro dolido y premonitoriamente sombrío se lamentaba de los rumores sobre la posible separación de Charcas y Arequipa de la jurisdicción de Nueva Castilla:

“Porque, si estas gobernaciones no se dividen, Su Majestad no podrá ser bien servido, y yo quedo como gobernador de Arenales.”

Aun así, el veterano extremeño actuó con cautela. Envió un navío a Panamá para recoger al comisionado regio, aunque este rehusó abordarlo para evitar sospechas. Pizarro incluso intentó congraciarse con algunos almagristas, pero sus anteriores arbitrariedades habían cerrado toda posibilidad de reconciliación. Los almagristas, por su parte, se fueron concentrando en Lima en torno al hijo mestizo de su antiguo caudillo, también llamado Diego de Almagro. Los soldados lo recordaban de las campañas emprendidas por su padre y, tras la muerte de este, trasladaron su lealtad al joven Almagro.

En medio de los rumores de una conjura, Pizarro buscó aplacar los ánimos entrevistándose con Juan de Herrada —también conocido como Juan de Rada—, tutor de Diego de Almagro el Mozo y jefe visible de la facción rival. Fue en vano: el domingo 26 de junio de 1541, los almagristas asaltaron su residencia. Pese a la desesperada y valerosa defensa, el Marqués Francisco Pizarro, Gobernador de la Nueva Castilla, cayó asesinado.

El gran error del Consejo de Indias y del propio Vaca de Castro fue su morosidad. La batalla de Las Salinas se había librado en abril de 1538, pero recién en junio de 1540 se nombró a Vaca de Castro como juez pesquisidor. En octubre de ese año todavía permanecía en Sevilla, recibiendo además nuevas comisiones para visitar la fortaleza de Santo Domingo —a la que llegó en enero de 1541— y resolver pleitos de los oidores en Panamá. En lugar de dirigirse sin demora al Perú, Vaca de Castro optó, movido por precauciones y temores, por las rutas más largas y complicadas.

Si hubiera zarpado directamente, habría llegado a tiempo para impedir tanto el asesinato del Marqués como la guerra de Chupas. Pero se embarcó en un navío averiado, sin pilotos competentes, y pasó semanas recalando entre la Gorgona, la isla del Gallo y Buenaventura, hasta terminar en un naufragio. Desde allí tomó el desatinado camino terrestre: Buenaventura, Cali, Popayán y Quito, prolongando su viaje seis meses, cuando el trayecto marítimo no hubiera tomado más de dos semanas. Entre tanto, en el Perú ya ardía la hoguera de la guerra civil.

 La guerra de Chupas.

El nuevo Gobernador del Perú, aunque solo de facto, fue Diego de Almagro el Mozo. El verdadero poder residía en su tutor, Juan de Herrada, quien asumió el cargo de Capitán General. Hijo del Adelantado Almagro, el joven líder tenía apenas veinte años. Se parecía mucho a su padre, tanto por su carácter franco como por la violencia de sus pasiones. Bajo sus banderas se congregaron entre 500 y 800 hombres, en su mayoría españoles errantes, precisamente aquellos a quienes buscaban controlar las últimas ordenanzas del difunto Marqués.

Sería oportuno dedicar un estudio específico a las ideas políticas del movimiento almagrista:

“Almagro consideró oportuno dar a conocer públicamente las razones de su levantamiento y presentó un plan de gobierno en beneficio de todos los habitantes del Perú. Criticó duramente el mal gobierno ejercido bajo el dominio de los Pizarro y lanzó severas condenas contra Valverde, representante del poder religioso, tanto por lo que hizo como por lo que dejó de hacer. No resulta del todo descabellado pensar que el movimiento almagrista buscara, de manera sincera, la formación de una auténtica nación peruana, no solo en favor de los conquistadores, sino también en defensa de la población indígena, pues sus propuestas no se distanciaban mucho de las defendidas por los lascasianos, quizás incluso con un mayor sentido práctico.”

El joven Almagro nombró tenientes en el Cusco y en Arequipa, y envió destacamentos a Trujillo en busca de hombres, armas y caballos. Sin embargo, pronto enfrentó la reacción de los partidarios del difunto Marqués. Perálvarez Holguín en el Cusco, Peranzúrez de Camporredondo en Charcas y Alonso de Alvarado en Chachapoyas se negaron a reconocerlo, aduciendo obediencia exclusiva al Rey.

Ante ello, Almagro el Mozo trasladó sus fuerzas desde Lima a Jauja con la intención de frenar a Perálvarez, pero este, reforzado por Peranzúrez, logró evitar el encuentro. La muerte de Juan de Herrada por enfermedad, sumada a las disputas internas —que incluso llegaron al asesinato entre sus oficiales—, debilitó aún más la cohesión del bando rebelde. Pese a ello, Almagro consiguió llegar al Cusco, donde reorganizó sus tropas, se proveyó de caballos y armas, y mandó fundir cañones al griego Pedro de Candía, uno de los célebres “trece de la fama”. Incluso obtuvo cierto respaldo de Manco Inca.

Mientras tanto, en Popayán, Vaca de Castro recibió la noticia del sangriento fin del Marqués y del levantamiento de Almagro. En una carta al Emperador, fechada en noviembre de 1541, llegó a conjeturar que los almagristas planeaban también asesinarlo, al saber que no le arrebataría el gobierno a Pizarro.

La situación de Vaca era crítica y excepcional: desconocía el territorio, carecía de apoyos sólidos y no sabía hasta qué punto la insurrección influiría en el ánimo general. Fue en esa coyuntura que se revelaron la firmeza de su carácter y la claridad de su juicio. Decidió esperar que los acontecimientos guiaran sus pasos y seguir sin vacilar la senda del deber, desoyendo a quienes le aconsejaban regresar a Panamá.

Aún convaleciente, emprendió la marcha hacia Quito, transportado en andas y acompañado de un fraile franciscano que llevaba los Santos Óleos, por si la muerte lo sorprendía en el camino. El 26 de septiembre, ya en Quito, Vaca de Castro hizo pública la cédula que lo nombraba Gobernador en caso de muerte de Pizarro, y envió copias de este documento a las principales ciudades del Perú mediante comisionados especiales.

Mientras recuperaba su salud, comenzó a reunir tropas y recursos para enfrentar a Almagro, rechazando las propuestas del Adelantado Belalcázar, quien le sugería entablar negociaciones con el rebelde.

La batalla de Chupas y la consolidación de Vaca de Castro.

No seguiremos en detalle cada incidencia de la campaña, pero conviene señalar que Vaca de Castro asumió el título de Capitán General para evitar disputas entre Perálvarez y Alvarado. Aunque su formación era de letras y no de armas —limitación que en ciertos momentos se hizo evidente—, tomó el mando supremo.

El joven Almagro, por su parte, envió cartas al Gobernador expresando su deseo de evitar la guerra. Reclamaba el reconocimiento de su derecho hereditario sobre la gobernación de Nueva Toledo y la conservación del Cusco, a pesar del fallo real que lo incorporaba a Nueva Castilla. La respuesta de Vaca fue tajante: exigió la disolución del ejército almagrista y la entrega de los asesinos del Marqués. Como además infiltró espías y agentes en el campamento enemigo, los almagristas lo consideraron un acto de deslealtad, frustrando así cualquier posibilidad de acuerdo. No quedaba más camino que el de las armas.

El sábado 16 de septiembre de 1542, al caer la tarde, ambos ejércitos se encontraron en el campo de Chupas, cerca de Huamanga. Las fuerzas combinadas apenas llegaban a mil quinientos hombres, pero la ferocidad del combate suplió la escasez numérica. Al inicio, la ventaja favoreció a los almagristas gracias a su mayor artillería. Sin embargo, la infantería realista, encabezada por el sargento mayor Francisco de Carvajal, logró inclinar la balanza. Vaca de Castro, ya en los tramos finales de la jornada, entró en combate con lanza en ristre, reforzando la moral de los suyos.

Las batallas del siglo XVI, aunque pequeñas en número, resultaban más épicas que las guerras colosales de la Europa moderna. La preeminencia de las armas blancas, el protagonismo de la caballería y la exigüidad de los contingentes daban a la lucha un aire de individualidad heroica, ausente en las confusas batallas contemporáneas. En Chupas, más de la mitad de los combatientes quedó muerto o gravemente herido.

Vaca de Castro, Gobernador.

Durante la campaña, Vaca de Castro difundió la noticia de su nombramiento como Gobernador. El Cabildo de Lima lo había reconocido ya el 20 de noviembre de 1541, en secreto dentro del convento de Santo Domingo, en claro perjuicio de los planes de Almagro. Posteriormente, la proclamación se hizo pública cuando el Licenciado entró triunfalmente en Lima a mediados de 1542, antes de reunirse con sus tropas en Jauja para marchar hacia la batalla decisiva.

Tras la derrota de los almagristas, Vaca de Castro ejerció una represión severa: a unos los ajustició, a otros los desterró, sin mostrar clemencia. Poco después se enteró de la captura de Almagro el Mozo, sorprendido cuando intentaba refugiarse con Manco Inca. El Gobernador marchó entonces al Cusco, donde entró con excesiva pompa.

El proceso contra Almagro fue breve, acelerado además por sus intentos de sobornar a los carceleros. Condenado a muerte, se le negó la posibilidad de apelar al Rey o al Consejo de Panamá. Fue ejecutado a finales de noviembre de 1542 y enterrado junto a su padre en la Iglesia de la Merced del Cusco. Con él se extinguió definitivamente el bando de “los de Chile”.

El gobierno de Vaca de Castro.

Durante poco más de un año, Vaca de Castro dirigió los destinos del Perú, entendido entonces como la suma de las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo. A diferencia de lo que pudiera esperarse, su sede no fue Lima, sino la antigua capital incaica: el Cusco. Para mantener el orden en la Ciudad de los Reyes, designó como teniente de gobernador al bachiller Juan Vélez de Guevara. Sin embargo, ni los oficiales reales ni los regidores limeños lo aceptaron, indignados porque el nombramiento proviniera de un recién llegado al país. La tensión escaló hasta el punto de pasar de los insultos a la violencia: quebraron la vara de justicia de Vélez de Guevara y lo expulsaron de la sala capitular. El contador Juan de Cáceres, el más exaltado opositor, huyó a Panamá temiendo represalias, mientras los demás quedaron bajo zozobra por la severidad que podía aplicar el Gobernador. Sorprendentemente, Vaca de Castro optó por disimular el desacato y no castigó a los amotinados.

La diferencia con el difunto Marqués Francisco Pizarro era fundamental. Este había recibido el gobierno del Perú por concesión contractual de la Corona, conforme a la Capitulación de Toledo de 1529. En cambio, Vaca de Castro lo era por designación real, lo que marcaba el tránsito de un régimen basado en pactos personales a otro sometido plenamente a la autoridad de la monarquía. Con su nombramiento, el Perú dejaba de ser un territorio conquistado regido por la voluntad de un caudillo para integrarse al sistema jerárquico y administrativo de la Monarquía Hispánica. Como bien señaló un especialista: “era el cambio de un sistema de ascendencia medieval por otro en el cual el Estado asume la plenitud de su Imperio.”

Vaca de Castro, en esencia, era un funcionario administrativo designado por el Consejo de Indias. Su mandato era limitado, sus poderes delegados y su gestión debía rendir cuentas a la Corona. Pese a los juicios encontrados sobre su personalidad —acusado de cierta vanidad, codicia y ostentación—, la mayoría de testimonios coinciden en reconocer su capacidad de gestión: “Fue un buen gobernador y realizó importantes obras en el reino” (Cieza); “demostró su capacidad para el difícil cargo que se le había encomendado” (Prescott; “Vaca de Castro se dedicó con diligencia, sabiduría y notable acierto al gobierno de aquel reino” (Jiménez de la Espada); su “obra pacificadora […] no debe ser desestimada” (Vargas Ugarte).

Uno de los encargos más delicados que recibió fue la delimitación de las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo. El 19 de septiembre de 1543 concluyó la demarcación: el Cusco quedó dentro de Nueva Castilla, mientras que la jurisdicción de Nueva Toledo comenzaba quince leguas al sur, abarcando Arequipa, el Collao y Charcas. Para reforzar la administración, ordenó que los oficiales reales de Nueva Toledo desempeñasen sus funciones desde Arequipa. Sin embargo, la coexistencia de ambas gobernaciones resultaba impráctica, como lo advirtió el propio Cabildo del Cusco en una carta al Emperador fechada el 20 de enero de 1543. Allí pedían la unificación de ambas jurisdicciones y solicitaban además confirmar a Vaca de Castro como gobernador único:

“A causa de haberse establecido en estas tierras dos gobernaciones, la de Nueva Castilla y la de Nueva Toledo, se han originado los enfrentamientos, batallas y muertes de tantos caballeros e hidalgos ocurridas hasta ahora. Nunca ha habido un solo año de sosiego, y de ello han resultado graves daños y pérdidas para la Hacienda Real de Vuestra Majestad y para nosotros, sus súbditos que aquí residimos; mientras que los indios naturales han quedado dispersos y destruidos. Y puesto que esto es tan evidente y bien conocido, suplicamos a Vuestra Majestad que no permita en adelante división entre estas dos gobernaciones […] y que se digne confirmar nuevamente la provisión hecha al licenciado Vaca de Castro como gobernador, tanto de la Nueva Castilla como de la Nueva Toledo, pues todos estos reinos están generalmente satisfechos con su persona.” (Porras).

El Cabildo, sin saberlo, pedía algo que ya había sido resuelto: dos meses antes, las Leyes Nuevas habían previsto la unificación del gobierno del Perú bajo un solo mando. Sin embargo, la Corona no pensaba confirmar a Vaca de Castro en el cargo.

La gestión administrativa y legislativa de Vaca de Castro.

En materia financiera, el Gobernador debía inspeccionar el manejo de la real hacienda, tarea compleja en medio de las convulsas circunstancias que atravesaba el Perú. A pesar de ello, Vaca de Castro logró organizar el servicio fiscal y remitir al Emperador 354 mil ducados; además, al momento de la llegada del virrey Blasco Núñez Vela, tenía reunidos otros 100 mil.

Un problema latente era la excesiva concentración de soldados en el territorio peruano, fuente de continuos disturbios. Para evitar la inactividad y el desorden, Vaca de Castro decidió canalizar sus energías en nuevas empresas: envió a Juan Porcel a los Bracamoros, a Diego de Rojas a Tucumán, a Alonso de Monroy como refuerzo a Chile y a otros capitanes a fundaciones en riesgo, como Juan Pérez de Guevara en Moyobamba y Pedro de Puelles en Huánuco. Con ello se reducían tensiones internas y, a la vez, se mitigaban los abusos que la sobrepoblación de españoles causaba a los indígenas: “Se socorre a los españoles que aquí residen y se evitan muchos inconvenientes, así como la opresión y el daño que causa a los naturales la excesiva multitud de gente.” (Porras).

La protección del indígena.

Uno de los encargos más sensibles que recibió el Gobernador fue la defensa de la población nativa. Procuró poner orden en los repartimientos, aunque no llegó a resolver el espinoso problema de la tasación de los tributos, cuya desmesura constituía la principal carga para los indios. Otra disposición fue reservarse el comercio de la coca, con el doble propósito de evitar daños a la salud de los indígenas y, al mismo tiempo, aprovechar las rentas que generaba para sufragar gastos de protocolo (Cieza).

Aun así, Vaca de Castro dio continuidad a la línea legislativa iniciada por el Marqués Pizarro en beneficio de los naturales:

“Estableció muy buenas ordenanzas en favor de la libertad de los indios y para una adecuada administración, gracias a las cuales quedaron libres de muchos abusos que había permitido la licencia de la guerra. Eliminó a los ociosos y vagabundos, y prohibió el rancheo, con lo cual muchos indios se reunieron para poblar el Cusco y otras localidades, se cultivaron los campos y se aseguraron los caminos.” (Herrera).

Las Ordenanzas de Minas.

El 13 de abril de 1543, desde el Cusco, el Gobernador promulgó las Ordenanzas de Minas, revisadas en mayo y publicadas oficialmente el 21 de junio. Según el estudio de Casiano García Rodríguez (1957), basado en documentos de la Real Academia de la Historia, estas ordenanzas buscaron conciliar los intereses de la Corona en la producción de metales con la protección de los indígenas.

Se estableció que los indios debían declarar libremente su voluntad de trabajar en las minas ante una autoridad competente, y que fueran tratados con dignidad. Se dispuso el descanso dominical y en días festivos, bajo la instrucción de un clérigo asignado en cada centro minero. Anticipándose a la mita organizada por el virrey Toledo, se fijó en cuatro meses la duración del servicio por cuadrilla. También se exigió alojamiento adecuado, alimentación suficiente —con raciones de carne, maíz, sal, ají y coca— y la presencia de lo que hoy llamaríamos servicios médicos. Quedó prohibido trasladar indígenas de climas distintos, así como el castigo corporal indiscriminado y su uso como cargueros.

Las Ordenanzas de Tambos.

El mes siguiente, el 31 de mayo de 1543, Vaca de Castro dictó las Ordenanzas de Tambos, concebidas para mejorar el antiguo sistema de hospedaje y aprovisionamiento del Camino Inca. Estas ordenanzas reconocían el itinerario que unía Quito con La Plata y obligaban a los caciques locales a proveer de bastimentos, cabalgaduras e indios de servicio hasta la siguiente parada, con la condición de asegurar buen trato y justa paga.

En palabras de Cieza de León:

“Y al saber el gobernador Vaca de Castro que en muchos de los aposentos o tambos del camino real que va del Cusco a Quito, por no estar bien abastecidos, se causaban grandes perjuicios a los naturales, llevándolos incluso encadenados […], dispuso una orden muy acertada y provechosa […], gracias a la cual los caminos quedaron bien abastecidos y los españoles podían transitarlos sin dificultad.” (Cieza).

Las Ordenanzas de Tambos pretendieron adaptar la institución peninsular de los mesones a la realidad andina, transformando los tambos en verdaderos nodos logísticos de comercio y tránsito. De esta manera, se buscaba tanto mejorar la infraestructura vial como contener los abusos que los viajeros españoles cometían contra los indígenas. Su relevancia ha sido reafirmada en tiempos recientes con la edición crítica publicada por el Ministerio de Cultura del Perú (2018), que las reconoce como fuente fundamental para el estudio de la vialidad incaica y virreinal.

Asuntos eclesiásticos.

Una de las tareas encomendadas a Vaca de Castro fue la delimitación de las jurisdicciones eclesiásticas. Hasta entonces solo existía el Obispado del Cusco, creado en 1537. El 18 de febrero de 1543 se fijaron los límites de tres obispados: el de Quito, que abarcaría Pasto, Popayán, Puerto Viejo, Santiago de Guayaquil con sus jurisdicciones y la isla de Puná; el de Lima, que comprendería Trujillo, San Miguel de Piura, Huánuco y Moyobamba, hasta el valle de Nazca, donde empezaba el obispado del Cusco; y este último conservaría las jurisdicciones de Cusco, Huamanga, Arequipa y el Collao, hasta los límites con Chile.

El nuevo obispo de Lima, fray Gerónimo de Loaysa —sobrino del cardenal y antiguo obispo de Cartagena—, arribó recién en marzo de 1543 y colaboró poco tiempo con el Gobernador. Su aliado más cercano fue el provincial de los dominicos, fray Tomás de San Martín, quien lo había apoyado ya en la guerra contra Almagro. Aunque no pudo impedir los abusos del Gobernador, intentó moderarlos y mantenerlos en reserva para evitar mayores conflictos. La cercanía de Vaca de Castro con los dominicos, entonces la orden más influyente en el Perú, se manifestó en su recomendación de San Martín como obispo del Cusco en reemplazo del fallecido fray Vicente de Valverde, así como en el respaldo a la labor evangelizadora de la orden, promoviendo la creación de cuatro monasterios en Chincha, Huaylas, Jauja y Huamanga, como informó al Emperador en noviembre de 1542.

Relaciones con Manco Inca y con los Pizarro.

Siguiendo sus instrucciones, Vaca de Castro buscó acercarse a Manco Inca para lograr su sumisión. En carta al Emperador, fechada el 24 de noviembre de 1542, relataba:

“…las negociaciones que, como informé a Vuestra Majestad, mantengo con el Inca avanzan con gran entusiasmo. Él me envía papagayos y yo le correspondo con brocados. En varias ocasiones me ha enviado a dos de sus tres principales capitanes, quienes han regresado satisfechos con mis respuestas, pues les he dado a entender que Vuestra Majestad me concedió provisiones de seguridad para él y el perdón de sus faltas y delitos, y que además Vuestra Majestad ordena que se le dé buen sustento en estas tierras y sea tratado con consideración.” (Porras).

Pese a estos acercamientos, no se llegó a un acuerdo. Manco Inca continuó en resistencia contra la dominación española. Algunas fuentes sugieren contactos con el Virrey, frustrados por su asesinato a manos de unos españoles a quienes había dado refugio en Vilcabamba.

Durante su estancia en el Cusco, Vaca de Castro impulsó la cristianización de la nobleza inca leal al Rey, siendo un hito el bautismo de Paullu Inca, quien adoptó el nombre de Cristóbal en honor a su padrino, el Gobernador. Incluso, un documento de 1608 firmado por un tal “fray Antonio” sostiene que Vaca de Castro ordenó realizar las primeras informaciones sobre la sucesión de los incas. Sin embargo, como advierte Porras (1963), en los documentos contemporáneos al Gobernador no existe constancia de tales diligencias, conocidas solo por esa mención tardía y por una alusión de Garcilaso de la Vega.

Otro frente delicado fue el trato con Gonzalo Pizarro, el último de los célebres hermanos aún en el Perú. Tras el fracaso de su expedición al País de la Canela, Gonzalo se encontraba en Lima, rodeado de rumores sobre un posible alzamiento. Vaca de Castro lo mandó llamar a Cusco, aunque pronto circularon versiones de que el conquistador planeaba atacarlo o incluso asesinarlo. El Gobernador puso en alerta a sus tropas, pero el encuentro resultó cordial. Consiguió así su objetivo de apartar a Gonzalo, enviándolo a administrar su encomienda en los Charcas. En ese contexto, nombró a Vélez de Guevara como su teniente de gobernador en Lima.

Aun alejado de la capital, Gonzalo Pizarro siguió siendo motivo de vigilancia. Vaca de Castro permaneció atento a sus reacciones, especialmente cuando se difundieron las Leyes Nuevas, intentando frenar las voces que lo animaban a rebelarse contra la Corona.

Vaca de Castro también acogió a los hijos menores del marqués Pizarro, Gonzalo y Francisca. Sin embargo, como entre sus instrucciones figuraba la reducción del número de indígenas en manos de la familia Pizarro, no dudó en aprovechar en beneficio propio las rentas y tributos de varias encomiendas asignadas a los menores. Ya bajo el mando del virrey, en octubre de 1544, se vio obligado a pagar 12,000 pesos de oro, aunque en el proceso posterior en España alegó haber sido forzado a firmar dicho compromiso.

Las denuncias contra Vaca de Castro.

El mayor defecto de Vaca de Castro, y quizá la razón principal por la que aceptó la misión en el Perú, fue su avidez de riqueza con el propósito de fundar un linaje sólido. Hombre educado en los ideales medievales en pleno Renacimiento, concebía la fortuna como el medio indispensable para mantener y aumentar su prestigio. Una vez al frente del virreinato, no dejó escapar la oportunidad.

Con amplias atribuciones y excediendo sus competencias, el Gobernador y presidente de la Audiencia de Panamá articuló rápidamente una red destinada a recolectar beneficios ajenos. Despojó de parte de sus encomiendas y minas a los Pizarro, a Almagro el Mozo y a otros, apoyándose en una “cédula de reformación” que él mismo emitió. Con este respaldo legal, repartió las “demasías”, es decir, los excedentes, entre españoles de su confianza, buscando consolidar un grupo de apoyo formado tanto por sus criados como por antiguos colonos.

También se le acusó de vanidoso, acusación sustentada en sus propias palabras. En una carta a su esposa, fechada el 24 de noviembre de 1542, sostuvo que su victoria sobre Almagro había sido un servicio superior al realizado por Francisco Pizarro con la conquista del Perú:

“Yo, señora, he prestado a Su Majestad un servicio tan grande al conquistarle estos reinos de tiranos tan numerosos, bien armados, montados y artillados […]. Y si al marqués don Francisco Pizarro se le reconoció como un gran mérito haber ganado estos reinos de indios —lo que fue como despojarlos de ovejas—, por lo cual recibió un marquesado, después él mismo los perdió por su culpa, y fui yo quien los recobré, no ya de indios, sino de gentes de nuestra propia nación.” (Porras).

Aquella célebre carta, interceptada por sus enemigos, le ocasionó no pocos problemas. En ella no solo se atribuía méritos extraordinarios, sino que recordaba a su esposa las remesas de dinero y joyas enviadas, le pedía discreción para ocultarlas y le aconsejaba utilizar personas de confianza en la adquisición de bienes rústicos o urbanos para no verse comprometido. A través del portador de esa sola misiva remitió 5,500 castellanos de oro, además de esmeraldas y vajilla de plata.

Su afán por acopiar riquezas le granjeó poderosos enemigos en el Perú, a los que se sumaron los resentimientos provocados por su severa represión contra los almagristas. Entre sus denunciantes destacó el contador Juan de Cáceres, quien desde Panamá escribió al Emperador en agosto de 1543 señalando que, desde su llegada al Perú, Vaca de Castro intentaba ocultar los robos y cohechos cometidos en perjuicio de la Real Hacienda. Cáceres lo acusaba de haberse apropiado de los bienes confiscados a los rebeldes derrotados en Chupas, y lo describía con dureza:

“Causa espanto cómo pudo nombrarse a un hombre tan perverso, mentiroso, vanaglorioso, mal cristiano y codicioso, en quien concurren tantas y tan malas cualidades, que ni Dionisio de Siracusa ni Sardanápalo en su tiempo pudieron ser peores… ponerlo en su Consejo Real… concederle el hábito de Santiago y otras mil mercedes… Todos esperan el castigo ejemplar que Vuestra Majestad ordene imponerle.” (Porras).

A estas críticas se sumaron personalidades influyentes, como el alcalde de primera nominación de Lima, Francisco de Ampuero; el tesorero Alonso de Riquelme; el veedor García de Salcedo; el factor Illán Suárez de Carvajal; además de conquistadores de prestigio como Nicolás de Ribera el Viejo y Diego de Agüero. Todos coincidían en señalar la inconveniencia de mantener a Vaca de Castro en el Perú, reprochándole su ambición por los repartimientos vacos y la soberbia con la que ejercía el poder, y solicitando formalmente que se le tomara residencia.

El nivel de las denuncias fue tan alto que el propio virrey Blasco Núñez, aún en tránsito hacia el Perú, escribió desde Panamá al Emperador en febrero de 1544. En su carta detallaba incluso los nombres de los cómplices de Vaca de Castro y sugería, con cautela pero con firmeza, que se ordenara un registro secreto de su casa:

“…sin que nadie lo supiera, ni antes ni después, Vuestra Majestad debería mandar registrar su casa, porque, si es cierto que ha enviado la cantidad que se dice, no podrá dejar de encontrarse allí parte de ella.” (Levillier, 1921, t. I, p. 90).

Las Leyes Nuevas y la llegada del virrey.

En noviembre de 1542, el emperador Carlos, atendiendo a las constantes denuncias de fray Bartolomé de las Casas sobre los abusos cometidos contra los indígenas, promulgó un conjunto de disposiciones conocidas como Leyes Nuevas. Este cuerpo legal, compuesto por 39 normas, reorganizaba el Consejo de Indias, establecía el Virreinato del Perú sobre la base de las gobernaciones de Nueva Castilla y Nueva Toledo, creaba dos nuevas Audiencias —en Lima y en Guatemala—, regulaba el trato a los indígenas y reformaba el sistema tributario.

El punto más polémico fue el relativo a las encomiendas: se dispuso que dejarían de existir al morir el conquistador beneficiado y se prohibió que funcionarios del gobierno, religiosos, personas negligentes o crueles, así como quienes hubieran participado en las guerras civiles entre pizarristas y almagristas, pudieran detentarlas.

En el Perú, las Leyes Nuevas se conocieron primero por extractos y luego mediante comunicaciones oficiales dirigidas a Vaca de Castro, quien intentó calmar a los irritados encomenderos y aconsejó enviar una delegación al emperador para exponer sus argumentos. Algunos incluso le propusieron rebelarse contra la Corona; sin embargo, al enterarse del inminente arribo del virrey Blasco Núñez Vela, Vaca de Castro decidió trasladarse a Lima con tropas y artillería. Esta acción despertó suspicacias, sobre todo por sus tensas relaciones con el Cabildo limeño, que organizó su defensa. El gobernador tuvo que dispersar sus fuerzas y dejar la artillería en Huamanga, pieza que más tarde caería en manos del rebelde Gonzalo Pizarro.

En Lima, los regidores, alarmados por la fama de severidad del nuevo virrey, intentaron que Vaca de Castro permaneciera en el poder. Él, sin embargo, respondió que solo lo haría hasta verificar los títulos reales. Finalmente, el 15 de mayo de 1544, Blasco Núñez Vela hizo su entrada solemne en la ciudad, asumiendo el mando.

Aunque debía consultar las decisiones de gobierno con Vaca de Castro, el virrey desconfiaba de él y terminó ordenando su arresto: primero en un cuarto del palacio virreinal, a fines de mayo, y luego en junio, en un barco anclado en el Callao. Desde allí, el licenciado se enteró de la marcha de Gonzalo Pizarro hacia Lima, de los errores y la creciente impopularidad de Blasco Núñez, de su destitución por la Audiencia en septiembre de 1544, y del ingreso triunfal de Pizarro a la capital, donde fue proclamado gobernador en octubre de ese mismo año.

Convencido de que su presencia ya no tenía sentido en un territorio donde carecía de autoridad legítima, y temeroso de los pizarristas, Vaca de Castro organizó su fuga con la ayuda de su pariente García de Montalvo, quien sobornó al maestre y a varios marineros. Aprovechando un descuido, el navío zarpó rumbo a Panamá, sin que hubiera otra embarcación capaz de perseguirlo.

Desde Panamá cruzó el istmo, viajó a las Azores y de allí pasó a Lisboa, para finalmente dirigirse a la Corte. Pero en Sevilla ya pesaba sobre él una orden de prisión y el embargo de sus bienes. Al llegar a España, en junio de 1545, su antiguo protector, el cardenal Loaysa, había caído en desgracia tras la visita al Consejo de Indias (1542-1543). Sus enemigos, entre ellos almagristas y adversarios políticos, aprovecharon para denunciar su gestión. Vaca de Castro fue recluido primero en la fortaleza de Arévalo, luego en Simancas y finalmente en Pinto, donde pasó once años en prisión, aunque con ciertas consideraciones por su condición social.

El fiscal Juan de Villalobos lo acusó de veintiún cargos, entre ellos apropiarse de fondos de la Real Hacienda y enviar dinero a España sin pasar por aduanas, acusación confirmada gracias a una carta dirigida a su esposa, interceptada por el contador Cáceres. En 1545 fue absuelto de nueve de esos cargos, pero condenado a pagar cuantiosas multas por los otros doce.

En 1555, ya viudo, solicitó la revisión de su caso ante el Consejo de Indias y el Consejo Real. Al año siguiente obtuvo una sentencia absolutoria, la restitución de su plaza en el Consejo Real, el pago de los salarios acumulados durante su encarcelamiento y la concesión de rentas en el Perú. Vaca de Castro ejerció nuevamente sus funciones hasta su retiro en 1564. Tras ello, se retiró al convento de San Agustín en Valladolid, donde falleció en 1572.

Apuntes finales

Las principales crónicas sobre las Guerras Civiles en el Perú hacen referencia, de manera casi obligada, a la labor de Vaca de Castro. Autores como Cieza de León, Gutiérrez de Santa Clara, Antonio de Herrera, Fernández de Oviedo y Agustín de Zárate, así como cronistas más marginales —Pascual de Andagoya, Nicolao de Albenino y Alonso Borregán— coincidieron en trazar, en su mayoría, un juicio negativo sobre el funcionario leonés. No fue sino a fines del siglo XVI cuando su figura comenzó a ser reivindicada, en gran medida gracias a los esfuerzos de su hijo, Pedro de Castro y Quiñones —arzobispo de Granada y más tarde de Sevilla—, quien patrocinó los escritos laudatorios de Juan Cristóbal Calvete de Estrella.

Treinta años después de la batalla de Chupas, el virrey Francisco de Toledo juzgaría retrospectivamente a sus antecesores, señalando que:

“Para remediar aquellos males de la guerra civil vino Vaca de Castro, quien al principio dio muestras de querer pacificar la tierra, y para ello dictó ordenanzas que fueron bien recibidas en su tiempo, pues muchas eran semejantes a las del Inca, como las relativas a los servicios y cargas de los indios. Sin embargo, al conocerse la llegada de Blasco Núñez y los despachos que traía […] ya no pareció que Vaca de Castro obraba en beneficio y consolidación del reino como antes.” (Levillier).

La figura de Vaca de Castro fue objeto de cuestionamientos tanto entre sus contemporáneos como en la posteridad. Ricardo Palma, en la segunda serie de sus Tradiciones Peruanas, le dedicó un relato titulado Una carta de Indias, escrito con su característico humor, en el que satirizaba la codicia y vanidad del licenciado leonés. Por su parte, el maestro Porras Barrenechea observó que Vaca de Castro “inspiró en algo a Cervantes para trazar la figura de Sancho Panza, y hay risueñas analogías entre las cartas de Vaca de Castro a su mujer desde el Perú y las del escudero inmortal a doña Teresa Panza desde su ínsula momentánea”.

En cambio, Varón (1996) ofrece quizás la síntesis más certera de su gestión, al recordar que Vaca de Castro fue el último gobernador de la Nueva Castilla:

“En vista de su misión tan definida y los desastrosos resultados que ella generó, pocos gobernantes debieron defraudar tanto en su administración, aun en este período de formación colonial embrionaria, como Vaca de Castro. El funcionario prestó mayor atención a su propio beneficio que a la misión de gobierno que le había sido encomendada, desentendiéndose de las urgentes labores organizativas que se requerían”.

 

La llegada del representante imperial cambió las normas de la sucesión en los codiciados dominios del Perú. La Corona reasumió directamente la titularidad del poder político, quedando sin efecto las capitulaciones anteriores. Como relata Agustín de Zárate, “aunque el licenciado Vaca de Castro iba principalmente a haber información sobre la muerte de don Diego de Almagro y las demás cosas acaecidas por causa della, sin suspender de la gobernación al Marqués, allende desto, llevaba una cédula secreta para que si entre tanto que él fuese o presidiese allá sucediese la muerte del Marqués, tomase en sí la gobernación y la ejercitase hasta que Su Majestad proveyese otra cosa” (Descubrimiento y conquista del Perú, p. 646).

Aún no se habían extinguido las brasas del enfrentamiento entre pizarristas y almagristas cuando se promulgaron las Leyes Nuevas, ordenanzas dictadas a solicitud del rey para el “descargo de su real conciencia”.

Capítulo 3

Gonzalo Pizarro no fue quien buscó a los encomenderos; fueron ellos quienes acudieron a él para que encabezara la revuelta. Así lo afirman cronistas presenciales como Agustín de Zárate, Diego Fernández “El Palentino” y Pedro Gutiérrez de Santa Clara, testigos directos de aquellos sucesos. Los encomenderos organizaron cabildos en ciudades como Trujillo, Piura, Huánuco, Chachapoyas y el Cusco. En todos se repetía el mismo clamor: nombrar a Gonzalo Pizarro procurador general de la tierra y pedirle que se pusiera al frente del movimiento contra las Nuevas Leyes.

Juristas y asesores eclesiásticos redactaron manifiestos que fundamentaban las razones jurídicas de la causa encomendera. Desconfiando de entusiasmos pasajeros y de la volubilidad de quienes un día se declaraban monárquicos y al siguiente: revolucionarios, Gonzalo exigió que los encomenderos firmaran documentos comprometiéndose, bajo juramento, a combatir a su lado y a no dar marcha atrás. Su desconfianza hacia la conducta cambiante de los encomenderos —siempre proclives a mudar de bando según su conveniencia— se confirmaría, tristemente, al final de la batalla de Jaquijahuana.

Para contener la revuelta de los encomenderos, Carlos V envió al Perú a Blasco Núñez de Vela, veedor general de las guardias de Castilla y vecino de Ávila, un hombre que desconocía por completo la realidad americana. Su actuación reveló una absoluta falta de prudencia para afrontar una crisis tan compleja. Nombrarlo virrey antes de que el gobernador Cristóbal Vaca de Castro concluyera la pacificación del territorio tras la derrota de los almagristas fue una muestra del apresuramiento de la Corona.

La aprobación de las Leyes Nuevas transformó la antigua disputa familiar entre pizarristas y almagristas en un conflicto de dimensión nacional y regional. Vaca de Castro, por su conocimiento de la idiosincrasia de los encomenderos y de los intereses económicos en juego, estaba en mejores condiciones para enfrentar el conflicto. Núñez de Vela, en cambio, creyó que bastaban los decretos para imponer la voluntad imperial, sin reparar en cuánto afectaban las Leyes Nuevas —justas y cristianas, pero difíciles de aplicar— a la economía y privilegios de los encomenderos.

Su gestión fue tan errática como desafortunada: cuando intentó mostrarse severo, fue injusto, como en el caso de la ejecución del factor Illán Suárez de Carvajal; y cuando decidió enfrentarse abiertamente a las fuerzas rebeldes, no midió las desigualdades de fuerza y terminó derrotado, huyendo y ocultándose de sus perseguidores.

Sus errores políticos, como el apresamiento de Vaca de Castro y de sus alguaciles, provocaron la apertura de frentes internos de oposición, especialmente entre los oidores de la Audiencia de Lima, quienes se negaron a respaldar sus reiterados desaciertos y comenzaron a actuar por su cuenta bajo el liderazgo del oidor Centeno. Finalmente, su conflicto con la Audiencia derivó en su propio arresto y estuvo a punto de ser enviado a España.

Despojado progresivamente de autoridad, Núñez de Vela fue objeto de burlas y vejaciones públicas en Lima, repudiado por los encomenderos y perseguido por los pizarristas, hasta que finalmente Gonzalo Pizarro lo derrotó en las llanuras de Añaquito.

Blasco Núñez de Vela tuvo un tardío destello de arrepentimiento cuando decidió suspender la aplicación de las Leyes Nuevas por dos años. Entonces —como atestigua Pedro Gutiérrez de Santa Clara— se mostró “amoroso, manso, benigno y afable con todos, haciendo luego cosas agradables a sus émulos y enemigos encubiertos, que no eran pocos en la ciudad” (op. cit., p. 233).

Tras los desastres de su gobierno, el rey decidió nombrar a Pedro de la Gasca como pacificador de la rebelión. Mientras tanto, Gonzalo Pizarro alcanzaba el punto más alto de su poder político. Se consolidó como líder indiscutido de los encomenderos, aunque no como representante legítimo del Emperador. Persistían ambigüedades y dudas respecto a la validez jurídica de los títulos que justificaban su autoproclamación como gobernador y procurador general.

Un consejo de asesores civiles y religiosos trató de dotar de fundamentos legales y políticos a su autoridad, especialmente tras la muerte del virrey Núñez de Vela. Era una encrucijada inédita en la historia de la conquista de las Indias: se gestaba un nuevo derecho para España y América. Las capitulaciones, repartimientos y encomiendas habían ido creando, poco a poco, un sistema normativo propio, que las Leyes Nuevas venían ahora a suprimir abruptamente.

Salvo la capitulación de Pedrarias Dávila en Castilla del Oro, la mayoría de las otorgadas por el Emperador antes de las conquistas habían resultado fallidas. Las capitulaciones de México y del Perú fueron, en realidad, convalidaciones a posteriori de hechos consumados mediante contratos privados o actos de abierta desobediencia y rebeldía.

Alarmada por el rumbo violento de los acontecimientos, la Corona resolvió enviar al Perú un nuevo emisario que, a diferencia de Núñez de Vela, restaurase el orden con prudencia y flexibilidad. Según Lohmann Villena, existieron dos corrientes de opinión en torno a la elección del representante real: una, de tendencia militarista, apoyada por el duque de Alba; y otra, más moderada, respaldada por el arzobispo de Lima, fray Jerónimo de Loayza.

Finalmente, se escogió al licenciado Pedro de la Gasca, clérigo de Navarredonda, miembro del Consejo de la Inquisición, “hombre de mucho mejor entendimiento que disposición, que se había mostrado prudente en las alternativas y negocios de los moriscos de Valencia”. Se le concedieron todos los poderes que solicitó, junto con cartas y firmas reales en blanco, además de la revocación de las ordenanzas vigentes. Desde Venlo, en Alemania, escribió a Gonzalo Pizarro en febrero de 1546, anunciando su misión.

La Gasca partió con escaso séquito y sin ostentación, aunque revestido del título de presidente y con gran prestigio y esperanza a su favor. Arribó a Nombre de Dios y, sin revelar su verdadero propósito, respondía con cautela a quienes le preguntaban por el motivo de su viaje; con esta sagaz prudencia, logró engañar a todos —según relata Gómara en su Historia General de las Indias— y preparar con discreción el inicio de su empresa pacificadora.

Hernando Bachicao en Panamá

La discreción de La Gasca en Nombre de Dios tuvo nombre propio: Hernando Bachicao. Su sola mención infundía temor en Panamá. El ejército de Gonzalo Pizarro era una fuerza terrestre, pero los movimientos marítimos de Núñez de Vela y de los oidores convencieron a Gonzalo de la necesidad de contar con una flota bajo su control.

En un inicio pensó enviar a Francisco de Carvajal, cuyo estilo coactivo era bien conocido, para que tomara los puertos panameños. Sin embargo, prefirió mantenerlo a su lado, junto a su veterano de las campañas de Italia, verdugo personal y hombre de confianza. Panamá se salvó así de la devastación carvajalina, pero no de la furia del discípulo del “Demonio de los Andes”: Hernando Bachicao.

¿Quién era este Bachicao?

Lo describe Gómara:

“Era hombre bajo, mal acostumbrado, rufián, presuntuoso, renegador, y que se había encomendado al diablo, según él mismo decía; gran allegador de gente baja y mayor amotinador; buen ladrón por su persona, con otros; así de amigos como de enemigos; y nunca entró en batalla que no huyese.”

Zárate lo retrata con igual dureza:

“Era tanto más cruel que el maestre de campo, y gran renegador y blasfemo, hombre sin ninguna virtud.”

El Palentino, Diego Fernández, relata los planes de Gonzalo Pizarro para dominar los navíos del Mar del Sur, especialmente en Panamá, extendiendo su influencia hasta las costas de Nicaragua y Guatemala. La misión de Bachicao formó parte de esa estrategia: controlar el tráfico marítimo del istmo y cerrarlo a las fuerzas realistas.

Bachicao zarpó saqueando los puertos del Pacífico antes de llegar a Panamá: Paita, Tumbes y Puerto Viejo, apoderándose de navíos, mercancías y tripulantes. Vaca de Castro y Núñez de Vela huyeron al saber que el corsario seguía el rastro de sus naves. Su flota llevaba artillería incautada por Gonzalo en el Cusco, y también a los doctores Tejada y Francisco Maldonado, enviados de Pizarro a España con mensajes para Carlos V.

Cuando Bachicao arribó con cinco navíos y un centenar de hombres, los panameños ignoraban quién era. Solicitó permiso para desembarcar sin explicar su propósito. Ante la negativa, capturó una nave que zarpaba de la bahía, asesinó a dos de sus tripulantes y ahorcó al maestre Pedro Gallego, sevillano. Entró a la bahía mostrando al cadáver del maestre colgado del aparejo, una advertencia siniestra que bastó para que las autoridades prefirieran negociar antes que enfrentar el saqueo y la destrucción.

Según el Palentino, Bachicao desembarcó al son de chirimías y tambores, se apoderó de la ciudad sin disparar pólvora, expulsó a los vecinos de sus casas y exigió un rescate de treinta mil pesos de oro. Recogió armas, joyas y ropas bajo promesa de pagarlas desde el Perú, promesa en la que nadie creyó. Maldonado, al mando de un grupo de arcabuceros, marchó a Nombre de Dios, donde saquearon artillería y municiones.

Gutiérrez de Santa Clara añade una semblanza aún más vívida del temido Bachicao:

“Era este Bachicao hombre muy denodado, feroz y mal agestado; tuerto de nube y con una cuchillada en la cara; gran balandrón que solía decir: ‘Ladrar, pese a tal, y no morder’. De baja suerte, natural de Sanlúcar de Barrameda, presuntuoso, cruel, avariento, mal cristiano y gran renegador. Muchas veces se había encomendado al demonio; era además gran allegador de bandoleros y sediciosos, y ladrón a toda ropa.”

Se hacía llamar “conde don Hernando de Bachicao, almirante y capitán general de la mar del Sur”, y desde Panamá escribió una carta altanera llena de insolencias y desvergüenzas, cuyo traslado mostraba con orgullo a sus seguidores para darse aires de grandeza.

Su nombre quedó inscrito entre los más infames aventureros que cruzaron las aguas del Pacífico, mezcla de bravura, codicia y blasfemia, temido tanto por los enemigos como por los suyos.

Fueron innumerables los desmanes cometidos por la turba grosera de Hernando Bachicao. La apacible calma de la ciudad se vio trastornada por pícaros y bandoleros que, con insolente violencia, irrumpieron en las casas de los vecinos, violaron mujeres, saquearon joyas y mercaderías, se embriagaron sin medida y estuvieron a punto de incendiar la ciudad. Los comerciantes más acaudalados huyeron apresuradamente con sus familias, mientras las autoridades civiles y religiosas eran humilladas y ultrajadas por las hordas del pendenciero capitán.

Los panameños, al ver alejarse finalmente la flota de Bachicao, alzaron plegarias al cielo, dando gracias a Dios por su partida. Gutiérrez de Santa Clara cuenta que muchos lo maldijeron con fervor, deseando que su cuerpo sirviese de manjar a los peces del mar que tanto había profanado.

La ciudad quedó devastada, herida por las tropelías de la mesnada del bravucón, cuyas fechorías empañaban por completo la causa rebelde de Gonzalo Pizarro. Sin embargo, tras el saqueo, el mensaje político había quedado claro: los encomenderos sublevados contra el Emperador pretendían apoderarse del puerto para controlar el envío de oro hacia España y vigilar los movimientos a lo largo del Camino de Cruces y el río Chagres, arterias vitales del tránsito entre los dos mares.

Pedro de Hinojosa en Panamá

Cada vez más convencido de que asegurar el paso panameño era una obligación geopolítica esencial dentro de la estrategia de la rebelión, Gonzalo Pizarro decidió enviar a Pedro Alonso de Hinojosa a Panamá con doscientos cincuenta hombres. En ese momento, Gonzalo mantenía un abierto conflicto con el presidente de la Audiencia de Lima, el oidor Pedro Vásquez de Cepeda, quien había sido su asesor jurídico durante las primeras etapas del levantamiento, pero luego mostró su ambición de proclamarse presidente de los reinos del Perú.

Gonzalo ordenó a Hinojosa viajar a Panamá con doble propósito: disculparse con los panameños por los excesos cometidos por Hernando Bachicao y vigilar las entradas y salidas de los partidarios del Emperador. Como avanzada, envió a Rodrigo de Carvajal, encargado de tantear el terreno. Carvajal desembarcó cerca de Panamá y envió un soldado con cartas destinadas a algunos vecinos, intentando ganarlos para la causa pizarrista. Sin embargo, los destinatarios denunciaron el hecho ante la justicia, y la ciudad se puso en armas, según relata Zárate.

Dos bergantines salieron a capturar la nave de Carvajal, quien, al sospechar de la demora de su mensajero, se retiró hacia el archipiélago de Las Perlas. El gobernador de Panamá, Pedro de Casaos, actuó con diligencia: alertó a los vecinos, trasladó armamento desde Nombre de Dios y organizó la resistencia ante la posible llegada de nuevas fuerzas gonzalistas.

Por entonces, el virrey Blasco Núñez de Vela se encontraba en Popayán, preparándose para regresar al Perú con un ejército bien equipado. Llevaba consigo a un hijo de Gonzalo Pizarro, de apenas once o doce años, que le había sido entregado en Quito, y planeaba usarlo como rehén en las negociaciones con el caudillo rebelde. Sin embargo, la tropa de Carvajal logró rescatar al muchacho, frustrando la tentativa.

Enterado por Carvajal de que los panameños estaban prevenidos, Hinojosa apareció frente al puerto en orden de guerra, con once naves, un día de octubre de 1545. El temor se apoderó de la ciudad: los vecinos recordaban con horror los desmanes de Bachicao y presagiaban una catástrofe aún mayor.

“En la ciudad hubo gran alboroto —rememora Zárate— con su venida, y todos se pusieron en pie de guerra y se recogieron a sus banderas. Llevando por general a Pedro de Casaos, acudieron al puerto a defender la salida. Había en el campo algo más de quinientos hombres medianamente apercibidos de armas, aunque los más de ellos eran mercaderes y oficiales, gentes sin práctica en la guerra, que ni sabían tirar ni regir los arcabuces que llevaban; y entre ellos había muchos que ninguna voluntad tenían de pelear, porque pensaban que de la venida de gente del Perú ningún daño podía resultarles, sino antes gran provecho, pues los mercaderes esperaban vender sus mercancías con ventaja”.

Afortunadamente, la sangre no llegó al río —ni al mar—. Hinojosa desembarcó en un ancón a dos leguas de Panamá y avanzó hacia la ciudad con doscientos veteranos de las guerras civiles del Perú. Cuando ambos bandos preparaban los arcabuces, aparecieron dos clérigos con cruces cubiertas de crespones negros, clamando por la paz y la concordia.

Por parte de Hinojosa negoció Baltasar de Castilla, hijo del conde de la Gomera; por parte de Panamá, Pedro de Cabrera. El emisario peruano explicó que, contrario a lo que se temía, no venía en son de guerra, sino con órdenes de Gonzalo Pizarro para ofrecer disculpas por las atrocidades de Bachicao y, además, buscar al virrey Núñez de Vela para exigirle su regreso a España.

Gutiérrez de Santa Clara ofrece una versión algo distinta: según él, Hinojosa envió primero a un fraile que, presentándose ante el cabildo, aseguró que la expedición llegaba en espíritu de paz y amistad. Pero los panameños, desconfiando, tomaron las armas. En medio de la tensión, se alzaron voces clamando:

—“¡Paz, paz, caballeros! ¡Paz por amor de Dios! ¡Haya conformidad y buena hermandad!”

Eran los gritos de Baltasar de Castilla y del panameño Andrés de Areiza. Coinciden Zárate y Santa Clara en que finalmente hubo avenimiento: peruanos y panameños se abrazaron como hermanos, y aquel gesto de fraternidad inesperada logró calar en los corazones de quienes habían llegado con ánimo belicoso.

La conversión de Hinojosa y la habilidad de La Gasca

La hospitalidad panameña influyó decisivamente en el cambio político de Pedro de Hinojosa, animándolo a abandonar el pendón de la rebeldía y retornar a la obediencia del Emperador. Pero detrás de esta conversión se encontraba la astucia diplomática de Pedro de La Gasca, hombre de temple sereno y persuasión implacable.

De él dejó Garcilaso de la Vega una descripción inolvidable, tras haberlo conocido en la casa cuzqueña de su padre:

“Lo que la naturaleza le negó en las dotes del cuerpo, se lo dobló en las del ánimo. Era muy pequeño de cuerpo, de extraña hechura, que de la cintura abajo tenía tanto cuerpo como cualquier hombre alto, y de la cintura al hombro no tenía una tercia. Andando a caballo, parecía aún más pequeño de lo que era, porque todo era piernas; de rostro era muy feo.”

(Comentarios Reales, Segunda Parte, Libro Quinto, p. 464)

Aquel hombre que, como bien observa el autor, parecía salido de un lienzo de Velázquez, logró con su sagacidad lo que las armas no habían conseguido: convencer a Hinojosa de la inutilidad de la causa pizarrista. Lo hizo por intermedio de Hernán Mejía y Lorenzo de Aldana, antiguo embajador de Pizarro, que se pasó al bando real apenas la prudencia se impuso a la obstinación.

Como resumió Gómara, con la adhesión de Hinojosa “empezó la destrucción de Pizarro”.

Por entonces, La Gasca se movía casi clandestinamente entre Santa Marta y Nombre de Dios, protegiéndose de los agentes gonzalistas. Sin disparar una sola salva, recibió la rendición de toda la flota mayor del Mar del Sur, la misma que Hinojosa puso en sus manos. De inmediato la reaprestó con armas y municiones tomadas de Nombre de Dios.

Pero el poder de La Gasca no residía solo en sus naves. Llevaba consigo cartas del Emperador dirigidas a Gonzalo Pizarro, en las que ofrecía la derogación de las Leyes Nuevas y una amnistía general para todos los sublevados. En teoría, esas concesiones bastaban para poner fin al conflicto sin derramamiento de sangre.

Sobre todo, La Gasca poseía lo que a Núñez de Vela le había faltado: inteligencia, sutileza, paciencia y frialdad al momento de decidir; y lo que Gonzalo Pizarro había perdido entre halagos y adulaciones: humildad, mesura y fidelidad a sus orígenes.

La carta imperial, portadora de reconciliación, decía:

“Por ende, yo os encargo y mando que todo lo que de nuestra parte el dicho licenciado os mandare lo hagáis y cumpláis como si por Nos os fuese mandado. Dadle todo el favor y ayuda que os pidiere y menester hubiere para cumplir lo que Nos le hemos encomendado. De vos confiamos, que yo tengo y tendré memoria de vuestros servicios y de los del Marqués Don Francisco Pizarro, vuestro hermano, para que sus hijos y hermanos reciban merced.”

(Ob. cit., p. 473)

Según Hernández Paniagua, una vez sofocada la rebelión, La Gasca escribió directamente a Gonzalo, informándole que traía orden del Emperador para abolir las Leyes Nuevas y confirmarlo como gobernador del Perú. Sin embargo, el destino ya estaba sellado: Gonzalo Pizarro no podía dar marcha atrás. Presionado por asesores imprudentes, llegó incluso a considerar absurdas alianzas con el Santo Padre, pretendiendo rendir cuentas de su gobierno ante la Iglesia.

Fracasado todo intento de entendimiento, La Gasca empleó con maestría la promesa de amnistía para socavar las filas gonzalistas. Uno tras otro, los hombres principales abandonaron a Gonzalo, confiando en el perdón real. Estas deserciones masivas convirtieron la batalla final de Jaquijahuana en una farsa trágica.

Gómara, que conoció el episodio por testimonio ajeno, lo describe así:

“Iba Gonzalo muy galán y gentilhombre sobre un poderoso caballo castaño, armado de cota y coracinas ricas, con una sobrerropa de raso bien golpeada y un capacete de oro en la cabeza y un barbote de lo mismo.”

Era la vestidura de un rey, sí, pero de un rey derrotado —el último reflejo de una grandeza efímera que el poder y la soberbia habían condenado al ocaso.

Los hermanos Contreras y el saqueo de Panamá

Como coletazo tardío de la rebelión gonzalista —aunque por motivos distintos a los de los peruleros—, los hermanos Rodrigo y Pedro de Contreras, nietos de Pedrarias Dávila, emprendieron una serie de saqueos en Nicaragua y Panamá a comienzos de 1550. Las causas de estas depredaciones, en un inicio limitadas a Nicaragua, se remontan al largo gobierno de Rodrigo de Contreras padre, quien había ejercido el cargo durante nueve años.

La conexión con Panamá se explica por dos hechos: primero, que doña María Peñalosa —hija de Pedrarias Dávila e Isabel de Bobadilla— fue madre de los jóvenes Contreras y principal inspiradora de la toma de Panamá; y segundo, que los saqueadores robaron parte del tesoro que el presidente Pedro de La Gasca transportaba hacia España tras sofocar la rebelión de Gonzalo Pizarro, acto de extrema gravedad que acabaría costándoles la vida.

Mucho antes de promulgarse las Leyes Nuevas, el gobernador Contreras había distribuido las encomiendas de Nicaragua al más puro estilo de su suegro Pedrarias: despojando a sus adversarios y beneficiando a familiares y allegados procedentes de Segovia. “Todos ellos —señala la historiadora sevillana María del Carmen Mena García— formaron en Nicaragua una nutrida colonia ampliamente favorecida con honores y cargos, integrada por apellidos tan segovianos como Mercado, Chaves, Zuazo, Contreras y Peñalosa, entre otros muchos. A este círculo habría de agregarse, al poco tiempo, otros personajes oportunamente captados por el gobernador, de entre la élite local, mediante vínculos matrimoniales.” (Temas de Historia Panameña, 256).

El juicio de residencia al gobernador Contreras se efectuó tres años después de entrar en vigor las Leyes Nuevas. Por ello, la nulidad de las encomiendas nicaragüenses ordenada por el Emperador fue un golpe que se sumaba a agravios anteriores. Incluso antes de las ordenanzas, el juez de residencia había dispuesto la anulación de los repartimientos concedidos por Contreras, “en razón de haberse entregado a su mujer e hijos muchos de los repartimientos de indios que habían vacado por la muerte o ausencia de sus beneficiarios, en total más de dieciocho, algunos de los cuales lo habían sido con posterioridad a la publicación de las Leyes Nuevas, cuando ya Contreras carecía de esta facultad”. Herrera denunciaba, además, “muchas otras irregularidades en una carta enviada a la Corona el 24 de diciembre de 1545 para informar sobre los trámites de la residencia, en la que se muestra impresionado por el nepotismo del depuesto gobernador, al que describe con términos muy duros” (ob. cit., 258).

Sin embargo, la ira de los Contreras no se dirigió contra el juez de residencia, sino contra el obispo Antonio de Valdivieso, de la orden de los dominicos, ferviente partidario del protector de los indígenas, fray Bartolomé de las Casas. La familia Contreras odiaba al obispo de Nicaragua tanto como los encomenderos al de Chiapas. Valdivieso predicaba desde el púlpito contra los abusos de los Contreras, participaba en cabildos abiertos en defensa de los indígenas y exigía, sin ambages, el fin del poder de aquella casta.

Con aires de matrona feudal, doña María de Peñalosa —antigua viuda del adelantado del Mar del Sur, Vasco Núñez de Balboa— acogía en su casa a extranjeros de reputación dudosa y prófugos de las guerras civiles del Perú, pensando reclutarlos algún día como mercenarios. Refiere Calvete de Estrella, biógrafo de La Gasca, que “estaba en la ciudad de Granada, que es en la provincia de Nicaragua, doña María de Peñalosa, mujer de Rodrigo de Contreras, natural de Segovia, con dos hijos, el uno de los cuales se llamaba Hernando de Contreras, y el otro, de veinte años, Pedro de Contreras; los cuales, comunicándose con Juan Bermejo y Salguero —que Gasca por amotinadores desterró del Perú—, y juntándose con ellos muchos de los perdidos que venían desterrados por la rebelión de Gonzalo Pizarro, entre los cuales estaban Landa, Juan Griego, Altamirano, Benavides y otros que en la provincia andaban muy sueltos y libres, a los cuales los Contreras trataban muy bien en su casa, concertaron con ellos matar al obispo de Nicaragua en su casa por ciertas pasiones que entre su padre y el obispo habían pasado, y robar la Hacienda Real, y alzarse con la más gente que pudiesen para ir a Tierra Firme, donde sabían ya que estaba cierta cantidad de oro y plata del Emperador, y robarle y ocupar dicha provincia, y hacer navíos y meterse en ellos al enero del año siguiente de mil quinientos cincuenta y uno, y robar y quemar a Panamá, al Nombre de Dios y a Natá.” (Vida de Don Pedro de La Gasca).

El asesinato del obispo Valdivieso y la audacia de los hermanos Contreras

Con la complicidad de un fraile y de un ayudante mestizo, Hernando Contreras se dirigió a la ciudad de León. Tras espiar durante varios días los movimientos del obispo Antonio de Valdivieso, entró una noche en su casa y lo apuñaló repetidas veces, provocándole una muerte atroz. Así comenzó una cadena de hechos que sacudió la modorra provinciana de León.

Poco después del crimen, Hernando salió a las calles acompañado de su maestre de campo, Juan Bermejo —un desertor de las guerras civiles del Perú—, profiriendo insultos contra las autoridades españolas y proclamándose “capitán general de la libertad”. Lo que empezó como un asesinato vulgar derivó pronto en una serie de actos de piratería y rebelión abierta.

Antes de que las autoridades de León reaccionaran, Contreras y sus cómplices robaron el dinero de la Caja Real y se dirigieron al puerto de La Posesión, donde se apoderaron de dos navíos dedicados al cabotaje entre el Perú y Chile. Luego incendiaron una carabela y otra nave para impedir su persecución por mar. El alcalde de León, Juan Carrillo, una vez repuesto de la sorpresa, organizó una partida de ciento veinte hombres para perseguirlos, pero la mayoría desertó, y él mismo fue asesinado junto a un puñado de leales.

Pedro de Contreras se unió entonces a los amotinados, instigado por su madre, doña María de Peñalosa, quien desempeñó un papel abiertamente maquiavélico en la revuelta. Cuando las fuerzas leales se preparaban para partir de León y alertar a las autoridades de Nombre de Dios, doña María ordenó a sus sicarios difundir por las calles el rumor de que los rebeldes regresaban para saquear la ciudad. El engaño surtió efecto: la tropa, convencida de la inminencia del ataque, permaneció en León para defenderla de un saqueo que nunca ocurrió.

Doña María, mientras tanto, engañaba a los vecinos asegurándoles que ella misma se encargaría de frenar los planes criminales de Bermejo, cuando en realidad este ya navegaba rumbo a Nombre de Dios, capturando y quemando las embarcaciones que encontraba a su paso en una jornada de robos y crímenes.

Uno de los marineros capturados por los rebeldes reveló que el presidente La Gasca aguardaba en Nombre de Dios el navío que debía llevarlo de regreso a España, transportando el oro y la plata confiscados a Gonzalo Pizarro y a los encomenderos sublevados contra la Corona. Agustín de Zárate relata que “después de pacificada la tierra, el presidente comenzó a recoger todos los dineros que pudo, así de los quintos reales como de los bienes confiscados y de las condenaciones de personas, y de lo restante juntó más de un millón y medio de ducados de diversas partes de aquella provincia, aunque la principal parte se trajo de las Charcas, y todo lo recogió en la ciudad de los Reyes” (Descubrimiento y conquista del Perú, 882-883).

La temeraria audacia de los hermanos Contreras ya no conocía límites. Planeaban asesinar a La Gasca y robar el tesoro destinado al Emperador —el mismo que representaba la compensación por las pérdidas ocasionadas por el bloqueo marítimo de las remesas reales y la suspensión de los tributos de los encomenderos—.

Antes de su partida a España, La Gasca emprendió una profunda reorganización del sistema de encomiendas y repartimientos, además de revisar las tasas de tributo de los indígenas dedicados al trabajo agrícola y minero. Según James Lockhart, “readjudicó encomiendas por todo el Perú con un criterio único: la importancia de la contribución de determinado individuo a la campaña que él encabezó contra Gonzalo Pizarro. Sin tener en cuenta a sus paisanos, criados ni a muchos de sus copartidarios, Gasca concedió las encomiendas más grandes a los antiguos capitanes de Gonzalo Pizarro que en Panamá le habían entregado la flota de éste, posibilitando así su campaña. Las mejores encomiendas eran ahora las del Alto Perú, cerca del recientemente descubierto Potosí” (El mundo hispanoperuano 1532–1560, FCE).

Fue a este hábil político y diplomático —reorganizador del sistema de encomiendas y destructor de la rebelión de Gonzalo Pizarro— a quien los Contreras y su grupo de renegados intentaron robar y asesinar. La Gasca había dispuesto el envío de tres barcos cargados de plata hacia el río Chagres, con destino a Nombre de Dios, dejando otros dos cargamentos almacenados en el Camino de Cruces hasta que pudieran embarcarse.

Durante esa espera, llegó de improviso un grupo de autoridades y vecinos de Panamá para notificarle el tumulto causado por la llegada de los Contreras desde Nicaragua. Al enterarse de que entre ellos viajaban revoltosos como Juan Bermejo y otros descontentos del Perú —mal pagados tras la campaña contra Gonzalo Pizarro—, La Gasca comprendió la gravedad de la amenaza. Si los Contreras lograban sublevar el istmo, corría el riesgo de perder los metales preciosos destinados al rey de España, con lo cual fracasaría su política antipizarrista y quedaría desacreditado ante el Emperador.

Asesorado por capitanes leales como Jerónimo de Aliaga, su compañero de viaje, y con la serenidad y el discernimiento que había mostrado en el Perú, La Gasca analizó la situación y tomó una decisión crucial: suspender su viaje a España y regresar a Panamá para sofocar la nueva rebelión. A pesar del mal tiempo, partió de Nombre de Dios y emprendió el regreso por tierra, acompañado del gobernador Sancho de Clavijo, que lo había escoltado hasta el puerto.

Mientras La Gasca trazaba sus planes, los Contreras y los descontentos del Perú se desbordaron por la ciudad en medio de saqueos y riñas. Calvete de Estrella, cronista del círculo de La Gasca, relata que:

“Juan Bermejo fue a la plaza con la más parte de la gente y sacó de la iglesia al obispo por fuerza, y le tuvieron al pie del rollo gran rato, hasta que vino Hernando de Contreras, que le hizo dar las armas que tenía en su casa. Y Altamirano, con otro golpe de gente, fue a la casa del doctor Torres, donde estaba el tesorero Juan Gómez de Anaya con cien mil pesos de oro, que debía partir al día siguiente a Las Cruces para embarcarlos en Nombre de Dios. Fue preso por Altamirano y robado el oro. La demás gente se derramó por las casas de los vecinos y les tomaron las armas, dando voces de ‘¡Libertad, libertad!’ por Hernando de Contreras, capitán general de la libertad. También entraron en la casa de Martín Ruiz de Marchena, vecino de la ciudad y teniente de tesorero; le prendieron y maltrataron para que entregase la hacienda del Emperador y declarase los bienes reales traídos del Perú, además de las armas llegadas de España para combatir a Gonzalo Pizarro.”

Así, con nocturnidad y alevosía, Panamá se vio envuelta en gritos, alboroto y confusión. Resonaban las voces airadas de los rebeldes y los lamentos desesperados de los vecinos, víctimas de las turbas. Se repetía el caos de Bachicao, y quedaba patente la estrecha dependencia política entre el Perú y el istmo.

El perulero Salguero, al mando de un contingente de revoltosos, partió hacia Las Cruces con la intención de capturar a La Gasca, sin saber que éste ya estaba preparando su contraofensiva en Nombre de Dios. Hernando de Contreras lo siguió poco después, decidido a llegar de noche, saquear la villa y apresar al presidente.

Cuando los facinerosos abandonaron Panamá, el obispo recuperó la libertad y, junto con varios vecinos, organizó la defensa. Se reunieron unos trescientos hombres bajo el mando de Martín Ruiz de Marchena, nombrado capitán, con Pedro Cianea —hermano de un oidor de Lima— y Pedro de Salinas, llegado con La Gasca, como lugartenientes.

De este modo, cuando Juan Bermejo regresó de Las Cruces, encontró una ciudad en armas. Los vecinos, enfurecidos, arrojaban proyectiles desde ventanas y azoteas con tal determinación que los rebeldes se vieron obligados a retirarse a las afueras. Bermejo intentó incendiar Panamá en seis puntos distintos, pero su gente se negó, temerosa de la represalia ciudadana.

Entre tanto, Salguero volvió tras haberse apoderado de seiscientas barras de plata y haberse entregado a los placeres del saqueo, bebiendo vino y comiendo las conservas que encontraba. Sin embargo, las fuerzas combinadas de Salguero y Bermejo fueron derrotadas por los panameños, que —organizados y apoyados por los peruleros— defendieron con valentía sus hogares y sus vidas frente a los malhechores comandados por los hermanos Contreras.

Encontrándose en Capira, Pedro de Contreras supo de la muerte de Bermejo y Salguero, y solo atinó a buscar una vía de escape por Natá para reunirse con su hermano Hernando. Mientras tanto, el presidente La Gasca y el gobernador Clavijo contemplaban en Panamá el panorama de devastación que habían dejado los rebeldes. Tras rendir homenaje a los panameños por la heroica defensa de la ciudad, La Gasca ordenó la persecución de los Contreras y de los sicarios fugitivos, quienes, al enterarse de que se acercaban naves del rey, abandonaron precipitadamente sus barcos. Desorganizados y acorralados, los hermanos no lograron reunirse, y cada uno huyó como pudo.

Hernando tuvo un final patético. Exhausto, hambriento y desorientado, trató de beber agua de un pozo profundo y cayó en él. Consiguió salir con gran esfuerzo, pero siguió vagando sin rumbo por la orilla de un río, donde fue descubierto por los indios del lugar. Estos avisaron a sus perseguidores, quienes lo capturaron, lo degollaron y colocaron su cabeza en una pica. Pedro corrió una suerte similar: desembarcó en un paraje de Natá y, al saber que el oficial Zamorano —enviado por La Gasca— lo perseguía por mar, no se atrevió a regresar al navío. Perdido en los pantanos, fue abatido por un lanzazo de un guerrero indígena.

Entre los allegados de los Contreras había aventureros flamencos, portugueses e italianos, además de españoles. Capturados y procesados, algunos fueron ahorcados, otros desterrados o encarcelados. Así terminó aquella suerte de legión extranjera reclutada por los Contreras, movida más por el resentimiento y la sed de venganza que por ideales, y que, aunque logró sembrar el caos, no consiguió frustrar la campaña de La Gasca al servicio del Emperador en el virreinato del Perú.

Muchos creían que los panameños eran simples mercaderes sin noción de patria ni de orgullo; pero esa opinión cambió al comprobarse el valor con que defendieron su ciudad y aplastaron la revuelta de los Contreras. En aquella ocasión, el coraje panameño ondeó en lo más alto.

Gracias a las investigaciones de Mena García, se sabe que el gobernador de Panamá, por orden de La Gasca, comprobó la complicidad de doña María Peñalosa —esposa de Rodrigo de Contreras— en la entrega ilegal de encomiendas y en la instigación de la revuelta de sus hijos. En consecuencia, dispuso el secuestro de los bienes del matrimonio, valorados en cuatro mil pesos de plata, que se hallaban en poder del comerciante panameño Luis Suárez. Según Calvete, el gobernador Clavijo envió copias de la sentencia contra la hija de Pedrarias Dávila a la Audiencia de Lima, al sospecharse que poseía gran cantidad de dinero en el Perú.

Doña María alegó, durante el proceso, que su padre había sido pieza clave en la conquista del Imperio de los Incas y, como socio de aquella empresa, reclamaba una parte de las riquezas obtenidas. Fernández de Oviedo confirma que Pedrarias participó en la sociedad de la conquista del Perú, aportando como “cuota” su autorización a los capitanes Pizarro y Almagro para emprender la expedición. Cuando se retiró de la sociedad, Pedrarias —que no había invertido un solo real— recibió de Almagro una compensación económica. En otras palabras, obtuvo ganancias sin haber arriesgado dinero alguno, ofreciendo únicamente la licencia como aporte.

La participación de Pedrarias Dávila, así como la de Pascual de Andagoya y Gaspar de Espinosa —el primero como impulsor inicial de la expedición, el segundo como presunto proveedor de naves y el tercero como posible financista encubierto— sigue siendo un enigma histórico pendiente de aclaración documental en la historia de la conquista del Imperio de los Incas desde su vertiente panameña.

Capítulo IV

Las Leyes Nuevas desataron una rebelión en el virreinato del Perú porque atentaban directamente contra los intereses y privilegios de los conquistadores y encomenderos. Su promulgación representó un intento de la Corona española por recuperar el control sobre la distribución de la riqueza americana, que hasta entonces había estado en manos de los gobernadores. Estos, al otorgar títulos, encomiendas y beneficios económicos, concentraban un poder desmedido. La propia real provisión denunciaba que “los gobernadores de esas provincias pusieron los indios que tenían encomendados en cabeza de sus mujeres e hijos”, evidenciando la corrupción y el abuso del sistema.

El objetivo de las Leyes Nuevas era modificar la base misma del poder colonial: sustituir el dominio personal de los gobernadores por el de instituciones directamente subordinadas al rey. Así, la antigua gobernación de Nueva Castilla se transformaba en el virreinato del Perú, bajo la autoridad de un virrey, representante directo de la Corona. Se creaba también una Real Audiencia en Lima, encargada de impartir justicia en nombre del monarca. Con estas reformas, los antiguos gobernadores quedaban sin poder real.

Como bien señaló Bataillon, “lo que estaba claramente en juego en la batalla contra las leyes era, en todas las Indias, la utilización de los indios por sus amos de turno”. El valor de una encomienda dependía del número de indígenas asignados, del trabajo que realizaban y de los beneficios que este generaba. Las nuevas disposiciones, citadas por El Palentino, atacaban directamente este sistema:

“[…] ningún indio se cargase, salvo en aquellas artes que no se pudiesen excusar, y se les pagase su trabajo; y que no se echasen indios en las minas ni a las pesquerías de perlas, y que se tasasen los tributos que hubiesen de dar a sus encomenderos, quitándoles juntamente el servicio personal.”

Estas normas no solo limitaban la explotación indígena, sino que también establecían castigos para los almagristas y pizarristas que habían participado en las guerras civiles, y prohibían la herencia perpetua de las encomiendas, las cuales revertirían a la Corona tras la muerte del encomendero. En consecuencia, la resistencia a las Leyes Nuevas se convirtió en una lucha por preservar el poder económico y social de los conquistadores.

La llegada del virrey y la aplicación de estas leyes alteraron por completo el equilibrio existente. Hasta entonces, la distribución de la riqueza en el Perú dependía de las relaciones personales con el gobernador; pero las nuevas normas imponían un sistema institucional que desplazaba a los viejos beneficiarios. Según Gutiérrez de Santa Clara:

“Vistos, en fin, por los vecinos, moradores y letrados los traslados de las ordenanzas que de España les habían enviado, decían que más bien parecían ser hechas de frailes apasionados que de hombres expertos en las cosas que tocaban a los negocios de las Indias.”

Los encomenderos consideraban que las nuevas ordenanzas desconocían por completo la realidad americana. A su juicio, quienes las redactaron ignoraban las condiciones del Nuevo Mundo, y por ello rechazaron su implementación. La estrecha relación entre los encomenderos y el territorio los llevó a defender sus privilegios con fervor.

Una vez más, los españoles del virreinato debieron escoger entre lealtad al virrey o apoyo a Gonzalo Pizarro, quien reclamaba ser el legítimo heredero de la gobernación. Como en los conflictos previos, cada uno evaluó cuál bando garantizaba mejor la seguridad de sus bienes y su posición social. La balanza terminó inclinándose hacia Gonzalo Pizarro, pues muchos encomenderos habían edificado su fortuna bajo el amparo de su familia. Defender el antiguo orden político significaba proteger su patrimonio, mientras que aceptar la autoridad del virrey implicaba el riesgo de perderlo todo.

Además, la cuestionada actuación de Cristóbal Vaca de Castro, quien había representado antes a la Corona con arbitrariedad, dejó un precedente negativo sobre la figura de los enviados reales. En suma, las Leyes Nuevas no solo alteraron la estructura del poder colonial, sino que tocaron el núcleo económico y social que sustentaba a los conquistadores, provocando una de las rebeliones más significativas del siglo XVI en el Perú.

La asociación entre la injusticia y las Leyes Nuevas fue una constante entre los distintos actores del territorio hacia 1544. El licenciado León señalaba: “[…] los vecinos y Cabildos de las ciudades de acá, ya que se les deniega la defensa que de derecho tienen y el príncipe de justicia no la puede quitar y que en ninguna cosa le aprovecha el suplicar, han ocurrido a aquella con que nacieron”47. El licenciado se refería con ello a la resistencia por medio de la violencia. Conviene destacar que la autodefensa de los propios derechos mediante la fuerza no solo era considerada un derecho natural, sino también la forma habitual en que se había gobernado el territorio durante los años de la conquista.

El sentimiento de injusticia y rechazo se generalizó en las distintas posesiones hispanas, aunque solo en el virreinato del Perú llegó a concretarse en una rebelión abierta. En Guatemala, por ejemplo, el doctor Luis de la Fuente escribió en 1545 a Bartolomé de las Casas “amenazándolo con prenderlo, conducirlo maniatado al Perú y entregarlo a los rebeldes insurrectos contra las Leyes Nuevas, para que le condenaran a la última pena […]”48. En el contexto de la “guerra justa”, sobre la cual los encomenderos habían cimentado su patrimonio, las ideas lascasianas de defensa del indígena carecían de sentido. Curiosamente, aquella misma rebelión demostraría luego que un gobierno que no atendiera ni protegiera al sector nativo estaba condenado al fracaso.

Aunque la situación del Perú era irregular —pues la corona carecía de un control efectivo sobre el territorio—, las nuevas disposiciones fueron consideradas profundamente injustas. Para los encomenderos, lo justo era mantener los beneficios obtenidos por sus servicios en la conquista y las guerras civiles. Si los primeros años de colonización habían estado marcados por la inestabilidad y los enfrentamientos, resultaba inaceptable que se perjudicara a quienes habían sostenido el proceso de dominio y colonización. En consecuencia, se apeló al liderazgo de Gonzalo Pizarro para enfrentar al virrey, decidido a hacer cumplir las Leyes Nuevas.

Los encomenderos invocaron antiguas tradiciones jurídicas medievales para justificar su movimiento rebelde —como las Siete Partidas de Alfonso X o incluso la posibilidad de “descoronar” al rey—, lo que revela la pugna entre dos concepciones antagónicas del gobierno virreinal. De la protesta se pasó rápidamente al desafío directo de la autoridad. Mientras el virrey se instalaba en Lima, los cabildos de las principales ciudades ofrecieron su apoyo a Gonzalo Pizarro, quien, desde el Cusco, se proclamó capitán general del Perú, asumiendo la representación de las demandas de los encomenderos. Ante la negativa del virrey a negociar, Pizarro marchó hacia Lima, obligándolo a huir a Quito. La persecución culminó en Añaquito, donde las fuerzas rebeldes derrotaron y dieron muerte a Blasco Núñez Vela, quedando el poder del virrey sin rival.

Según los planteamientos expresados hacia 1544, la corona debía rectificar su visión de gobierno y mantener el sistema de distribución de la riqueza heredado de la conquista. Los encomenderos se consideraban los legítimos encargados de colonizar y evangelizar el territorio, conforme a las premisas del Requerimiento. Así lo manifestaba Gonzalo Pizarro en una carta enviada al monarca en septiembre de 1547, en la que señalaba haber “procurado que los naturales recibiesen la religión cristiana, y compelido a los vecinos de la tierra que en todos los repartimientos tuviesen sacerdotes que doctrinasen los naturales, cosa que hasta mi tiempo no se había hecho”49. En ella, el caudillo detallaba los supuestos beneficios de su gobierno rebelde, con los cuales pretendía justificar la legitimidad de su sistema de autoridad.

Tras la muerte del virrey, la corona envió desde la península al pacificador Pedro de la Gasca, con el objetivo de restaurar el dominio real y vencer a los rebeldes. Para lograrlo, el elemento clave de su estrategia fue la política del perdón y la recompensa: todo aquel que abandonara el bando pizarrista y jurara fidelidad al rey sería perdonado y recompensado. De este modo, el pacificador se erigió en el nuevo eje distribuidor del poder y la riqueza, garantizando seguridad material bajo el amparo del perdón real. El rápido desbande de tropas hacia su causa demostró que el factor decisivo en la caída del gobierno rebelde fue la precariedad material que este había generado, incapaz de sostener el apoyo de quienes, hasta entonces, habían empuñado las armas por él.

Conviene destacar que, hacia el inicio de la rebelión, las fronteras del virreinato ya no ofrecían posibilidades reales de incremento patrimonial. La expansión de los conquistadores —primero desde el Caribe hacia México y luego hacia América del Sur— había tenido como objetivo encontrar nuevas fuentes de riqueza y mano de obra indígena. Sin embargo, no volvieron a repetirse éxitos comparables a los de las grandes conquistas iniciales. De ahí que Pierre Chaunu asociara las guerras civiles con el hecho de que “el espacio conquistable era realmente limitado” y que la violencia se volvía, finalmente, contra los propios conquistadores, en forma de una “lucha de clanes”50. En este sentido, los conflictos entre conquistadores no fueron sino una pugna por los recursos existentes, cada vez más escasos.

En efecto, las nuevas entradas o expediciones, concebidas para replicar los triunfos de las primeras campañas, terminaron siendo proyectos costosos y poco rentables para el gobierno colonial. Pedro de Valdivia, en Chile, había obtenido de Francisco Pizarro autorización para continuar la expedición emprendida por Diego de Almagro, aún más al sur. Su empresa culminó con la fundación de Santiago de Chile y con el reconocimiento de Valdivia como gobernador del territorio. La denominación misma de “gobernación de Chile” reflejaba las altas expectativas que se tenían respecto de esa región, en el marco de una lógica de redes patrimoniales similares a las del Perú o México. Sin embargo, tales esperanzas se frustraron pronto. En 1546, Valdivia —por entonces aliado de los pizarristas— solicitó auxilio al gobernador del Perú para sostener su posición en Chile51. El pedido fue atendido por Gonzalo Pizarro y ejemplifica cómo las campañas de expansión de frontera drenaban recursos del gobierno central sin generar beneficios duraderos.

Otros intentos resultaron igualmente fallidos. La zona occidental de las Charcas permanecía inexplorada y, en 1543, durante el gobierno de Cristóbal Vaca de Castro, se otorgó a Diego de Rojas la facultad de internarse en aquel territorio, que recibiría luego el nombre de Tucumán. La muerte de Rojas en combate contra los pueblos locales truncó la expedición, y uno de sus capitanes, Antonio de Heredia, regresó al Perú durante la rebelión pizarrista, uniéndose a las fuerzas de Diego Centeno, que preparaba un ejército en las Charcas para enfrentarse a los rebeldes. El fracaso de la campaña en el norte de la actual Argentina llevó a Heredia a involucrarse en la guerra civil como una nueva oportunidad de enriquecimiento, frustrado en su aventura exploratoria.

Por otro lado, existía un interés por explorar las regiones selváticas del noroeste del actual Perú, que incluían el sur del actual Ecuador. El primer intento en esa zona estuvo a cargo del propio Gonzalo Pizarro, quien regresó en 1542 de su desastrosa expedición en busca del mítico “país de la Canela”. Poco después, se concedió permiso a Alonso de Mercadillo y Juan Porcel para internarse en esos territorios, pero ambos proyectos fracasaron durante la rebelión, y muchos de sus soldados terminaron tomando partido en el levantamiento pizarrista con la esperanza de obtener algún beneficio material.

En suma, las tres fronteras del Perú colonial —Chile, Tucumán y la región nororiental amazónica—, sobre las cuales se habían depositado las expectativas de reproducir la riqueza de las conquistas pasadas, resultaron ser proyectos fallidos. Demandaron cuantiosos recursos humanos y económicos a unas arcas virreinales ya debilitadas, sin ofrecer compensación alguna. Con estos fracasos se hizo evidente que la conquista había dejado de ser un medio viable de ascenso social, y que la formación de nuevos encomenderos y regidores estaba llegando a su fin. El propio Gasca, tras imponerse a los rebeldes, escribiría: “Parece que toda esta tierra ya está calada”52, reconociendo que no quedaban territorios por conquistar con éxito.

En este nuevo contexto, la búsqueda de riqueza debía hacerse dentro del territorio ya consolidado. La guerra entre los encomenderos rebeldes y la corona se convirtió así en una nueva oportunidad para obtener recompensas materiales. Muchos vieron en las filas de Gonzalo Pizarro —y luego en las de Pedro de la Gasca— una ocasión de servir a un bando con la expectativa de ser recompensados por su lealtad y servicios.

Los conquistadores defendían un modelo de gobierno señorial, encabezado por una élite privilegiada que ejerciera dominio sobre la tierra y los indígenas. Frente al avance centralizador de la corona, los encomenderos adoptaron una postura de resistencia que alcanzó su punto culminante con la rebelión de 1544-1548. Dicha rebelión expresó la voluntad de perpetuar un sistema de distribución desigual de poder y riqueza, cuyos defectos —como veremos en el capítulo siguiente— facilitaron la rápida restauración del control virreinal por parte de Gasca.

Desde la perspectiva de la política imperial, la rebelión tuvo un efecto paradójico: aunque fracasó como proyecto de gobierno, logró forzar a la monarquía a revisar su política americana. Ya en 1545, Benalcázar, gobernador de Popayán, escribía al rey que la pacificación del reino debía lograrse “entregando encomiendas, y no quitándolas”53. Una guerra civil y un virrey muerto fueron el precio de esa lección. En 1547, la corona finalmente revocó los artículos de las Leyes Nuevas que perjudicaban la tenencia de encomiendas. Si bien el proyecto rebelde fue derrotado, su impacto político fue innegable: puso en jaque la autoridad de la monarquía en el Nuevo Mundo y la obligó a replantear su modelo de gobierno colonial.

Por primera vez desde los inicios de la conquista, la Corona y los funcionarios de su corte comprendieron que imponer directrices en el Nuevo Mundo no era una tarea sencilla. Era necesario conocer —y reconocer— a los colonos que habitaban el territorio, al menos hasta que fueran reemplazados por nuevas generaciones y las instituciones españolas se establecieran de manera definitiva. El retroceso de la Corona ante las Leyes Nuevas coincidió con el surgimiento de una política orientada a reorganizar la vida de la población indígena, lo que a su vez despertó un renovado interés por el pasado nativo. Antes de gobernar plenamente sobre esas tierras, era imprescindible entender cómo funcionaba ese nuevo mundo.

En este sentido, la rebelión de los encomenderos marcó un hito en la forma de gobierno del virreinato. A partir de ella, el proceso de colonización y consolidación del dominio español avanzó con lentitud durante las décadas siguientes. Solo bajo el virreinato de Francisco de Toledo pudo alcanzarse una verdadera consolidación administrativa y territorial.

Establecer un gobierno justo en la distribución de la riqueza representó un desafío incluso para el régimen rebelde. Hasta entonces, ningún gobernador había concentrado tanto poder efectivo sobre el territorio. La creación de un sistema administrativo capaz de organizar la asignación de bienes y cargos se volvió una necesidad urgente durante los años de la rebelión. La formación, funcionamiento y colapso de ese intento de gobierno constituyen los temas que abordarán los capítulos siguientes.

Capitulo V

La organización de los recursos para la guerra

La mano de obra indígena, el dinero, la designación de cargos, los tributos y la administración de justicia fueron elementos centrales en la organización del gobierno rebelde entre 1544 y 1548. Gonzalo Pizarro, en su condición de gobernador del virreinato, debía garantizar entre sus súbditos una adecuada distribución de estos recursos, pues la adhesión de sus aliados dependía en gran medida de ello. Sin embargo, le era imposible abarcar personalmente todas las ciudades del territorio ni controlar las aproximadamente 274 encomiendas existentes. Para lograrlo, necesitaba tejer una red de aliados que lo asistieran en dicha tarea.

En las páginas que siguen se analizará el conjunto de aliados que conformaban el cuadro administrativo del gobierno rebelde, responsables principalmente de la recaudación y gestión de los recursos. No es propósito de este capítulo estudiar la figura de Gonzalo Pizarro de manera individual, sino examinar el funcionamiento del gobierno insurgente a partir de la interacción constante entre el líder y sus colaboradores, entendida esta como una relación de mutuo beneficio. Interesa especialmente vincular el desarrollo del patrimonio material de los distintos partidarios pizarristas con el apoyo que brindaron a la causa rebelde.

Los aliados clave para el ejercicio de la administración fueron los tenientes, los agentes de la administración y los curacas. Los primeros constituían el grupo más relevante, pues concentraban el poder en las distintas ciudades del territorio. Los segundos, en especial los de la capital, desempeñaron un papel decisivo en el manejo de las cajas reales y en la justificación de los movimientos de fondos. Finalmente, los curacas mantenían su autoridad sobre la población indígena y aseguraban el cumplimiento de los tributos. Max Weber ha sostenido que el ejercicio de la autoridad sobre los sectores subordinados se basa tanto en la costumbre como en los intereses materiales; ambos aspectos resultaron fundamentales durante la rebelión.

Lohmann Villena aplicó un enfoque similar al estudiar a los hombres de leyes, señalando que un grupo de ellos trabajó bajo los intereses del nuevo gobernador y formó una “estructura dogmática de la rebelión pizarrista y su justificación conforme a los cánones políticos valederos para su propósito”. Del mismo modo que estos juristas legitimaban ideológicamente el movimiento, otro conjunto de funcionarios se ocupaba de la gestión económica y administrativa, velando por la correcta distribución de los recursos.

Un segundo aspecto a considerar es el relacionado con los gastos de la guerra. Gonzalo Pizarro debió pagar entre cincuenta mil y doce mil castellanos a sus capitanes tras la victoria de Añaquito sobre el virrey, además de remunerar a los soldados que participaban en las batallas. Los ejércitos requerían de forma constante armas, vestimenta y alimento. Incluso la escolta personal del líder recibía siete pesos de paga e indios para su servicio. Gutiérrez de Santa Clara señala que estos pagos provenían de la caja real, de los mercaderes y de la renta personal de Pizarro. Era necesario, por tanto, recurrir a diversas fuentes para financiar los gastos y recompensas que demandaba el conflicto.

A los miembros de la administración correspondía atender las necesidades económicas del gobierno rebelde, aunque esta no era su única función. En un contexto donde las instituciones carecían de autoridad efectiva, sus competencias eran amplias y frecuentemente imprecisas. Así, los tenientes de las ciudades impartían justicia y castigaban a los culpables, mientras que el licenciado Carvajal llegó a comandar tropas en la persecución del virrey. La concentración de múltiples atribuciones en pocas manos hacía de este gobierno —y del periodo de conquista en general— un escenario de confusión respecto a las funciones sociales y políticas de cada grupo.

El papel esencial de estos personajes era asegurar una dominación efectiva sobre los distintos sectores de la población. Del mismo modo que Gonzalo Pizarro establecía vínculos personales con sus aliados, estos debían administrar los recursos dentro de sus respectivas jurisdicciones o entre las personas bajo su cargo. Se ejercía así un patronazgo efectivo hacia los encomenderos y principales partidarios, cuyo favor debía mantenerse mediante recompensas y concesiones. Solo de este modo puede entenderse que la red de alianzas proporcionara oportunidades de enriquecimiento ligadas al apoyo de la rebelión, aunque no necesariamente al beneficio directo del propio líder.

Intermediarios y estructura del poder rebelde

El papel de los intermediarios en la administración del territorio fue decisivo para comprender tanto el desarrollo como el colapso de la rebelión pizarrista. No se trata únicamente de analizar la obediencia de la población hacia el líder, sino de entender cómo estos personajes controlaban y gestionaban los recursos de cada región conforme a los objetivos del gobierno insurgente. El estudio de los tenientes, agentes de la administración y curacas permite esclarecer las formas del ejercicio del poder y la organización política en los inicios del periodo colonial.

Tenientes, capitanes y encomenderos

La figura del teniente resultó fundamental para el funcionamiento del gobierno desde los primeros años de la conquista. Francisco Pizarro había recurrido a soldados de confianza para administrar las ciudades y regiones conquistadas. El ejemplo más representativo fue el de su hermano Hernando Pizarro, quien desempeñó un papel crucial en la distribución de las riquezas obtenidas antes de partir a España. También Hernando de Bachicao, compañero de Francisco Pizarro desde las primeras campañas, ejerció como teniente en la ciudad del Cusco. En consecuencia, la figura del teniente no constituía una novedad, sino la continuación de una práctica consolidada desde los orígenes del dominio español en el Perú.

Cuando Gonzalo Pizarro se estableció en Lima y asumió el título de gobernador, una de sus primeras medidas fue designar una red de tenientes en las principales ciudades del virreinato. Estos funcionarios, también llamados lugartenientes en varias crónicas, administraban los territorios a su cargo y respondían directamente ante el gobernador. La lista inicial fue la siguiente: Alonso de Toro en Cusco, Lorenzo de Aldana en Lima, Hernando de Alvarado en Piura, Francisco de Almendras en La Plata, Pedro de Fuentes en Arequipa, Francisco de Cárdenas en Guamanga, Diego de Carvajal en Huánuco, Diego de Mora en Trujillo, Gómez de Alvarado en Chachapoyas y, tras la muerte del virrey, Pedro de Puelles en Quito. Por deserción o fallecimiento, algunos de estos nombres variaron hacia 1547; por ejemplo, Lucas Martínez Vegazo reemplazó a Fuentes en la tenencia de Arequipa.

Cada teniente recibía instrucciones precisas de Gonzalo Pizarro para organizar a los encomenderos y curacas de su jurisdicción, con el fin de asegurar su lealtad a la causa rebelde. Detrás de la defensa de las posesiones y de los intereses patrimoniales se encontraba también la noción de “carga militar”, que obligaba a los encomenderos a defender las tierras otorgadas por la Corona. Este deber, en muchos casos, incentivó su participación activa en la guerra.

Un examen de las trayectorias de estos tenientes revela que casi todos mantenían vínculos personales con la familia Pizarro. Francisco de Almendras, por ejemplo, había participado junto a Francisco Pizarro en la captura de Atahualpa; Gómez de Alvarado había recibido una encomienda del propio conquistador y apoyó a Gonzalo Pizarro en la pacificación de Trujillo frente a los ataques de los indios de los Conchucos. Hernando de Bachicao, designado por Gonzalo como capitán de la Mar del Sur con la misión de asegurar Panamá a favor de la rebelión, también había sido hidalgo al servicio de Francisco Pizarro y partícipe de sus conflictos con Diego de Almagro.

La rebelión de 1544 fortaleció estos lazos personales y consolidó el poder patrimonial de los aliados. Gómez de Alvarado, quien ya disfrutaba de una encomienda de seis mil pesos concedida por Francisco Pizarro, fue recompensado con la tenencia de San Juan de la Frontera por su actuación en la batalla de Añaquito. Por su parte, Lucas Martínez Vegazo, lugarteniente de Gonzalo en Arequipa, llegó a escribir al gobernador solicitando la ejecución de Antonio de Ulloa, acusado de atentar contra sus repartimientos. La atención o desatención de tales reclamos, como se verá más adelante, podía reforzar o debilitar los vínculos de fidelidad establecidos desde años previos.

Como se ha señalado anteriormente, la racionalidad que guiaba la distribución patrimonial estaba impregnada de expectativas de ascenso social. A diferencia de los gobernadores anteriores a 1544, que solo distribuían riquezas entre sus soldados más cercanos, Gonzalo Pizarro debía ejercer su autoridad sobre todo el virreinato y responder a los distintos grupos sociales. No sorprende, por tanto, que durante su gobierno se registrara el mayor número de tenientes en el territorio, alcanzando su punto culminante en 1546, cuando el norte del virreinato fue arrebatado al virrey Núñez Vela y toda la región quedó bajo control rebelde.

Los tenientes cumplían dos funciones principales: la administración de justicia y la gestión de los bienes. En cuanto a la primera, las crónicas mencionan numerosas órdenes de Gonzalo Pizarro para que sus tenientes ejecutaran o castigaran a los enemigos de la rebelión. Al amparo de tales facultades, muchos de ellos aprovecharon para confiscar bienes y sustraer fondos del erario local, justificando estas acciones en nombre de la causa rebelde. El título de justicias mayores que ostentaban les confería autoridad formal y legitimaba su posición privilegiada en la administración local, aunque con frecuencia sus decisiones se enfrentaban a los intereses de los vecinos de las ciudades.

No obstante, su papel más decisivo se dio en la recaudación y distribución de las riquezas que sostenían materialmente al ejército pizarrista. La principal fuente de recursos provenía del trabajo indígena en las encomiendas. Cuando Francisco de Almendras asumió su cargo de teniente, lo primero que hizo fue convocar a los indios “sin amo” y exigir que sus tributos le fueran entregados directamente. Las actividades agrícolas, ganaderas y mineras constituían la base económica que permitía mantener a las tropas y cubrir los gastos de la guerra.

La administración de los tributos y el trabajo indígena

Además de los tributos, el trabajo indígena fue un elemento esencial para el sostenimiento del aparato económico y militar del gobierno rebelde. La mano de obra nativa se destinaba al mantenimiento de la infraestructura, al transporte de bienes —mediante los indios cargadores— y también a labores de espionaje y mensajería. En relación con este último aspecto, se sabe que durante su campaña en Quito, el virrey Núñez Vela conoció el avance de Gonzalo Pizarro gracias a un capitán indígena, probablemente un curaca, llamado Yllatopa. Este episodio ilustra el papel clave que desempeñaban los líderes nativos como informantes y mediadores dentro de la compleja red política del virreinato.

Los tenientes de gobernador, siguiendo las órdenes de Gonzalo Pizarro, exigían a los encomenderos aportaciones económicas para financiar el movimiento rebelde. A su vez, los encomenderos transmitían esas exigencias a los curacas, quienes las aplicaban a través del trabajo y tributo de sus comunidades. Este mecanismo en cadena garantizaba el flujo constante de recursos hacia el gobierno pizarrista y consolidaba una estructura jerárquica de dominación sustentada en la explotación indígena.

En este contexto, los tenientes desempeñaban un papel determinante al canalizar la producción y los ingresos de sus jurisdicciones hacia el hermano del difunto marqués. La recaudación de estas contribuciones, conocidas como “derrama”, constituía una especie de cupo de guerra destinado a sostener al ejército rebelde. El caso más documentado es el de la derrama del Cusco, organizada por Alonso de Toro, la única de la que se conserva testimonio. En dicho registro se consignan los nombres de los encomenderos y las sumas que cada uno entregó al teniente; los fondos fueron luego remitidos a Lima para financiar la causa.

El análisis de esta derrama permite dimensionar el grado de compromiso de los vecinos y la desigualdad en sus aportes. Una encomienda próspera, como la de Diego de Silva en Jauja, podía contribuir con hasta dos mil pesos, mientras que otras más modestas, como la del escribano Pedro de Valdés, apenas alcanzaban cuatrocientos. Estas diferencias reflejan no solo la disparidad económica, sino también la lógica de reciprocidad entre riqueza, lealtad y recompensa. Quienes más aportaron —como Benito Suárez de Carvajal, el Licenciado de la Gama o el propio Alonso de Toro— fueron recompensados con nuevas encomiendas o cargos, consolidando así su posición dentro del régimen rebelde.

Es probable que este sistema de recaudación se extendiera ampliamente por el virreinato. Se sabe que Francisco de Carvajal financió su campaña de persecución contra Diego Centeno en 1546 gracias a una derrama recaudada en Lima. En el libro de cabildos de Huamanga, se consigna que hacia octubre de 1545 Carvajal llegó a la ciudad solicitando recursos “para ayuda de los gastos excesivos”, logrando reunir tres mil pesos. Estas contribuciones evidencian que existía un clima de confianza en el éxito del movimiento pizarrista y un sentido de seguridad colectiva entre los encomenderos que lo apoyaban.

Los libros de cabildo del Cusco ofrecen, además, valiosa información sobre la administración local durante la rebelión. Una ordenanza de 1545 expresaba la preocupación por los abusos cometidos contra la población indígena y ordenaba a los encomenderos no emplear a los indios como cargadores sin el consentimiento del gobernador o de su lugarteniente, Alonso de Toro. También se disponía la conservación de los tambos, infraestructura vital para el tránsito y abastecimiento del ejército. La ordenanza, firmada por el propio teniente, revela una conciencia administrativa orientada a preservar los recursos humanos y materiales que sostenían al gobierno.

La defensa de la población indígena se concebía, por tanto, como un pilar de gobernabilidad. Otros documentos del inicio de la rebelión confirman una postura similar. El cabildo de San Juan de la Frontera de Huamanga, en enero de 1545, reiteró la orden de que ningún vecino abandonara la ciudad sin permiso del gobernador o del teniente, con el fin de evitar agravios contra los nativos. Estas medidas, además de proteger el patrimonio de los encomenderos, aseguraban la estabilidad del sistema productivo y reforzaban la imagen de Gonzalo Pizarro y sus representantes como defensores de la prosperidad del territorio frente a un virrey que pretendía despojarles de sus indios y privilegios.

El ejercicio de la recaudación y la protección de los recursos representó grandes desafíos para hombres habituados más a la guerra que al gobierno. Uno de los primeros tenientes dignos de análisis es Francisco de Almendras, en la ciudad de La Plata, quien desempeñó un papel fundamental en el financiamiento de la guerra. Había acompañado a Francisco Pizarro en su tercer viaje a Sudamérica y participó como infante en la captura de Atahualpa. Gracias a esos méritos, ya había sido nombrado teniente de gobernador en las Charcas durante la gestión del marqués.

Sus servicios le valieron una encomienda en esa misma región, con alrededor de mil doscientos indios, lo que la convertía en la tercera más numerosa después de las de Gonzalo y Hernando Pizarro. Como hombre ya establecido en el área, los Pizarro recurrieron nuevamente a este antiguo aliado para consolidar su influencia en una zona de gran relevancia económica. El vínculo entre Almendras y la familia Pizarro, forjado en las campañas de conquista, se había fortalecido a lo largo de los años mediante el incremento de su patrimonio y prestigio.

Su labor como teniente en las Charcas es una de las mejor documentadas, y permite comprender el accionar de otros tenientes en el virreinato. Bajo órdenes de Gonzalo Pizarro, Almendras debía remitir fondos de la caja real de La Plata, así como recaudar los bienes de los repartimientos confiscados a los enemigos de la rebelión, los cuales puso “bajo su cabeza” para financiar los gastos militares. Para lograrlo, se enfrentó a la oposición de los oficiales reales y de algunos regidores del cabildo, a quienes finalmente impuso su autoridad.

Estas recaudaciones se realizaban mediante el contacto directo con los encomenderos y, en ocasiones, con los propios curacas. Con las encomiendas más prósperas bajo su mando y el respaldo de su cargo, Almendras alcanzó el punto culminante de su carrera en el Nuevo Mundo, imponiendo su poder sobre las instituciones y las autoridades locales.

El caso de las Charcas resulta clave para medir el peso económico de la rebelión, pues fue una de las regiones que más aportó al erario rebelde. Gracias a las relaciones de repartimientos elaboradas por La Gasca tras la pacificación del país, puede apreciarse la magnitud de su riqueza: la encomienda de Luis de Ribera producía doce mil pesos, mientras que la menos productiva, la de Pedro de Vivanco, apenas alcanzaba dos mil. En la región de Chachapoyas, las encomiendas de Alonso de Alvarado y Gómez de Alvarado, teniente de Gonzalo Pizarro en esa ciudad, rentaban cuatro mil y seis mil pesos respectivamente, en tanto que la mayoría no llegaba a mil. En Trujillo, salvo tres excepciones, los encomenderos obtenían entre quinientos y mil quinientos pesos. Solo el Cusco podía compararse en volumen de recaudación con las Charcas. En conjunto, el sur andino fue el principal sostén económico del movimiento rebelde.

Parte de esta riqueza provenía del auge minero. Marcel Bataillon ya había señalado que la minería transformó la racionalidad económica de la región, provocando una migración de indios yanaconas hacia los centros mineros. En las listas de repartimientos se menciona que entre los indios encomendados a Gonzalo Pizarro se incluían “indios de mita para el beneficio de las minas de Potosí”. Todas las encomiendas de la zona incorporaban el trabajo minero indígena como vía para aumentar los ingresos.

La explotación minera podía incluso convertir una encomienda poco poblada en una de las más rentables. Por ejemplo, la encomienda de García Rodríguez de Heredia, con solo trescientos cincuenta indios, aportaba mil pesos gracias a las minas, superando en rendimiento a otras más numerosas. Estos datos evidencian que la gestión de Almendras fue vital para sostener la rebelión, pues de su jurisdicción emanaban las mayores riquezas.

Otro indicio del impacto económico de la minería se observa en los precios locales. En una carta dirigida a Gonzalo Pizarro, Francisco de Carvajal, su maestre de campo, informaba desde una zona cercana a las Charcas que una oveja valía doce castellanos, mientras que en Potosí llegaba a treinta. Aunque la inestabilidad de precios era un fenómeno común, este aumento desproporcionado revela el incremento del poder adquisitivo de los encomenderos y el dinamismo económico generado por la minería en la región.

Gonzalo Pizarro, plenamente consciente de la situación económica del movimiento rebelde, autorizó a sus encomenderos a destinar parte de sus indios al trabajo minero. Así lo demuestra una carta fechada a comienzos de 1547, en la que Lucas Martínez Vegazo, lugarteniente en Arequipa hacia el final de la rebelión, informaba que debía ejecutar “las licencias de los indios que han de ir a Potosí”. Esta medida revela la presión económica que pesaba sobre el gobierno rebelde y cómo las autoridades, incluido el propio Gonzalo, alentaron el incremento de la mano de obra indígena en la minería para sostener el esfuerzo bélico.

Además de los lugartenientes, el ejército de Gonzalo Pizarro contaba con capitanes que también ejercían funciones de administración material sobre los territorios. Juan de la Torre Villegas, por ejemplo, ordenó que los indios “aparejen el puente de Apurímac” para facilitar el paso de su ejército rebelde, que contaba con unos mil quinientos hombres. De igual modo, Hernando de Bachicao, primer capitán de la armada del Pacífico, atacó y saqueó a varios comerciantes en Panamá con el fin de obtener recursos para mantener sus tropas. La actuación de estos capitanes se caracterizó por su pragmatismo y autonomía, priorizando la resolución inmediata de necesidades militares, incluso si ello implicaba desoír las órdenes de los tenientes o encomenderos locales.

El enriquecimiento de los capitanes evidencia el estrecho vínculo entre los servicios prestados a Gonzalo Pizarro y las recompensas materiales otorgadas por él. Así, Gerónimo de Villegas, quien pasó del bando del virrey Blasco Núñez al de Gonzalo, recibió una encomienda en la provincia del Collao como reconocimiento a su lealtad. Del mismo modo, el capitán Alonso de Mercadillo fue enviado al pueblo de indios de Garrochamba para conquistarlo y poblarlo, recibiendo como recompensa “indios de buen servicio y ricos”. La práctica de la guerra y la conquista continuaba siendo el criterio fundamental para la distribución de encomiendas, incluso bajo un gobernador rebelde como el menor de los Pizarro.

La administración de recursos y mano de obra por parte de los capitanes los convertía en potenciales tenientes, capaces de asumir funciones civiles y militares a la vez. El caso más notable fue el de Francisco de Carvajal: además de maestre de campo, fue nombrado brevemente teniente del Cusco tras la muerte de Alonso de Toro a manos de los partidarios de Diego Centeno. Desde esa posición reorganizó sus fuerzas, venció a Centeno en la batalla de Huarina, y logró retomar la ciudad de La Plata, aunque solo por un breve tiempo antes de regresar al lado de Gonzalo Pizarro. En ambas ciudades, su prioridad fue siempre la obtención de soldados y dinero para sostener la causa rebelde.

Si bien la historiografía ha presentado a Carvajal como un hombre movido por su sed de guerra y crueldad, que le valió el apodo de “demonio de los Andes”, lo cierto es que también actuó movido por intereses materiales. Para él, como para muchos encomenderos del Cusco, la rebelión representaba la defensa de las riquezas adquiridas durante los años anteriores. Vecino del Cusco y beneficiado tras la batalla de las Chupas, Carvajal recibió pagos regulares por sus servicios militares.

Aunque las fuentes no detallan con precisión el patrimonio acumulado del maestre de campo, algunos documentos notariales de su esposa, Catalina Leyton, confirman su prosperidad. En los registros del notario Diego Gutiérrez se consigna que hacia 1545 ella comerciaba con esclavos, y al año siguiente aparece realizando un traspaso de poder con autorización de su esposo. A la riqueza derivada de los indios y del dinero, se sumaba así el comercio esclavista, indicio claro del bienestar económico de la familia Carvajal. Además, el maestre de campo poseía facultades para imponer justicia y tomar recursos de los vecinos, reforzando su poder personal dentro del movimiento.

El caso de Carvajal ilustra una característica esencial del sistema caudillista que se estructuró en torno a Gonzalo Pizarro: cuanto más cercano se estaba al líder, mayores eran las prerrogativas y recompensas. El grado de adhesión personal determinaba tanto la fortuna como la autoridad. No sorprende, por tanto, que figuras como Francisco de Carvajal y Vázquez de Cepeda —de quien se hablará más adelante— ocuparan los cargos más altos y combatieran hasta el final bajo la bandera del gobernador rebelde.

El sustento material de la rebelión no dependía únicamente de las grandes figuras del movimiento, sino, en buena medida, de los encomenderos de menor rango, quienes resultaron esenciales para abastecer a los soldados y garantizar el funcionamiento del gobierno rebelde. El caso de Diego de Silva ilustra con precisión la importancia de este grupo intermedio y el papel decisivo de la población indígena en dicho proceso.

Vecino y regidor del Cusco al iniciarse la rebelión, a Silva se le encomendó fabricar la mayor cantidad posible de armas de oro y plata en su encomienda. Para 1544 figuraba como regidor del cabildo cusqueño, cargo que —como se verá más adelante— servía de plataforma para consolidar y acrecentar el patrimonio personal. Su compromiso con la causa pizarrista fue total: aparece entre los mayores donantes voluntarios en la derrama del Cusco, y, hacia el final de la guerra, rehusó pasarse al bando del pacificador Gasca, permaneciendo fiel a Gonzalo Pizarro hasta el último momento.

La encomienda de Silva en Jauja, con unos mil doscientos indios, fue la base de su contribución material a la rebelión. En una carta dirigida a Gonzalo Pizarro en 1547, informaba: “van sesenta y tres coseletes, barbotes y quixotes, y navajas se quedan haciendo”. En otro documento añadía que entre sus trabajadores había “muchachos y maestros”, expresión que sugiere niveles de especialización laboral en la producción. El repartimiento de Silva parece ser un caso singular, pues no existen registros de otros indígenas dedicados a la fabricación de armas.

Según Lynch, la producción armamentística se convirtió en una prioridad durante las guerras civiles, ya que cada bando debía armarse con urgencia. Sin embargo, las crónicas suelen atribuir dicha tarea a capitanes o soldados europeos —como Juan Vélez de Guevara o Pedro de Candia— sin considerar la participación indígena. La presencia de estos últimos en el proceso de manufactura revela que, en los primeros años de la colonización, la organización social pudo haber sido más integrada y funcional de lo que generalmente se ha supuesto, especialmente en un contexto de competencia política. Cabe recordar que incluso el virrey impulsaba la fabricación de armas. Por ello, el caso de Silva resulta significativo: demuestra que la administración del gobierno rebelde consiguió articular eficazmente a los sectores más subordinados dentro de su estructura económica y militar.

Comprender el papel de los tenientes y capitanes es esencial para interpretar la lógica de distribución de la riqueza durante la guerra. Las referencias a soldados de menor jerarquía son escasas, y su actuación suele aparecer fragmentada en la narrativa general de la rebelión. Sin embargo, al analizar sus acciones bajo los criterios establecidos por quienes ostentaban cargos superiores, se obtiene una visión más completa de las dinámicas internas del movimiento pizarrista.

Los tenientes enfrentaban una urgente necesidad de reunir recursos que sostuvieran a las tropas rebeldes. Ello explica por qué personajes como Francisco de Espinoza fueron recompensados con cargos —en su caso, el de maestresala— tras haber robado ganado, bestias e indios en Cajamarca. Su ascenso demuestra que el criterio de mérito se basaba en la capacidad de proveer recursos al ejército, incluso mediante medios ilícitos. También revela cómo las necesidades materiales inmediatas podían llevar a los rebeldes a atentar contra la misma población que sustentaba la riqueza del virreinato.

Como se ha visto, los tenientes —y, en menor medida, los capitanes— desempeñaron un papel crucial en el sostenimiento de la administración del gobierno rebelde. Ellos canalizaban los ingresos de los encomenderos y organizaban la mano de obra indígena en beneficio de la causa pizarrista. A cambio, recibían cargos, pagos o nuevas encomiendas, reforzando así la estructura de lealtades que sostenía al movimiento.

A su vez, estos tenientes debían negociar constantemente con encomenderos y curacas para asegurar el flujo de recursos. ¿Qué ofrecían a cambio? La promesa de estabilidad material y continuidad económica una vez que Gonzalo Pizarro alcanzara la victoria. Sin embargo, como se analizará en el capítulo tres, estas promesas fueron sistemáticamente incumplidas tras el fin de la rebelión.

El siguiente apartado abordará el papel de los agentes burocráticos y los curacas, piezas indispensables para comprender la amplitud y los límites de la administración dentro del gobierno de los encomenderos rebeldes.

Los agentes de la administración

Un conjunto de letrados y oficiales reales permitió, mediante sus cargos, distribuir la riqueza del territorio conforme a los intereses de los líderes rebeldes. Utilizo el término “agentes de la administración”, propuesto por José Mariluz Urquijo, para referirme a este grupo. Su función consistía en hacer operar las frágiles instituciones coloniales con el propósito de asegurar el buen funcionamiento de las ciudades. Entre ellos se contaban los licenciados, veedores, tesoreros, factores y oidores enviados por la Corona junto al virrey.

A diferencia del caso de los militares, la relevancia de los letrados y oficiales reales no radicaba en su capacidad de representar la autoridad del gobernador ni en su preparación bélica. Como señala Lohmann, su papel fue clave por su habilidad para generar un discurso político en favor de la rebelión, recurso fundamental para justificarla y dotarla de legitimidad ante los distintos sectores sociales. Sin embargo, como advierte Lorandi, el manejo de las leyes se hizo compatible con las ambiciones personales y las redes de intereses económicos, de modo que muchos de estos agentes aprovecharon sus cargos para asegurarse materialmente dentro del virreinato.

Diversas investigaciones recientes han destacado el papel del cabildo como una institución con capacidad de autorregulación y de emitir normas internas, siempre que no contradijeran los mandatos reales. No obstante, antes del gobierno efectivo de Pedro de la Gasca, ese sentido de fidelidad a la Corona era, en la práctica, ajeno a la realidad de sus agentes. Esto se evidenció cuando el contador Agustín de Zárate fue enviado a inspeccionar el cabildo: sus miembros, dependientes del gobernador, tenían sus intereses políticos estrechamente ligados a los del movimiento rebelde. En consecuencia, defendían los intereses pizarristas antes que los de la autoridad monárquica.

Lohmann incluso advierte que, hacia el final de la rebelión, el número de funcionarios era excesivo en comparación con los años posteriores, lo que refleja la desorganización institucional. Tras la derrota de los rebeldes, el cabildo perdió las amplias libertades de las que había gozado durante la conquista, transformándose en una entidad supervisada directamente por la Corona.

Los funcionarios reales terminaron así absorbidos dentro del aparato administrativo pizarrista. Fuera de la capital, los tenientes dominaban los cabildos locales, reduciendo su papel a una mera formalidad. El episodio de Francisco de Almendras y el asesinato del alcalde de La Plata por desobedecer a un teniente ilustra la supremacía de estos oficiales. Solo con la victoria de Gasca se restablecieron, parcialmente, los objetivos originales del cabildo, aunque esto significó reemplazar las antiguas recompensas materiales por sueldos fijos.

Según Lockhart, los primeros hombres de leyes que llegaron al Perú lo hicieron como administradores y empresarios, buscando mejorar su posición política mediante el incremento de sus actividades económicas. En 1544, los oficiales reales del cabildo de Lima —el tesorero Alonso de Riquelme, el factor Yllán Suárez de Carvajal, el contador Juan de Cáceres y el veedor García de Salcedo— cumplían plenamente con ese perfil.

Si bien no es posible precisar la magnitud de su patrimonio, se conocen algunos aspectos reveladores. Riquelme, considerado “uno de los hombres más principales del Perú”, poseía una encomienda en Tarama y Bombo de dos mil indios otorgada por Francisco Pizarro, además de otra similar en Huánuco y propiedades en Charcas, entre ellas haciendas, granjerías y minas. Por su parte, García de Salcedo, aunque de menor fortuna, estaba estrechamente vinculado a la red económica pizarrista y disfrutaba de una encomienda de mil indios en el valle de Chama.

El caso del factor Yllán Suárez de Carvajal y de su hermano, el licenciado Benito Suárez de Carvajal, ejemplifica la conexión entre enriquecimiento personal y rebelión. Ambos habían construido su fortuna de forma conjunta: Yllán, dedicado a sus funciones de oficial real, y Benito, encargado de administrar sus posesiones. En 1544, Yllán tenía cuatro mil indios en encomienda y su hermano tres mil. Cuando Gonzalo Pizarro entró en Lima, Benito Suárez de Carvajal era reconocido como “el más principal destos reinos”.

Una acusación contemporánea los señala por su oportunismo político: Benito habría dicho a su hermano —“Id vos al Cusco, y si Gonzalo se alzase, vos allá, yo acá [en Lima], haremos lo que solemos”—, expresión que revela su estrategia de mantenerse del lado más conveniente según las circunstancias. Este tipo de cálculo personal fue común entre quienes participaron en la rebelión pizarrista.

En 1549, Alonso de Medina denunciaba que el licenciado Carvajal había favorecido a su sobrino Pacheco con “cuarenta mil pesos de empleo de cargazón y con cincuenta indios”. Aunque Pacheco no recibió beneficios directos de Gonzalo Pizarro, sí los obtuvo de su tío, miembro del aparato administrativo rebelde. Este episodio muestra cómo la lealtad no dependía tanto del líder como del acceso a los recursos del gobierno, del cual dependía la estabilidad y prosperidad de sus allegados.

Los agentes y la racionalidad patrimonial del poder

Pese a los mecanismos establecidos y analizados en el capítulo anterior, no todos los actores sociales lograron insertarse adecuadamente en ellos. Melchor Verdugo protagonizó una larga querella por la administración de una encomienda que reclamaba desde 1542. Cuando creyó que el gobierno rebelde de Gonzalo Pizarro podría resolver su caso a su favor, no obtuvo el apoyo esperado. Al verse excluido de los beneficios de la administración, decidió partir hacia Centroamérica y alzarse en armas por el rey. A diferencia de otros, como Pacheco, Verdugo no contaba con un intermediario dentro del aparato administrativo que defendiera sus intereses.

De manera semejante a lo que ocurría con los tenientes, el reparto de encomiendas respondía a una lógica patrimonial de distribución de recursos. En teoría, estaba prohibido otorgar encomiendas a los oficiales reales; sin embargo, en la práctica americana esta prohibición se interpretaba con flexibilidad, pues las encomiendas se entendían como recompensa a los servicios prestados. Durante la rebelión, por ejemplo, el contador Juan de Cáceres recibió una encomienda en Lima, evidencia del estrecho vínculo entre los cargos y las recompensas personales.

Los encargados de administrar la riqueza del territorio fueron, en consecuencia, parte esencial del poder material de los gobernadores. En lugar de fiscalizar su autoridad, colaboraron en consolidarla y en aprovechar sus cargos para beneficio propio. Si bien sus acciones pueden parecer de mala fe, la debilidad institucional y la necesidad de apostar por un modelo que garantizara el orden los llevaron a actuar sin mayores alternativas. Tampoco las tuvieron cuando llegó el virrey, cuya visión respondía a una racionalidad estatal ajena a la que ellos habían vivido durante la conquista.

El sistema caudillista instaurado en los primeros años del dominio español resultaba, por naturaleza, incompatible con los intereses del Estado. El virrey Blasco Núñez Vela y el contador Agustín de Zárate llegaron precisamente para regular las funciones de los oficiales reales. Zárate, en particular, debía auditar las cuentas de la Caja Real; sin embargo, los oficiales se opusieron abiertamente a su labor por temor a perder sus privilegios. Esta resistencia fortaleció el aparato administrativo rebelde y comprometió aún más a sus miembros con la causa pizarrista.

Para Gonzalo Pizarro, la alianza con los cuatro oficiales reales representó un punto estratégico clave. A través de ellos podía disponer de los fondos del virreinato y sostener la rebelión con los recursos de la Real Hacienda. Excepto el factor Yllán Suárez de Carvajal, que murió antes del ingreso de Pizarro en Lima, los demás oficiales colaboraron activamente con el movimiento. El contador Juan de Cáceres fue acusado de haber “dado industria a Gonzalo Pizarro para que tomase dineros de la caja real”, mientras que el tesorero Alonso Riquelme apoyó a la rebelión manipulando las cuentas públicas para no perder las ganancias obtenidas en su cargo.

El uso de los recursos del virreinato para financiar al gobierno rebelde fue una de las acusaciones más graves formuladas contra Pizarro. El pacificador Pedro de la Gasca anotó que “empezó a ocupar la Real Hacienda el año 45, luego que entró en Lima y tomó la gobernación, y así, de la hacienda de Su Majestad, se ayudó para seguir al virrey Blasco Núñez Vela”. En su informe, Gasca añadía que la confesión del tesorero Riquelme confirmaba plenamente esta denuncia. Para un burócrata imperial como Gasca, los ingresos del virreinato debían fluir hacia la Corona; pero para quienes habían crecido bajo la racionalidad patrimonial de la conquista, el uso de las arcas reales para sostener su gobierno era algo natural.

La actuación de estos oficiales muestra que, en el Perú de mediados del siglo XVI, el vínculo personal prevalecía sobre las instituciones. Los oficiales reales apoyaron la rebelión de forma individual y ocuparon cargos diversos durante los cuatro años que duró. Aunque compartían responsabilidades dentro del cabildo, nunca actuaron como un cuerpo cohesionado: sus intereses personales primaron sobre sus deberes institucionales. Esta actitud, lejos de ser excepcional, respondía a la naturaleza del sistema político del momento: un régimen basado en la figura del caudillo-gobernador, estructuralmente incompatible con la lógica institucional de la monarquía colonial.

Durante el ascenso de Gonzalo Pizarro al gobierno del Perú, hubo dos momentos que revelaron que su autoridad no podía ser compartida. El primero fue su oposición al virrey Blasco Núñez Vela y a las ordenanzas que este trajo consigo. Como se ha explicado, la estructura social forjada durante la conquista obedecía a una lógica muy distinta a la de la Corona. Mientras el aparato monárquico buscaba regular el flujo de ingresos y fortalecer el control administrativo, el sistema conquistador se sostenía sobre redes personales y recompensas patrimoniales. En este contexto surgió la figura del contador Agustín de Zárate, quien acompañó al primer virrey y de inmediato entró en conflicto con los miembros del cabildo, en especial con el tesorero Alonso Riquelme, que se resistía a la fiscalización de sus cuentas.

El segundo momento de incompatibilidad entre el gobierno rebelde y la institucionalidad colonial se dio con el intento de instaurar la Real Audiencia. Junto con la llegada del virrey arribaron al Perú los oidores Diego Vázquez de Cepeda, Lissón de Tejada, Pedro Ortiz de Zárate y Alonso Álvarez de Hinojosa. Su primera acción fue exhortar a Gonzalo Pizarro a deponer las armas y presentarse ante ellos, con la intención de que el gobierno del territorio quedara bajo la autoridad de la Audiencia. En una carta de noviembre de 1544 se le ordenaba expresamente:

“Por la presente vos mandamos que, luego que esta nuestra carta veáis, deshagáis y mandéis deshacer todo el ejército y gente de guerra que con vos traéis […] y vengáis a la dicha ciudad de los Reyes, a la dicha nuestra Real Audiencia que en ella reside […]”.

El propósito de los oidores era instaurar un gobierno subordinado a una institución legítima del Estado. En consonancia con los ideales del naciente Estado moderno, se buscaba que los funcionarios respondieran a la autoridad real, y no a un caudillo local. Esta estrategia, que anticipaba la política de perdones y subordinación de redes clientelares aplicada más tarde por Gasca, representaba una vía intermedia: someter las redes personales al poder real, no destruirlas. Sin embargo, el contexto favorecía a Gonzalo Pizarro, quien concentraba el control político, militar y económico del territorio.

El intento de la Audiencia resultó infructuoso. Pizarro avanzó hacia Lima, respaldado por numerosos vecinos y notables. Los oidores, carentes de apoyo popular y abandonados por el virrey, buscaron adaptarse al nuevo orden para conservar cierta autoridad. Formalmente conservaron sus cargos, pero en la práctica su poder fue nulo: todo giraba en torno al caudillo y a su círculo de confianza, para quienes la Audiencia era un cuerpo ajeno. Con pragmatismo político, los oidores terminaron plegándose al régimen pizarrista.

Al igual que los oficiales reales, los oidores se integraron al gobierno rebelde en distintos grados de compromiso. Lissón de Tejada, por ejemplo, respaldó la autoridad de Gonzalo Pizarro y fue enviado a España como mediador ante la Corona. En una carta afirmó haber recibido favores por sus servicios, sin especificar cuáles, lo que evidencia la vigencia del principio patrimonial de servicios y recompensas personales. Aunque la Audiencia como institución no funcionó durante el gobierno pizarrista —pues la administración de justicia recaía en el caudillo o sus tenientes—, algunos oidores sí colaboraron de manera individual.

El caso más destacado fue el de Diego Vázquez de Cepeda, quien se convirtió en uno de los principales defensores y legitimadores del movimiento. Fue él quien promovió la proclamación de Gonzalo Pizarro como gobernador del virreinato y, más tarde, cuando Gasca instó a los rebeldes a rendirse, arengó a los vecinos de Lima para que permanecieran fieles al caudillo. Aunque no tenía vínculo previo con los Pizarro, se transformó en su hombre de confianza. El Nuevo Mundo, una vez más, imponía sus propias normas de poder, distintas de las que pretendía la Corona.

Las fuentes indican que Vázquez de Cepeda participó activamente tanto en los asuntos de gobierno como en los militares. Llegó a ostentar el cargo de capitán general, demostrando que en el siglo XVI la frontera entre los hombres de leyes y los de armas era sumamente porosa. Como muchos otros oficiales del régimen rebelde, amasó cierta fortuna; en 1546, por ejemplo, se registró la compra de una estancia por quinientos pesos. Su red de influencia también benefició a sus allegados: su hermano Baltasar de Cepeda fue nombrado sargento mayor en el Cusco, un indicio claro del funcionamiento patrimonial y clientelar del poder bajo el gobierno de Gonzalo Pizarro.

El poder que Vázquez de Cepeda alcanzó dentro del gobierno rebelde lo llevó inevitablemente a enfrentarse con otros altos funcionarios. Un ejemplo claro fue el altercado que sostuvo con el teniente Diego de Mora en Trujillo, a raíz de la liberación de un prisionero que Mora consideraba debía permanecer detenido. Este conflicto, como se verá más adelante, contribuyó a erosionar la legitimidad del gobierno pizarrista ante los vecinos trujillanos. La actuación del oidor, además, despertó críticas dentro del propio entorno político, como evidencia la carta que le dirigió fray Francisco de Varahona, quien le advertía que “quieren o ha querido algunos decir que el estorbo de toda la paz ha de ser vuestra merced”. Como solía ocurrir en los primeros años de la conquista, el caos y la confusión de la guerra terminaron beneficiando a ciertos individuos, y en este caso, consolidaron la posición del oidor dentro del régimen rebelde.

Los oidores, en conjunto, terminaron subordinando sus funciones a la autoridad del gobernador. Su papel pasó de ser el de representantes de la justicia real a convertirse en servidores y legitimadores de los intereses de Gonzalo Pizarro. Un ejemplo de ello fue la aprobación de un empréstito general de doscientos mil pesos “de todo el reino” y la autorización concedida a Puelles, teniente en Quito, para asumir la gobernación de Benalcázar. Este tipo de decisiones muestra cómo las instituciones coloniales fueron absorbidas por la estructura de poder del caudillo, perdiendo su carácter fiscalizador y convirtiéndose en instrumentos del gobierno rebelde.

La posición de los curacas durante la rebelión

Resulta pertinente examinar el papel de la población indígena en este proceso, ya que constituía la principal fuerza productiva y logística del territorio. Hasta ahora se ha analizado cómo la administración del gobierno pizarrista distribuía recursos y soldados, pero falta explorar cómo esa estructura dependía del trabajo y apoyo de los grupos nativos. El estudio de la actuación de ciertos curacas permite entender si sus intereses pudieron alinearse con la lógica de distribución patrimonial y de poder que sostenía al movimiento rebelde.

Las fuentes mencionan solo de manera esporádica la participación indígena en la guerra. El Palentino, por ejemplo, relata que durante la persecución de las fuerzas de Núñez Vela, en el trayecto de Motupe a Piura, el desierto dificultaba el aprovisionamiento de agua y alimentos. En esas condiciones, “dio orden como los indios comarcanos llevasen agua y comida necesaria, así para la gente como para los caballos”. Estas órdenes llegaban a los indígenas a través de sus encomenderos, muchos de los cuales se encontraban combatiendo, lo que demuestra la importancia del elemento nativo en la logística de campaña. La presencia indígena, por tanto, fue decisiva para inclinar la balanza a favor de uno u otro bando, y —como se verá en el capítulo siguiente— tuvo un papel determinante en el desenlace final de la rebelión.

El acceso a la mano de obra indígena, y con ello al control de los recursos del territorio, dependía de la mediación de los curacas. Efraín Trelles ha señalado que los encomenderos no ejercían dominio directo sobre los indígenas, sino sobre los curacas, quienes eran los verdaderos intermediarios con la población nativa. Durante los años de la rebelión, múltiples referencias confirman esta estructura jerárquica, subrayando el papel de los curacas como gestores indispensables del esfuerzo bélico y económico.

Las fuentes registran diversos casos que ponen de manifiesto esta relación. El maestre de campo Francisco de Carvajal, por ejemplo, mandó ejecutar a dos curacas por no entregar a tiempo los indios cargueros que había solicitado. En otro caso, Alonso de Toro, teniente de la ciudad del Cusco, “hizo muy gran recaudo en tomar muy gran cantidad de carneros cargados de comida y todos los caciques principales de la provincia que fuesen con ellos”. En ambos episodios se evidencia que tanto el aprovisionamiento como la movilización indígena eran esenciales para la guerra. La violencia ejercida contra los curacas revela, además, la presión extrema a la que estaban sometidos. No es casual que el colapso de la rebelión se vincule directamente al derrumbe demográfico y a la crisis de mano de obra indígena, que hicieron inviable el sostenimiento logístico del ejército rebelde.

Las crónicas rara vez mencionan por nombre propio a los curacas, refiriéndose más bien a ellos por las regiones bajo su control. Sin embargo, desde los primeros años del dominio español, su autoridad fue reconocida oficialmente, lo que permitió establecer un vínculo de mutua conveniencia entre las élites indígenas y los gobernantes coloniales. Este reconocimiento político y social explica que, durante la rebelión de Gonzalo Pizarro, varios curacas encontraran una oportunidad para afirmar su posición y negociar su lealtad en función de sus propios intereses. En última instancia, su papel fue tanto político como estratégico: sin su colaboración, la estructura del poder rebelde no habría podido sostenerse.

Desde el momento en que los tenientes llegaban a una región, establecían contacto inmediato con los curacas para que estos rindieran los tributos directamente a su persona. Según Gutiérrez de Santa Clara, cuando Francisco de Almendras llegó a La Plata, “lo primero que hizo fue llamar a todos los caciques y principales indios de todo aquel distrito y jurisdicción”, ordenándoles destinar los tributos sin encomendero a su favor. Este episodio revela la importancia que tenía el vínculo con los líderes indígenas dentro de la estructura política del virreinato.

Diversas referencias sugieren que, durante la rebelión, los curacas ajustaron sus servicios según sus propios intereses políticos. En septiembre de 1547, por ejemplo, un curaca de Jauja llamado Guacora Pacora envió a uno de sus hijos ante el propio Gonzalo Pizarro “a saber la voluntad de vuestra señoría”. Este gesto demuestra que Pacora comprendía bien la lógica del poder: el reconocimiento de la autoridad central del gobierno rebelde podía traerle beneficios o preservar su posición. Si bien las fuentes no mencionan si obtuvo alguna recompensa concreta —quizá, como muchos otros aliados, su petición no fue atendida—, el hecho mismo de su acercamiento refleja una acción calculada. Debe recordarse, además, que Jauja era una de las regiones más ricas del virreinato y que allí Diego de Silva proveía armas al movimiento rebelde, lo que da contexto al interés del curaca por mantener una relación favorable con el caudillo.

Gonzalo Lamana ha analizado la actuación de los llamados “incas títeres” y su estrategia de adaptación frente al dominio español. Según él, Paullu Inca, hermano de Manco Inca, habría aceptado la cristianización para ganarse la confianza de los conquistadores y mantener una cuota de poder político. Una referencia de Agustín de Zárate parece confirmar esta interpretación, cuando señala que “por vía de indios Paulo, hermano del Inga, proveyó como no pudiesse pasar nadie a dar el aviso”. La maniobra de Paullu muestra que la colaboración aparente podía ser una forma de conservar autoridad entre los suyos. Pero también subraya que los españoles no ejercían un control directo sobre la población indígena, algo comprensible si se considera la barrera lingüística y cultural que mediaba entre ambos mundos.

Este mismo razonamiento puede aplicarse al comportamiento de los curacas. Muchos de ellos habrían aceptado la subordinación a los españoles o a los rebeldes con el propósito de conservar su posición frente a la inestabilidad territorial provocada por las guerras. Hacia 1545, por ejemplo, un cacique del valle de Lima llamado Tanta Chumbi otorgó poder a su amo Antonio de Solar para ratificar la posesión de sus tierras e indios. Aunque se trata de un caso excepcional, resulta revelador por dos motivos. En primer lugar, muestra que el curaca era consciente de la fragilidad de su dominio y buscaba legalizarlo como medida de defensa ante el caos político y militar.

En segundo lugar, evidencia un proceso de apropiación de prácticas y conceptos del derecho castellano. El acto de otorgar un poder notarial formaba parte de una cultura jurídica muy arraigada entre los conquistadores, quienes recurrían con frecuencia a este mecanismo para delegar funciones, administrar bienes o asegurar su patrimonio durante las campañas. Que un curaca utilizara ese mismo recurso demuestra que había comprendido su eficacia y lo había incorporado como herramienta para preservar su autoridad dentro del nuevo orden colonial.

El hecho de que este documento esté fechado en 1545 sugiere que la asimilación de la racionalidad económica y legal hispana por parte de las élites indígenas fue más profunda de lo que suele pensarse. Según Zuloaga, los curacas debían visitar tres veces al año a las autoridades españolas para entregar los tributos, y estas visitas podían prolongarse durante semanas. Es probable que, a través de ese contacto reiterado, los curacas aprendieran los mecanismos de negociación, recompensa y reciprocidad que articulaban la administración virreinal, utilizándolos luego en su propio beneficio durante los años de desorden.

Una observación del pacificador Pedro de la Gasca refuerza esta idea. En 1551, recomendó fijar una tasación estable para el tributo indígena, con el fin de evitar los abusos tanto de los encomenderos como de los curacas. Afirmaba que “es gran tiranía la que los caciques, después de la muerte en Guaynacabe, han usado y usan con sus indios, haciéndose señores de sus mujeres e hijos y de las haciendas y trabajos, y sirviéndose de sus personas más que de esclavos”. Aunque esta acusación podía tener una intención política, orientada a justificar la intervención de la Corona, no deja de reflejar una realidad palpable: durante los primeros años del dominio español, muchos curacas experimentaron un periodo de empoderamiento desmesurado, aprovechando el vacío de autoridad y la preocupación de los encomenderos por defender sus propias posesiones.

Capítulo VI

Pedro de la Gasca

Al redactar estas páginas sobre el obispo de Palencia, don Pedro de La Gasca —quien ha pasado a la historia con el honroso título de Pacificador del Perú— conviene señalar que mantenía vínculos familiares con un célebre miembro del Cabildo palentino: el conocido Arcediano del Alcor, don Alonso Fernández de Madrid, autor de La Silva Palentina, obra que le otorgó gran fama como cronista de su tiempo.

La Gasca se interesó vivamente por la lectura del manuscrito de La Silva Palentina, hasta el punto de mandar copiarlo a su costa y encuadernarlo con gran lujo. Por ello, aún en nuestros días se le conoce como el Manuscrito de La Gasca.

Esta relación cercana, mantenida con afecto hasta la muerte del obispo, influyó sin duda en que el Arcediano comprendiera, desde los primeros momentos, la trascendencia histórica del descubrimiento del Nuevo Mundo. De hecho, recogió dicho acontecimiento en su Silva, ampliándolo con sucesivas crónicas. Y para los sucesos del Perú contó con una fuente excepcional: la narración fiel y minuciosa que el propio licenciado La Gasca le confió de manera personal.

No resulta, pues, extraño que, al relatar el episcopado palentino de don Pedro de La Gasca, el Arcediano afirmara:

“Fue una persona muy señalada en nuestro tiempo; y me pareció que le haría agravio si no me extendiese más de lo acostumbrado en dejar por memoria, no solo su persona, naturaleza y dotes de ánimo, sino también los ejercicios virtuosos y de gran valor y prudencia en que se ocupó, y los buenos sucesos que en todo tuvo hasta alcanzar la dignidad, bien merecida, que hoy ocupa.”

Esa familiaridad —y posiblemente el cargo de vicario que desempeñó junto a La Gasca— hacen que los datos aportados por el Arcediano del Alcor gocen de toda la garantía que exige el más riguroso criterio histórico. El propio Arcediano declara que tales datos fueron confirmados por el mismo La Gasca en sus conversaciones. No hay, por tanto, razón para negar que deba contarse entre los primeros cronistas de Indias, por la imparcialidad y objetividad con que trató los asuntos del Nuevo Mundo.

a) Vida de La Gasca hasta su marcha al Perú

Al comenzar la biografía de don Pedro de La Gasca —y teniendo presente la escrita por Pedro Gutiérrez de Santa Clara, publicada por el señor Calvete de Estrella— deseo resumir lo que dicho autor incluye como introducción a las alteraciones que provocaron en el Perú las severas ordenanzas dictadas por el nuevo virrey don Blasco Núñez Vela. Estas normas rompieron la frágil paz que se había logrado entre pizarristas y almagristas.

Ante el descontento general entre los españoles causado por la actitud del virrey, se eligió a Gonzalo Pizarro como su procurador y defensor general. La rebelión estalló abiertamente: Gonzalo Pizarro derrotó y decapitó al virrey, asumiendo el título de gobernador, apropiándose de las rentas del emperador y declarándose en abierta rebeldía contra la autoridad imperial.

Frente a la gravedad de los acontecimientos, se designó a don Pedro de La Gasca para la ardua misión de pacificar el Perú. A continuación se exponen los principales datos sobre su vida, estudios y cargos.

Don Luis Cabeza de Vaca, su inmediato predecesor en la sede palentina, había muerto en Palencia el 12 de diciembre de 1550. Según testimonio del Arcediano y del canónigo doctor Juan de Arce —ambos contemporáneos y conocedores directos de los hechos—, el obispado permaneció vacante durante ciento setenta días.

Fue nombrado sucesor don Pedro de La Gasca, quien tomó posesión del obispado el 29 de mayo de 1551. Nació hacia 1495 en el pequeño pueblo de Navarregadilla, cerca de El Barco de Ávila, hijo de antiguos y honrados hidalgos, señores del lugar y de otro cercano llamado La Gasca, de donde tomó su apellido.

Su extensa formación universitaria y el hecho de pertenecer a una familia numerosa —tuvo cuatro hermanos y dos hermanas— revelan el desahogo económico de sus padres. Estudió Artes y Teología con brillantez en la Universidad de Alcalá, como colegial del Colegio Mayor de San Ildefonso, obteniendo el grado de maestro o doctor en ambas facultades. Posteriormente pasó a la histórica y prestigiosa Universidad de Salamanca, donde cursó Leyes y Cánones, graduándose in utroque iure. Fue colegial del Colegio Mayor de San Bartolomé, dos veces rector de dicho colegio y, en una ocasión, rector de la misma Universidad de Salamanca.

Los datos relativos a los estudios y cargos de don Pedro de La Gasca fueron ampliados por don Pedro Gutiérrez de Santa Clara, quien afirma que sus primeros estudios fueron de Gramática en El Barco de Ávila y en Aldeanueva. Más tarde fue enviado a Salamanca para completar las Humanidades. A la muerte de su padre, uno de sus hermanos llevó a Pedro y a su hermano Diego a la Universidad de Alcalá, donde permaneció once años, graduándose como maestro o doctor en Artes y Teología, y siendo colegial del Colegio Mayor de San Ildefonso.

Participó activamente en favor del rey durante la revuelta de los Comuneros, y fue enviado junto con su hermano Diego a Salamanca para continuar sus estudios en Derecho, donde obtuvo el grado in utroque iure (en ambos derechos: civil y canónico). Su hermano es recordado como el doctor Diego de La Gasca, mientras que él fue conocido siempre como el licenciado La Gasca.

Gutiérrez de Santa Clara detalla los cargos que desempeñó: rector de la Universidad de Salamanca —a la cual otorgó nuevos estatutos—, vice escolástico (suplente del maestrescuela, entonces ocupado por un Fonseca), colegial mayor de San Bartolomé, canónigo de Salamanca, rector del mismo Colegio Mayor de San Bartolomé y vicario de Alcalá y Toledo.

Un dato poco conocido que aporta el citado autor es que uno de los hermanos de La Gasca fue don Francisco Jiménez de Ávila, abad de San Salvador y canónigo de Palencia.

El dominico Vicente Beltrán de Heredia, gran historiador de la Universidad de Salamanca, no mostró mucha simpatía por La Gasca, pues en las dos ocasiones en que lo menciona lo hace con tono algo despectivo, sin reconocer sus grandes méritos. En su obra sobre los Comuneros en Alcalá, especialmente al tratar del Colegio de San Ildefonso, cita a Pedro de La Gasca entre los sancionados por el rector Juan de Hontañón, cuando aún era colegial en Alcalá. Más adelante añade que La Gasca, de espíritu aventurero, habría llegado a Salamanca medio expulsado de Alcalá para ingresar al Colegio de San Bartolomé, siendo rector durante el curso de 1528–1529. Ambos hermanos llegaron a Salamanca en enero de 1522.

En tiempos recientes, don Buenaventura Delgado publicó la Historia del Colegio de San Bartolomé de Salamanca y, en el catálogo de colegiales desde 1438, figura en el número 243 la siguiente reseña sobre La Gasca:

“Pedro García (La Gasca), maestro en Artes, licenciado en Teología, bachiller en ambos Derechos, natural del pueblo de Navarregadilla, diócesis de Ávila. El 18 de octubre de 1531 fue juez escolástico, maestrescuela, se licenció en Cánones, vicario de Alcalá, consejero de la Inquisición, canónigo de Salamanca, enviado por el Rey al Nuevo Mundo para pacificar el Perú, donde venció y ajustició al tirano Pizarro. Regresó en 1550 y fue nombrado obispo de Palencia en marzo de 1551, siendo luego llamado por el César (Carlos V) a Alemania. Salió del Colegio el 10 de marzo de 1537, después de haber permanecido en él seis años. Posteriormente fue designado obispo de Sigüenza, donde murió en 1567.”

Esta síntesis, muy completa, ofrecida por el Manuscrito del Colegio Mayor de San Bartolomé, unida a los datos de La Silva Palentina y a los de Gutiérrez de Santa Clara, constituye una guía valiosa para trazar la semblanza biográfica de La Gasca.

La primera nota destacada en su vida es su prolongada estancia en las universidades de Alcalá y Salamanca, donde obtuvo los grados de doctor y licenciado en las cuatro facultades que entonces se impartían: Artes, Teología, Derecho y Cánones. Tal formación lo convirtió en un hombre plenamente capacitado para desempeñar con acierto cualquier cargo, por arduo o delicado que fuera.

Ahora bien, si contaba con el grado de maestro o doctor al menos en Artes y Teología, ¿por qué se le conoce siempre como el licenciado La Gasca? La explicación podría hallarse en que su hermano Diego llevaba el título de doctor Gasca; por tanto, para diferenciarlos, a Pedro se le designaba como el licenciado La Gasca.

Durante su vida universitaria fue dos veces rector del Colegio de San Bartolomé, rector de la Universidad de Salamanca y canónigo de su catedral. A partir de entonces, sus nombramientos eclesiásticos y políticos se sucedieron sin interrupción, acompañados siempre por el éxito y la fortuna.

Conviene aclarar, porque muchos autores lo repiten con cierto desdén, que se ha dicho que Carlos V envió a La Gasca al Perú armado únicamente con un crucifijo y un breviario para sofocar la rebelión de Pizarro. Si bien es cierto que llevó ambas cosas, lo hizo como símbolo de su fe y de su temple moral, sustentados en una sólida formación y una preparación excepcional para afrontar las más difíciles empresas.

Esta extraordinaria preparación de don Pedro de La Gasca quedó plenamente confirmada en una carta del gran teólogo dominico Pedro de Soto, consejero de Carlos V, quien le escribió desde Gante en estos términos:

“Muy magnífico y reverendo señor: Por la carta que de vuestra merced recibí —después de aquella en que me mandaba volver de Valencia— he visto la llana y noble voluntad con que vuestra merced sirve a Dios y a Su Majestad, tal como siempre la he conocido. Así, antes y después de recibirla, he asegurado aquí que estoy cierto de que aceptará este trabajo, que es tan grande como puede serlo, tanto que me atrevo a decir que ningún príncipe lo merece, sino solo Dios. Estoy seguro de que el amor y servicio de Dios pesan tanto en el alma de vuestra merced, que ninguna otra cosa se le iguala. Por eso tomará esta empresa con alegría. Y tengo por cierto que es de tanto servicio a Nuestro Señor, que cualquier otro cargo podría dejarse por ella. A mi juicio, tiene más sustancia que el arzobispado de Toledo, hoy vacante. Confieso, con verdad, que me entristece profundamente su ausencia, y tanto, que no puedo expresarlo mejor, sino diciendo que consideraría una gracia del Señor poder acompañarle y seguirle en esta misión, y lo haría hoy con más gusto que cualquier otra cosa. Mas, si Dios así lo dispone, sea su voluntad.”

Por sus estudios en el Colegio Mayor de San Ildefonso de Alcalá, Pedro de La Gasca era bien conocido por el insigne cardenal de Toledo, don Juan Tavera, quien lo nombró vicario de Alcalá y, más tarde, también de Toledo. Durante cuatro años ejerció este cargo con notable acierto, supervisando y visitando aquella vasta y compleja iglesia primacial.

Las buenas referencias sobre su labor en Toledo llegaron pronto a oídos del emperador Carlos V, quien, valorando su competencia y rectitud, lo nombró miembro del Consejo Supremo de la Inquisición. El decreto fue expedido en Madrid el 28 de noviembre de 1540 por el cardenal Tavera, y en él se leía:

“Confiando en las letras, legalidad y recta conciencia de vos, por la presente os hacemos, constituimos y nombramos consejero del Santo y General Tribunal de la Inquisición de estos reinos, con todos los privilegios y prerrogativas correspondientes.”

Pocos días después de recibir el nombramiento, fue enviado —junto al obispo de Ciudad Rodrigo, don Francisco de Navarra, también miembro del Consejo— a Valencia, donde debían resolver ciertos asuntos turbios que afectaban al Santo Oficio. Con gran diligencia y esfuerzo, permanecieron allí durante dos años, revisando los procesos en los que intervinieron más de veinte juristas.

De aquella etapa procede la célebre carta del teólogo dominico fray Pedro de Soto, consejero imperial, dirigida a La Gasca desde Gante, el 25 de octubre de 1545:

“Muy magnífico y reverendo señor: Por la carta que de vuestra merced recibí —después de aquella en que se me mandaba volver de Valencia— he visto la noble voluntad con que vuestra merced sirve a Dios y a Su Majestad, tal como siempre la he entendido. Así, antes y después de recibirla, he asegurado que vuestra merced aceptará este trabajo, que es grande y digno solo de Dios. Sé que el amor divino pesa tanto en su alma, que ninguna otra cosa se le iguala, y que emprenderá esta tarea con alegría, pues considero que es de mayor mérito que el arzobispado de Toledo, hoy vacante. Confieso que su ausencia me causa gran soledad, y que lo tendría por merced de Nuestro Señor si pudiera acompañarle. Pero, ya que Dios lo dispone de otro modo, quede vuestra merced con Su gracia. De Gante, a 25 de octubre de 1545. Su capellán y servidor, fray Pedro de Soto.”

Aunque algo extensa, la carta resulta de extraordinario interés. Ante afirmaciones tan categóricas, cabe preguntarse si pudo existir alguna influencia imperial en su redacción. En cualquier caso, revela el altísimo concepto que fray Pedro de Soto tenía de La Gasca, tras haberlo conocido y comprobado su prudencia y justicia. Gracias a su intervención, muchas personas que habían sido encarceladas o castigadas injustamente por falsos testimonios fueron declaradas inocentes y liberadas.

La prolongada estancia de dos años en la ciudad del Turia, resumida por el Arcediano del Alcor —quien sin duda recibió una versión detallada de boca del propio La Gasca—, nos permite apreciar la gravedad y complejidad de los sucesos ocurridos en Valencia.

Si el Arcediano fue en esta ocasión demasiado conciso, el autor de la Vida de La Gasca amplió los detalles de la siguiente manera:

“Muy pronto, ante la gravedad de los acontecimientos de Valencia y la renuncia de varios comisionados, el Consejo General de la Inquisición acordó que don Francisco de Navarra, prior de Roncesvalles y obispo electo de Ciudad Rodrigo, junto con La Gasca, se trasladaran a Valencia para investigar los hechos. La confusión era enorme: los acusados —señalados de prácticas judaizantes, de haber azotado dos crucifijos y de observar ritos judíos— se contradecían constantemente, lo que agravaba la situación y extendía el escándalo por toda España.”

La Gasca se entregó con pasión al esclarecimiento de cada caso, revisando testimonio por testimonio hasta ordenar todo con claridad. Tal fue su rigor, que el obispo Francisco de Navarra y los demás letrados —que rehusaban opinar antes de escucharle— aprobaron su extenso informe y se conformaron a su parecer, estableciéndose así la verdad de los hechos.

El emperador Carlos V y su hijo, el príncipe Felipe, que se encontraban entonces en Valencia, recibieron personalmente a La Gasca y escucharon con gran satisfacción su relación pormenorizada de los acontecimientos. La investigación culminó con un solemne Auto de Fe, muy concurrido, que dio fin al asunto.

No es de extrañar, pues, que fray Pedro de Soto, consejero teólogo del emperador, se hiciera eco de esta brillante actuación, convencido de que La Gasca poseía las cualidades necesarias para aceptar con serenidad una misión aún más ardua: la pacificación del Perú.

La fama de su éxito en Valencia se extendió rápidamente por todo el reino, como señala el Arcediano del Alcor:

“Durante este tiempo, Su Majestad celebró cortes de la Corona de Aragón en Monzón, y los del Reino de Valencia pidieron por visitador al licenciado Pedro de La Gasca, consintiendo en derogar el fuero que exigía que dicho cargo recayera en un natural de la Corona de Aragón. Así se dispuso, y el licenciado, al encargarse de la visita de la Rota, de los gobernadores y demás jueces y oficiales del reino, sustituyó y nombró a muchas personas. Todos afirmaron que, desde entonces, comenzó verdaderamente la administración de justicia en aquellas tierras, pues antes apenas existía. Se dijo que fue la primera visita general desde que el rey don Jaime conquistó Valencia.”

Además, La Gasca revisó las cuentas de los oficiales de la Hacienda Real, quienes desde hacía años no rendían los pagos debidos al monarca ni cumplían con las consignaciones establecidas, alegando insuficiencia de fondos. Gracias a su diligencia, descubrió que no solo existían recursos suficientes, sino un excedente, logrando recuperar para la Corona ciento diez mil libras.

Estos párrafos, tomados literalmente de la Silva Palentina del Arcediano del Alcor, constituyen una auténtica apología de la labor de La Gasca en el Reino de Valencia. Por la precisión de los datos y cifras que ofrece, el texto se aleja de toda sospecha de adulación o exageración, pues refleja con fidelidad el testimonio directo de un diálogo entre el propio La Gasca y el Arcediano.

Podemos afirmar, por tanto, que la doble misión de La Gasca —como consejero de la Suprema y General Inquisición y como visitador general del Reino de Valencia— logró restaurar la serenidad y la paz en unos ánimos profundamente alterados por anteriores actuaciones inquisitoriales, al tiempo que saneó la hacienda pública e instauró una justicia equitativa para todos.

Sin embargo, aún le aguardaba otra tarea, más cercana a la que el Emperador pronto le confiaría en América: la defensa de las costas levantinas y de las islas Baleares. Sobre esta empresa, el propio Arcediano dejó testimonio:

“En este tiempo sobrevino Barbarroja con la armada del turco, a juntarse con la de Francia, y puso en gran riesgo al dicho reino de Valencia, por estar en la costa de aquella mar y tener tantos moriscos y tan armados, y asimismo a las islas de Menorca y Mallorca. El dicho licenciado Gasca entendió con gran diligencia, juntamente con el duque de Calabria, don Fernando de Aragón, virrey de aquel reino, en fortificar toda la costa y las dichas islas, fundir artillería, proveerlas de armas, pólvora y otras municiones, y fortalecer los lugares de la costa. Hizo levantar y tomar a sueldo gente en el reino para el socorro de los dichos lugares e islas. Todo salió tan acertado, que aunque diversas veces vino la armada del turco y de Francia a la costa e islas, nunca hizo efecto alguno, antes perdió mucha gente de la que traía.”

A la luz de estos hechos, no resulta difícil reconocer la magnitud de la personalidad de La Gasca. Se mostró como un hombre profundamente versado en el gobierno eclesiástico, hábil en la compleja administración del Santo Oficio —en causas perturbadas por el rigor excesivo de algunos jueces y los falsos testimonios—, y experimentado también en asuntos políticos y militares. Dio siempre muestras de inteligencia, rectitud y justicia, acompañadas de valor, prudencia y audacia.

Todas estas virtudes invitan, en cierta medida, a compararlo con el insigne Cardenal Albornoz, aquel gran pacificador y organizador de los Estados Pontificios durante la Edad Media.

La Gasca, pacificador del Perú

Era indispensable exponer las múltiples y fecundas actividades de La Gasca para disipar esa visión limitada que a menudo se tiene de él, en la que se omiten sus vastos conocimientos universitarios, su rectitud y su sentido de la justicia, así como los notables éxitos que alcanzó tanto en la paz como en la guerra.

¿Qué había sucedido en el lejano y legendario Perú? El Arcediano del Alcor —quien, como hemos señalado, comprendió desde el primer momento la trascendencia del descubrimiento del Nuevo Mundo—, al concluir el pasaje dedicado a México y Hernán Cortés, escribió un breve texto titulado Pizarros:

“Después, el año de MDXXXIII, dos o tres caballeros hermanos llamados Pizarros, naturales de Cáceres, en Extremadura, con su gente, descubrieron otra muy rica isla que llaman el Perú, de la que cuentan cosas increíbles por la abundancia de plata, oro y pedrería que allí se halla. Y a comienzos del año de 1534, uno de dichos Pizarros vino a Sevilla, y se dijo entonces que había depositado en la Casa de la Contratación, suyo y de otros, y del quinto del rey, tanta suma de pesos de oro, tinajas, cántaros y ollas de plata, ídolos de oro y joyas de tanto valor, que —porque no lo vi— no lo oso afirmar, mas dicen que fue inestimable. Y luego, al fin del mismo año, vinieron otras fustas del mismo Perú, dizque con más oro y plata que la primera jornada. En fin, no podemos negar que desde el año 1492, en que el almirante Cristóbal Colón comenzó a descubrir estas Indias, han entrado en España, para los reyes y para personas particulares, innumerables cantidades de oro, plata, perlas y otras joyas de gran valor.”

El Arcediano dedica página y media de su Silva Palentina a describir la abundancia y riqueza del Perú, con sus minas de oro y plata, que despertaron la codicia de los conquistadores. Todo ese relato —de sobra conocido y ampliamente descrito por otras fuentes sobre el descubrimiento y evangelización del imperio de los Incas— puede ser omitido aquí.

Baste recordar que, tras las Capitulaciones de Toledo de 1529, Francisco Pizarro fue nombrado virrey, gobernador y capitán general del inmenso territorio del Perú, mientras su compañero de conquista, Diego de Almagro, quedaba relegado y prácticamente olvidado.

Aquellas Capitulaciones contenían la semilla de la discordia: pronto estalló una guerra fratricida entre pizarristas y almagristas. Estos últimos obtuvieron los primeros triunfos, apoderándose del Cusco y haciendo prisioneros a Hernando y Gonzalo Pizarro. Por mediación de Francisco de Bobadilla recuperaron la libertad, pero, como Almagro se negó a devolver la ciudad, se libró la batalla de Las Salinas, donde el ejército almagrista fue vencido. Almagro fue hecho prisionero y ejecutado por garrote en julio de 1538.

Los almagristas supervivientes, resentidos y radicalizados, se agruparon entonces en torno a su hijo, Diego de Almagro el Mozo. En un acto de venganza, asesinaron a Francisco Pizarro el domingo 26 de junio de 1541 y proclamaron a Diego gobernador del Perú. Sin embargo, poco después se enfrentaron a las fuerzas de Vaca de Castro, enviado por la Corona, en la batalla de Chupas, el 16 de septiembre de 1542. Los almagristas fueron derrotados y su caudillo ejecutado días más tarde.

Aquella guerra fratricida, impulsada por la envidia, la codicia y la ambición, carecía de toda justificación. Su gravedad aumentó cuando dejó de ser una contienda entre capitanes del Emperador para transformarse en un abierto desafío a la autoridad imperial.

Con la promulgación de las Nuevas Leyes de 1542, se establecieron el Virreinato del Perú y la Real Audiencia de Lima, lo que generó un profundo malestar entre los colonos españoles. El nuevo virrey, Blasco Núñez de Vela, llegado a Lima el 17 de mayo de 1544, anunció su firme propósito de imponer el estricto cumplimiento de dichas leyes. No tardó en apartar a Vaca de Castro, confinándolo en uno de los barcos anclados en la bahía.

Entretanto, Gonzalo Pizarro, el menor y más querido de los hermanos, hombre de carácter fiero e indomable, supo aprovechar el descontento general para reunir a su alrededor a todos los opositores del virrey. Nadie pudo detener el impulso de aquellos hombres decididos a levantarse contra el representante del Emperador.

El 18 de enero de 1546, en la batalla de Añaquito, las tropas del virrey fueron completamente derrotadas. Blasco Núñez de Vela fue decapitado y su cabeza expuesta en el rollo de la ciudad de Quito como símbolo del desafío que los rebeldes lanzaban a la autoridad imperial.

En España se comprendió muy pronto la gravedad de la rebelión encabezada por el capitán Gonzalo Pizarro, aunque la noticia de la muerte ignominiosa del virrey tardó en llegar. Por ello, y con el fin de evitar que aquellas ricas tierras recién conquistadas persistieran en su desesperación y desconocieran el dominio de los monarcas de Castilla y León, se procuró contener aquel brote de insubordinación tomando de inmediato las medidas necesarias. La primera fue buscar a la persona idónea para acometer, con esperanza de éxito, tan arriesgada empresa, que —como afirmaba el teólogo Pedro de Soto, consultor del Emperador en aquellos días— era tan grande que ningún príncipe debía emprenderla sino por Dios, y más complicada aún que el propio arzobispado de Toledo, vacante en aquel entonces.

El mismo Emperador, profundamente afectado por el gran desacato cometido contra Su Majestad, ordenó desde Alemania —donde entonces se hallaba— que sus consejeros se reunieran para deliberar sobre los remedios que debían tomarse y le comunicaran lo que considerasen más conveniente.

Según relata el Arcediano del Alcor, en aquella junta, presidida por el cardenal de Toledo, don Juan Tavera, junto a otros prelados y caballeros, se acordó que Su Majestad debía enviar al licenciado Gasca a pacificar aquella tierra, pues consideraban que si no se lograba por vía de negociación, tampoco sería posible con el uso de las armas. Aprobado su parecer, Su Majestad mandó que el licenciado Gasca se trasladase a donde se encontraba el príncipe don Felipe y, junto a él y los demás consejeros, tratase sobre los poderes que se le debían otorgar para dicha jornada. Se resolvió que él mismo redactara los capítulos que considerara necesarios, y así lo hizo de su propia mano, enviándolos al Emperador para que viera que provenían directamente de él. En esos capítulos se contenían todos los poderes de Su Majestad en las Indias, tanto en tiempos de paz como de guerra, y el Emperador los concedió, otorgándole una confianza extraordinaria.

Dos aspectos destacan en este relato del Arcediano del Alcor: la unanimidad de prelados y consejeros —presididos por el cardenal primado don Juan Tavera— al proponer a don Pedro de la Gasca para la llamada “jornada del Perú”, y el hecho de que La Gasca solicitó y obtuvo del Emperador carta blanca, con todos los poderes de la Corona, tanto civiles como militares, para las colonias americanas.

El biógrafo de La Gasca, citado anteriormente, ofrece más detalles sobre lo acordado por los consejeros Reales y de Indias, presididos por el príncipe don Felipe. Todos coincidían en que no bastaban la fuerza ni el poder humano para pacificar y recuperar aquellas tierras si no se recurría a medios de negociación adecuados y a una persona de gran prudencia, sagacidad y experiencia en los negocios. Solo el duque de Alba —don Fernando de Toledo, el gran general del Emperador— insistía en que un desacato tan grave no podía remediarse ni castigarse sino con una gran fuerza militar y que debía enviarse un capitán valeroso, prudente, astuto y experimentado en la guerra, al mando de una poderosa escuadra. Sin embargo, al ver la opinión unánime contraria a la suya y considerando la dificultad de reunir y trasladar tan gran armada, el Duque terminó por unirse al parecer general.

Finalmente, todos los consejeros, junto con el príncipe, designaron unánimemente a La Gasca, en quien concurrían todas las cualidades necesarias para tan ardua empresa, ampliamente demostradas en los distintos cargos y misiones que había desempeñado con éxito.

Era ya el año 1545 cuando el correo del príncipe Felipe, con todo lo acordado por el Consejo, llegó a Colonia en el mes de agosto. Allí, el Emperador Carlos V, informado de todo, aprobó el nombramiento de La Gasca, reconociendo sus méritos, y le escribió ordenándole aceptar el cargo. Le indicó que, ante la gravedad de los acontecimientos del Perú, dejara cualquier ocupación que tuviese, se pusiera en camino para entrevistarse con su hijo, el príncipe, y se dedicara de inmediato a preparar la expedición al Perú, prometiéndole recompensar sus servicios a su regreso.

La Gasca recibió la carta del Emperador el 17 de septiembre de 1545, junto con otra del príncipe Felipe, en la que se le ordenaba dejar todo asunto pendiente en Valencia y dirigirse de inmediato a la corte. Tras nuevas cartas que reiteraban la urgencia del llamado, partió de Valencia hacia Madrid el 3 de octubre. La corte se había trasladado recientemente desde Valladolid debido a una epidemia de peste que había causado numerosas víctimas, incluso entre personas de alto rango.

Una vez reunidos, bajo la presidencia del príncipe Felipe, todos los consejeros del Consejo de Estado y del Consejo de Indias, La Gasca —consciente de la enorme gravedad y complejidad del asunto del Perú— solicitó un poder tan amplio y absoluto como el que poseía el propio Emperador. Dicho poder debía autorizarlo a preparar todo lo necesario para acometer la empresa, así como a dirigir la pacificación y el restablecimiento del orden posterior. Aseguró además que no tocaría personalmente ni un maravedí de los fondos.

Estas peticiones parecieron excesivas a los consejeros, quienes pidieron a La Gasca que las redactara de su puño y letra en forma de capítulos, para que el Emperador viera que procedían directamente de él. Así lo hizo, y el documento fue enviado al Emperador, quien lo devolvió aprobado, concediéndole plenos poderes el 16 de febrero de 1546.

Hasta el 16 de marzo de ese mismo año, La Gasca permaneció ocupado en otros asuntos de Estado. Ese día se despidió de todos y se dirigió a los Carabancheles, donde su hermano Francisco Jiménez de Ávila era abad.

Desde allí partió el 2 de marzo (según el cómputo de la documentación, que alterna las fechas del viaje y de las diligencias previas), llegando a Sevilla el 16 de abril. De inmediato se ocupó de organizar la expedición con la mayor celeridad posible, y poco después se trasladó a Sanlúcar de Barrameda para supervisar la preparación de la otra parte de la escuadra. Los oficiales de la Casa de Contratación le asignaron al maestre de campo tres mil ducados para el sustento de La Gasca, ordenando que se le siguiera proveyendo de todo lo necesario mientras durara la expedición.

Nombramiento de La Gasca como delegado del Emperador para la jornada del Perú

El nombramiento de Pedro de La Gasca como delegado del Emperador para la jornada del Perú constituyó, dadas las circunstancias, un reconocimiento público de sus excepcionales cualidades en todos los ámbitos. Fue una prueba inequívoca de la confianza que inspiraba a sus contemporáneos para asumir tan ardua misión, y confirmó que, además del breviario y el crucifijo —símbolos con los que suele representársele—, llevaba consigo un poder absoluto para resolver toda dificultad que se presentara. La Gasca supo exigir tales atribuciones, consciente de que sólo así podría conducir con acierto la compleja empresa que lo aguardaba en el Perú.

En la Colección de Documentos publicada por el académico de la Historia don Juan Pérez de Tudela, se revelan interesantes detalles sobre el carácter de La Gasca y las condiciones que impuso o rechazó para emprender su misión. Su estado de ánimo, ya intuible en la carta del teólogo Pedro de Soto, se aprecia con claridad en otra que escribió a los príncipes Maximiliano —hijo del hermano del Emperador, don Fernando— y doña María, hija mayor de Carlos V. Ambos habían sido enviados a España con plenos poderes para gobernar durante la ausencia del príncipe Felipe, convocado por su padre a Alemania, adonde partió el 1 de octubre de 1548.

Aunque dicha carta fue redactada en América tras la pacificación del Perú, refleja con nitidez la humildad y el espíritu de servicio de La Gasca:

“La carta de vuestras altezas de 22 de febrero recibí a 13 de noviembre próximo pasado, y muy gran favor en mostrarse vuestras altezas servidos de lo que acá se ha hecho en la pacificación de esta tierra, en lo cual sólo de mi parte ha habido la fe que de buen vasallo de Su Majestad en mí hay, porque todo lo demás ha hecho Dios, que con muy particular mano guía y favorece las cosas de Su Majestad, y para que todo se atribuyese a su divina bondad, de quien todo bien viene, quiso escoger un instrumento tan inútil como yo, a quien nada se pudiese atribuir.”

A continuación, describe el estado de calma y prosperidad alcanzado tras su gestión, destacando la transformación moral y espiritual de los habitantes del virreinato:

“Y para los que en ella viven, así españoles como naturales, con el buen tratamiento que se les hace, y con ver que se les guarda justicia, que son defendidos de los robos y desventuras pasadas, se van cada día reformando y aficionando a nuestra santa fe católica, y ansí muchos caciques principales que son los que de ellos se han tornado cristianos.”

La carta está fechada en el puerto de la Ciudad de los Reyes (Lima), el 6 de diciembre de 1549.

El documento anterior, identificado como CXL en la misma colección, ofrece aún más detalles: se trata de un borrador de apuntes para el viaje al Perú, sin lugar ni fecha, pero perteneciente claramente al círculo íntimo de La Gasca. En él se describen con minuciosidad sus necesidades materiales y humanas antes de partir:

“Y habiendo de ir a esta jornada el Licenciado Gasca, porque él no tiene cosa con qué se poder ayudar en ella, esa poca renta que tiene es necesaria para pagar algo de lo que debe, de lo gastado en Valencia, será necesario que Su Majestad mande proveer a su persona y a las de sus criados en todo lo necesario para la ida y vuelta y estada allí, ansí de comer, vestir y cabalgaduras como de cualquier otra cosa que para su sustentación en la jornada convenga.

Y asimismo de un médico y barbero y medicinas, por la necesidad que todos dicen que en el viaje y en aquellas partes hay de esto.

Y asimismo para tratar y traer a asiento y pacificación las cosas de aquellas tierras, el dicho licenciado tiene necesidad de algunas personas cuerdas y de confianza, y que allá no sean sospechosas, que hallándose tres o cuatro de estas tales, que por sólo servir a Su Majestad y acompañar y ayudar al dicho licenciado quieran ir con él, mande Su Majestad proveerlos, al menos de comer y fletes y de lo necesario para el camino, cuando a algunas partes el dicho licenciado los enviare, que con sólo esto podrán hallar este número y cualidad personas entre las muchas que se han ofrecido al dicho licenciado.”

Esta parte del borrador refleja la austeridad y el sentido del deber que caracterizaban a La Gasca. Tras su paso por Valencia, había quedado endeudado y con escasos recursos, de modo que solicitó al Rey únicamente lo indispensable para cubrir los gastos de la expedición y el sustento de sus criados y colaboradores. Todo ello revela la sobriedad, la prudencia y el espíritu de servicio que guiaron su conducta desde los inicios de su vida pública.

El desinterés y la integridad de La Gasca

Aún más reveladora resulta la segunda parte del borrador mencionado, que completa el retrato moral del licenciado Pedro de La Gasca, mostrando su total desinterés y desprendimiento. Se lanzó a aquella ardua empresa movido únicamente por el deseo de servir a Dios y a su soberano, sin dejar espacio alguno para la codicia o el provecho personal.

El documento lo expresa con claridad admirable:

“Y porque el dicho licenciado no sabe de cuánta costa será lo sobredicho y le sería muy penoso y embarazoso para entender en los negocios, ocuparse en la cuenta y gasto de lo sobredicho, y también porque ansí como el dicho licenciado tiene intento de no sacar de esta jornada sino haber servido a Dios y a su príncipe, desea que ansí se entienda y que se conozca que, ni aun de lo que Su Majestad le da para este viaje, ahorra y gana dineros, Su Majestad ha de mandar poner una persona de quien confíe que gastará lo necesario y no más, y que con fidelidad y diligencia tratará y aprovechará su hacienda, que no sea tan corto que no gaste lo necesario y conveniente, ansí con la persona del dicho licenciado y los demás, como cuando con el dicho licenciado comiere alguna persona o personas que conviniese convidar, como acontece en la mesa de las personas que tienen semejantes cargos, en especial en negocios de la condición que al presente tienen aquellos de aquella tierra.”

Este pasaje constituye una de las pruebas más elocuentes del espíritu desinteresado con que La Gasca aceptó su misión en el Perú. Si a las Indias partieron muchos hombres movidos por la esperanza de enriquecerse —unos de manera legítima y otros no tanto—, el caso de La Gasca fue absolutamente excepcional: no sólo rehusó aprovecharse de su posición, sino que pidió expresamente no tocar ni un maravedí de los fondos que legítimamente le correspondían. Rogó al Emperador que designara a una persona de confianza para administrar los gastos, de modo que no recayera sobre él la menor sospecha.

No cuesta imaginar la impresión que semejante actitud produjo entre los consejeros imperiales: seguramente comprendieron que habían encontrado al único hombre capaz de pacificar unas tierras desgarradas por la ambición, la codicia y el orgullo.

Para contrastar el espíritu de La Gasca con el de otros protagonistas de la época, basta mencionar algunos datos de la enorme fortuna de Hernando Pizarro, tomados de una carta de Pedro de Soria dirigida a Inés Rodríguez, hermana del conquistador. El fragmento da cuenta del esplendor material alcanzado por la familia Pizarro:

“Las haciendas de Hernando Pizarro, mi señor, están muy buenas y valen más ahora un año que antes cuatro, porque maíz, coca y chuño pienso hacer este año cien mil castellanos para ayudar a lo que el gobernador, mi señor, gasta, y enviaré a Su Majestad. Negros y esclavos de Nicaragua he tomado allegar, y tengo de Hernando Pizarro, mi señor, sesenta y cuatro; he comprado algunas yeguas y cabras, y tengo dos mil ovejas y carneros, y casi otros tantos puercos, machos y hembras.”

La diferencia moral entre ambos personajes no podía ser más marcada.

Reconocida por el Emperador y sus consejeros la urgencia de restablecer el orden en el Perú, y concedidos a La Gasca plenos poderes para actuar, el licenciado se consagró sin descanso a preparar la expedición. Partió de España el 26 de mayo de 1546 y llegó al Nuevo Mundo en julio de ese mismo año.

Sin concederse reposo alguno, comenzó de inmediato la campaña de pacificación, desplegando su estrategia en tres frentes: la captación, la dilación y la agrupación de fuerzas. Envió varias cartas a Gonzalo Pizarro, ofreciéndole el perdón por su rebeldía, y mandó publicar por todo el territorio que su propósito era reparar los abusos del odiado virrey Blasco Núñez Vela y cumplir las promesas que habían motivado la rebelión, ahora sancionadas por el propio Emperador.

Desde los primeros momentos, tales medidas mostraron su eficacia. En una carta escrita desde Panamá el 4 de diciembre de 1546 al dominico Fray Francisco de Baraona, La Gasca relataba las negociaciones iniciadas con los capitanes de Pizarro:

“Y después que por vuestra paternidad y por muchos que en su compañía vinieron conocí más la desconfianza que se tenía de poderse allanar Gonzalo Pizarro sino por rigor, se apretó más la negociación, y todos los señores capitanes que aquí estaban se determinaron en que se le publicasen contra Pizarro, de poner a sí y a su armada debajo de la voz de Su Majestad, excepto el general que, aunque como buen caballero estaba determinado de lo hacer cuando del todo se entendiese que ninguna buena esperanza se debía tener de Gonzalo Pizarro, pareciéndole que aún no se había entendido esto por cartas ni mensajero suyo, y que por esto no era tiempo de declararse contra él.”

Estas palabras de La Gasca resultaron sumamente esperanzadoras: tras los primeros contactos y gestiones, la moral de los capitanes de Pizarro comenzó a resquebrajarse. Sólo su general mantuvo una postura cautelosa: mientras no llegasen cartas o mensajeros que manifestasen con claridad la decisión de Gonzalo, no podía adoptarse una postura condenatoria.

Las cartas esperadas arribaron el 12 de noviembre traídas por Lorenzo de Aldama. Entre ellas figuraba una misiva de Gonzalo Pizarro que dejaba patente su fiereza, su arrojo —y también su desvergüenza—: en ella instaba a que no se presentase a aquella tierra, sino que retornara a España a suplicar a Su Majestad que nombrase a Gonzalo gobernador; además profería amenazas contra La Gasca si éste acudía donde él estaba, e incluso maquinaba su eliminación haciéndolo embarcar con un piloto cómplice que lo arrojase al mar.

Frente a una postura tan radical, los capitanes y oficiales que habían dudado se declararon entonces leales al Rey y pidieron a La Gasca que, antes de hacer pública la declaración, se enviaran por las provincias traslados auténticos que revocasen las ordenanzas del último virrey y comunicaran el perdón ofrecido en nombre del Emperador. Aquello equivalía a aplicar el método de “captación de voluntades” que La Gasca venía practicando desde su desembarco en tierras peruanas: demostrar que la Corona ofrecía reparaciones y garantías para atraer apoyos.

Las bravatas de Pizarro apenas alteraron el ánimo de La Gasca, que conocía bien la disposición de la Real Audiencia de Lima —actuando por mandato imperial—: ésta había ordenado a Gonzalo Pizarro que, al recibir la disposición real, deshiciera su ejército y gente de guerra y que, con quince o veinte caballos, se presentara en la Ciudad de los Reyes para ponerse a las órdenes de la Audiencia, prometiéndole justicia y las medidas convenientes para la pacificación del territorio y el buen trato de los naturales.

Existe asimismo una breve carta de Pedro de Cuevas a Gonzalo Pizarro (fechada el 6 de junio de 1547) en la que da cuenta de cómo, para aplacar y responder a un grupo de soldados —unos ochenta o cien— enviados por Alonso de Hinojosa, se distribuyeron 4.000 pesos de las haciendas de Hernando Pizarro y 6.000 pesos de la hacienda propia de Gonzalo, con el fin de calmarlos antes de su partida.

Más relevante aún es la carta que La Gasca remitió desde Andahuaylas a Gonzalo Pizarro en febrero de 1548. En ella desmonta punto por punto los argumentos invocados por Pizarro para justificar su conducta. La Gasca refuta, por ejemplo, la idea de que el descubrimiento y conquista realizados por el marqués (Hernando Pizarro) autorizaran a su familia a rebelarse contra la Corona: tal interpretación sería una perversión del derecho y de la razón. Señala que el Emperador —por derecho y por la autoridad pontificia— concedió el descubrimiento y la conquista al marqués como merced y retribución; gracias a esa merced y al auxilio de sus vasallos, el marqués y sus allegados pudieron enriquecerse, pero siempre en reconocimiento de la soberanía y la gratitud debida a Su Majestad.

Con agudeza dialéctica, La Gasca recuerda que, si el Emperador confirió el derecho sobre aquellas tierras al marqués, lo hizo también pensando en el servicio que la Corona necesitaba para la efectiva posesión y explotación de los territorios; la cooperación de sus vasallos fue parte esencial de esa obra común y no una razón legítima para negar la autoridad real. En suma: la gracia real permitió enriquecer a los conquistadores, pero no les otorgó patente para la ingratitud o la sedición.

Así, mediante una mezcla de persuasión —ofrecimiento de perdones y garantías— y de demostraciones de autoridad jurídica y moral, La Gasca fue minando la resistencia de los seguidores de Pizarro y consolidando el apoyo a la Corona, paso decisivo en la pacificación del virreinato.

Gonzalo Pizarro no había permanecido inactivo desde su enfrentamiento con el virrey Blasco Núñez Vela, como lo demuestra una carta sin lugar ni fecha dirigida al Emperador, en la que relataba diversos sucesos y aseguraba que tanto él como su familia siempre habían mantenido fidelidad y lealtad hacia la Corona. Alegaba que era necesario que el propio monarca lo escuchara para esclarecer su situación y poner fin a las calumnias que —según él— se habían levantado en su contra. Recordaba además que había aceptado el cargo de gobernador a instancias de la Audiencia, contra su voluntad, solo mientras se pacificaban las provincias y se disipaban las acusaciones que pesaban sobre su persona.

En esa primera carta, Pizarro descargaba su ira contra el virrey Blasco Núñez Vela y sus partidarios; pero en otra, escrita el 20 de julio de 1547 desde Los Reyes, reconocía ya la presencia del licenciado La Gasca. En ella trataba de justificarse ante el nuevo enviado imperial, defendiendo sus acciones tras la guerra contra el virrey y negando haber tenido jamás intención de apartarse del servicio de Su Majestad.

Decía Gonzalo Pizarro:

“Siendo nombrado por gobernador por vuestra real Audiencia, tuve estos reinos en toda justicia, librándolos a mi costa de la guerra y alborotos que en ella había, procurando que los naturales recibiesen la religión cristiana…”

El tono de la carta es una apasionada apología de su conducta, en la que se presenta como pacificador y protector de los indios, mientras culpa de todos los males y alteraciones a las disposiciones tomadas por La Gasca.

Si esta defensa escrita por el propio Gonzalo Pizarro pudiera haber suscitado alguna duda en el ánimo del pacificador, aún más comprometedor resultaba otro documento: una carta fechada el 14 de octubre de 1546, suscrita por los principales del Perú. En ella afirmaban que los reinos del Perú enviaban procuradores a Su Majestad para pedirle que confirmara la gobernación de Gonzalo Pizarro, “porque con él toda la tierra estará segura y pacífica en servicio de Su Majestad y en toda justicia, enviándole cada año sus dineros y quintos reales”.

Los firmantes —sesenta y cuatro de los más influyentes del territorio— ensalzaban los méritos de Pizarro y, dirigiéndose a La Gasca, le suplicaban que, movido por su celo al servicio de Dios y del Rey, regresase a España para informar personalmente al Emperador de lo que más conviniera a aquellas tierras. La carta, también escrita en Los Reyes, pretendía reforzar el prestigio de Gonzalo y desautorizar las gestiones de La Gasca.

Pero el colmo de la insolencia y el desprecio se encuentra en la carta que Francisco de Carvajal envió a La Gasca desde El Cusco, el 29 de diciembre de 1547. Todo el texto rezuma odio, amargura e insultos, nacidos del resentimiento por la reciente pérdida de la escuadra pizarrista, que se había pasado al servicio del Emperador. Desde las primeras líneas, Carvajal exhibe su brutal franqueza:

"¿Qué ha pasado por la mente (o juicio) de usted, capellán, siendo tan sensato como dicen que su reverencia es? ¿Cómo es posible que piense solucionar (o resolver) con sus bulas falsas y una carga de cartas mentirosas, algo que el rey no ha podido terminar ni tiene los medios (la capacidad o el poder) para lograrlo con todo su poder?

Debería haber considerado bien que los traidores que le entregaron la armada, vendiendo a su señor por dinero, tal como Judas hizo con el Creador del mundo, lo hicieron por sus intereses personales, con el objetivo de dominar (o controlar) todo lo que le decían. Y lo hicieron con la intención de que usted terminara siendo su capellán (o su sirviente), tal como lo había planeado el ladronzuelo de Centeno."

El tono de Carvajal, sarcástico y violento, revela el estado de ánimo del bando rebelde: herido por las pérdidas, desconfiado y profundamente resentido ante la autoridad de La Gasca. Sus palabras —mezcla de ultraje, ironía y amenaza— no solo buscaban humillar al pacificador, sino también exaltar la causa pizarrista, que por entonces empezaba a desmoronarse bajo el peso de su propia soberbia.

En este contexto se teje toda la correspondencia, de la cual deseo destacar un detalle adicional: después de la pérdida de su escuadra, Gonzalo Pizarro, con los 140 hombres que aún le quedaban, partió de Cusco para enfrentarse con La Gasca. ¿Lo hacía para animarle o para tenderle una trampa?

Trece días antes de la carta anterior, es decir, el 16 de diciembre de 1547, el licenciado Pedro de la Gasca escribió una extensa misiva a Gonzalo Pizarro en respuesta a otra que este había dirigido al Rey. En ella, La Gasca refuta punto por punto todas las afirmaciones de Pizarro, dejando al descubierto sus verdaderas intenciones, ya evidentes en su conducta desleal hacia el virrey.

Remitiendo su texto al correspondiente apéndice, conviene copiar una declaración del propio La Gasca, fechada en Jauja el 16 de diciembre de 1547, donde expone con claridad la deslealtad de Pizarro:

"Usted (o Su Señoría) también sabe lo incompatible que resulta (o qué poco concuerda) con la fidelidad que en su carta quiere hacer creer a Su Majestad que ha demostrado para su servicio real, el que usted estuviera intentando conseguir la investidura de estos reinos por parte de Su Santidad (el Papa), incluso antes de que yo llegara.

Esto es una acción irrazonable (o fuera de lugar) y una prueba de su desconocimiento de la verdadera posición de nuestro rey, tanto en Roma como en el resto del mundo."

Esta descabellada idea de Gonzalo Pizarro —acudir al Papado para obtener por medio de una bula el dominio sobre aquellos territorios— revela su total desconocimiento del orden político del Imperio, aunque armoniza con la teoría del Pontífice como señor supremo de toda la Tierra.

Estos documentos evidencian el profundo abismo que se había abierto entre Pizarro y La Gasca, haciendo imposible toda negociación pacífica debido a las posturas irreconciliables de ambos. Sin embargo, en un inicio se intentó sinceramente el camino de la conciliación, como puede deducirse de una carta del emperador a Pizarro y de otra enviada por La Gasca al mismo.

La del emperador es, en esencia, una carta de presentación de La Gasca:

"A él [el licenciado] le hemos otorgado comisiones y poderes para que establezca la paz y la tranquilidad en esa tierra, y para que disponga y ordene allí todo lo que considere conveniente para el servicio de Dios Nuestro Señor, para el enaltecimiento (o prosperidad) de esas provincias y para el beneficio de sus pobladores.

Por lo tanto, yo les ordeno y mando que todo aquello que el mencionado licenciado les mande en nuestro nombre, lo ejecuten y cumplan como si la orden hubiera provenido directamente de Nosotros (el Rey/la Corona)."

La carta concluye exhortando a Pizarro a acatar las disposiciones de La Gasca, recordándole la lealtad y los servicios de sus hermanos. Está fechada en Venecia, el 16 de febrero de 1546.

Más interesante y extensa resulta la carta que La Gasca envió a Pizarro junto con la anterior. En sus primeros párrafos, expone con tacto el origen de las alteraciones ocurridas en aquellas tierras desde la llegada del virrey Blasco Núñez, aclarando que no se trataba de actos de desobediencia a Su Majestad, sino de una reacción ante el rigor y la aspereza del virrey.

Dirigiéndose luego directamente a Pizarro, le suplica que contemple la situación “con ánimo de cristiano, de caballero, de hijodalgo y de prudente”, y con el amor y la voluntad que siempre había mostrado hacia el bien de aquella tierra y de sus habitantes.

Estos nobles argumentos de conducta leal y fiel son expuestos con gran conocimiento jurídico e histórico por La Gasca, quien concluye su carta con un párrafo de intensa emoción:

"Y con este fervor (o dedicación) y amor he sido el mayor promotor (o impulsor) que todos ustedes han tenido en este asunto (o negociación). Decidí sacrificarme personalmente (o ponerme en apuros) para sacarlos a ustedes de ellos, y arriesgar mi vida para evitar que ustedes perdieran las suyas.

Pensé que, si lograba completar esta expedición (o empresa), regresaría a España contento; y si no, me iría consolado de haber hecho todo lo que estaba en mis manos para cumplir con Dios, por mi deber de cristiano, y con mi rey, por mi deber de vasallo, y con ustedes, por mi obligación como persona cercana y natural.

Y si Dios me quitara la vida en esta empresa, me la quitaría siguiéndole a Él y a mi príncipe, esforzándome por hacer el bien y librar de males a mis semejantes. Y puesto que usted y todos los habitantes de esa tierra me deben tanta fe y amor, es justo que presten atención a lo que les digo.

De hecho, solamente con esto (prestando atención a lo que les digo) quiero que ustedes me paguen la deuda que tienen conmigo."

Esta conmovedora carta de La Gasca fue redactada en Panamá el 26 de septiembre de 1546 y se entregó —junto con la del Emperador— a Pedro Hernández Paniagua, vecino de Plasencia establecido en la ciudad de Panamá.

Dos meses después, el 28 de noviembre de 1546, en otra carta dirigida a Pizarro, La Gasca se hace eco del escrito que le remitieron sesenta y un notables del país instándole a regresar a España. En esa misiva justifica brevemente su misión y recuerda que, a sus enviados —el general Pedro de Hinojosa y Lorenzo de Aldana—, sin obligación alguna, les mostró y facilitó copias auténticas de las provisiones reales que llevaba, añadiendo que no se extendía más porque ya todo lo esencial lo había expuesto en la carta remitida por Pedro Hernández Paniagua.

Cuando La Gasca se disponía a partir, llegó a sus manos la relación pormenorizada escrita por un pasajero que había salido del Perú a fines de agosto de 1546. Ese relato describe el clima de temor y violencia existente tras la ejecución sacrílega del virrey —cuyo cadáver fue expuesto en una pica en la plaza de Cusco—, las muertes de partidarios reales y los atropellos de toda índole que sembraron el terror en la población. Según el testigo, “quedó toda aquella tierra tan amedrentada y sometida que hasta los obispos, por el miedo que les inspira, procuran complacerle y servirle; tanto que, al tiempo de mi salida de la ciudad de Lima, el obispo esperaba que llegase Gonzalo Pizarro para, en su presencia, consagrar al de Cusco.”

El poder absoluto que Gonzalo parecía detentar por entonces provocó que algunos de sus soldados ironizaran: “¿qué le falta ya a este hombre? —se decían—; coronóse, pues no le falta otra cosa.” De hecho, quienes conocían sus intenciones presumían que, si la Corona no le confirmaba como gobernador, difícilmente volverían a la obediencia por la vía de la clemencia; más bien sería necesario el rigor y la fuerza para desalojar su tiranía, opinión que coincidía con la postura sostenida por el duque de Alba.

Entre las expresiones que atribuían a Pizarro, circulaba ésta: “No ande el Rey buscándome triquiñuelas; juro a Nuestra Señora que si no nos envía como queremos, se derramará sangre y le costará la victoria”, y sus hombres comentaban públicamente en la plaza, con desvergüenza, sus pretensiones y las dádivas que se esperaban obtener, como en el caso del capitán Martín de Robles, a quien hizo alguacil mayor de Lima.

Si el Duque de Alba renunció a la idea de intervenir por mar, más por las inmensas dificultades logísticas y el coste de armar una poderosa escuadra que por convicción, el pasajero señalaba otra vía: convertir a la Corona en dueña del litoral del Pacífico mandando construir navíos en Nueva España, lo que, según él, permitiría someter la tierra con relativa facilidad.

Sin embargo, lo que resultó más decisivo —y mucho más económico— fue la estrategia aplicada por La Gasca: sin recurrir a la armada, logró atraer a su causa a la propia escuadra de Pizarro con sus capitanes y soldados. Pronto sería el mismo Gonzalo Pizarro quien, con sus actos y palabras, nos facilitaría la pista para comprender cómo se produjo esa captación de voluntades desde el primer momento.

En una carta fechada en Los Reyes el 8 de abril de 1547 y dirigida a Benalcázar, Gonzalo Pizarro le escribía:

“De Panamá hace muchos días que no tengo carta del capitán Hinojosa ni de los que allá están. Tengo sospecha y recelo de que les haya sucedido algún desastre, y que el licenciado La Gasca, con alguna maña, se haya apoderado de la armada.”

Previendo lo peor —la pérdida de la flota—, Pizarro restaba importancia al asunto, argumentando que la verdadera fuerza militar en el Nuevo Mundo estaba en tierra, no en el mar. Nunca le preocupó demasiado reforzar su escuadra, aunque aún conservaba en Lima diez navíos, y en Los Reyes dos grandes galeones y una galeota de veinte remos, que fácilmente podía aumentar, por lo que consideraba de poca relevancia que sus enemigos ganaran el dominio naval.

A continuación, pasa a describir su ejército terrestre, ofreciendo una de las estadísticas más completas que se conservan:

“Hallé en Lima, por este tiempo, dos mil hombres, de los que vuestra señoría conoce que hay en esta tierra. El maestre de campo Francisco de Carvajal está en Guamanga con trescientos veinticinco hombres, procedentes del desbarato de Centeno y Lope de Mendoza. En Lima tengo, en la casa de munición, mil ochocientas picas y setecientos arcabuces, sin contar los que poseen los soldados ordinarios; además, mil setecientas celadas, doscientos cincuenta coseletes fabricados en el Cusco y Xauxa, cien arneses y coseletes traídos de España, y mil caballos dispuestos para toda afrenta.

He enviado al sargento mayor Juan de Silveira para que en el Collao y Charcas recluten toda la gente posible, y lo mismo he ordenado a los tenientes del Cusco, Charcas y Arequipa. Vuestra señoría crea que llegaremos a juntar cinco mil hombres.”

Concluye advirtiéndole sobre posibles maniobras de La Gasca y reafirmando su determinación de resistir.

No es mi propósito seguir paso a paso la actuación del licenciado La Gasca desde su llegada a América hasta su retorno, tras conseguir la pacificación del Perú. Por ello, de entre sus numerosas relaciones —que recogen los sucesos de cada jornada—, he escogido la que escribió desde Tumbes el 11 de agosto de 1547, dirigida a don Francisco de los Cobos.

En esta relación, La Gasca narra los acontecimientos ocurridos desde su partida de Taboga el 12 de abril, destacando las dificultades marítimas que afrontó en el mar del Perú con sus dieciocho naos y una galeota. Lo acompañaban el obispo de Los Reyes, el general Pedro de Hinojosa y Diego García de Paredes. Finalmente, arribaron al amanecer del 27 de abril a la isla Gorgona.

Como las demás naves no habían llegado aún, y una vez provistos de agua y leña, partieron el 30 de abril en la galeota con cuarenta o cincuenta hombres rumbo a la bahía de San Mateo, donde comenzaron a enviar cartas y despachos en nombre de Su Majestad, procurando ganar la tierra para su causa.

De San Mateo pasaron al puerto de Manta, donde arribaron el 31 de mayo. Allí recibieron la grata noticia de que muchos otros puertos ya se habían declarado a favor del Rey, tras haber estado antes con el virrey y temer la posible llegada de Pizarro.

La Gasca prosigue relatando las incidencias ocurridas en Trujillo, que finalmente quedó del lado de Su Majestad. Desde allí, Lorenzo de Aldana comenzó a enviar despachos a todas las ciudades del Perú con las últimas disposiciones reales.

El relato continúa describiendo la labor constante de captación de voluntades y el esfuerzo por infundir ánimo y valor ante las amenazas de Pizarro, hasta llegar a la ciudad de Quito, donde se produjeron graves sucesos, entre ellos la muerte y descuartizamiento del representante de Pizarro, Pedro de Puelles.

Mientras ocurrían estos hechos, lograron reunirse todas las naos que habían partido de Tabeza, aunque se encontraban muy deterioradas y con gran parte de su tripulación enferma. "Se dejó una parte de ella [la expedición o carga] en Manta, confiada al cuidado de Diego Méndez, a quien se le entregaron provisiones de España que se pudieron conseguir para la curación de los enfermos (o de ellos). Estas provisiones incluían: vino, pasas, almendras, azúcar y algunas medicinas.

Se dio la orden de que, cuando los caballos pasaran por allí, los enfermos que estuvieran en condiciones de caminar (o los que pudieran desplazarse) fueran enviados con las bestias de carga."

Finalmente, el 30 de junio de 1547 llegaron a Tumbes, donde encontraron varios capitanes y hombres que ya habían reconocido al Rey, y que llevaron provisiones, pues Tumbes era una región muy estéril. Fueron días de interminables deliberaciones sobre la ruta que debía seguirse, y también de recepción de nuevos informes sobre la situación, traídos por quienes acudían a ponerse a las órdenes de La Gasca.

A Tumbes llegaron noticias inquietantes: “Las nuevas que hasta ahora se tienen de Gonzalo Pizarro es que, entendiendo cómo Lorenzo de Aldana e los que con él van, iban al puerto de Lima, había echado a fondo todos los navíos que allí había, para que no los tomase aquella armada.”

Como su maestre de campo, Francisco de Carvajal, desaprobó esta acción, Gonzalo Pizarro regresó a Lima, donde pasó revista a 800 hombres, enviando luego emisarios al Cusco y a Charcas para reclutar más soldados. Con cierta ironía, comenta La Gasca en su relación que Pizarro habría reunido aún mayor número de hombres, de no haber descuidado sus preparativos pensando que él regresaría a España desde Panamá y que, hasta que Su Majestad proveyera lo necesario para la guerra, transcurrirían al menos dos años, tiempo que consideraba suficiente para su alistamiento.

Ante las nuevas noticias de los preparativos bélicos de Gonzalo Pizarro, resolvió La Gasca, como medida eficaz, abreviar el tiempo y escoger el camino más corto para enfrentarse al ejército rebelde.

Mientras tanto, llegó una noticia que cambiaría el rumbo de los acontecimientos: Pizarro había enviado al Cusco a Antonio de Robles para reclutar hombres en su favor, pero mientras éste cumplía su misión, llegó a la ciudad Diego Centeno con sus tropas, y enfrentándose a Robles, logró alzar el Cusco en nombre del Rey. Capturó a Robles, lo arrastró y mandó cuartear. Este desastre, al llegar a oídos de Pizarro, le obligó a abandonar Lima y encaminarse al Cusco, tomando medidas urgentes.

Entre estas medidas figuraban, en primer lugar, la requisa de caballos, yeguas y mulas de Lima y sus alrededores —en total 1.500—, así como la imposición de un tributo en oro y plata a los mercaderes y vecinos que no pudieran acudir a la guerra. Además, envió a Juan de Acosta con 300 hombres por el camino de la sierra, mientras él se preparaba para marchar al Cusco por la ruta de los llanos.

La Gasca relata así lo sucedido:

"Una vez que Juan de Acosta ya se había marchado, y mientras él [Lorenzo de Aldana] se estaba preparando tal como se ha dicho, el 12 de julio entraron en la fragata Lorenzo de Aldana y los capitanes Mexía, Palomino y Juan de Illanes.

Dispararon la artillería que llevaban, la cual era muy buena y abundante para su uso en este mar, y también la arcabucería. Esto confundió a Gonzalo Pizarro y a aquellos que compartían su torpe opinión (o juicio equivocado), y al mismo tiempo, animó enormemente a aquellos que deseaban volver al servicio de Su Majestad y liberarse de aquella dura tiranía y cruel servidumbre."

Viendo Pizarro que su gente comenzaba a desertar, y temiendo que el desmoronamiento fuera total, partió de Lima rumbo al Cusco el 17 de julio, siguiendo el camino de los llanos. Apenas levantó su real, se proclamó la justicia del Rey en Lima, se alzó la bandera real y todos celebraron con alegría el fin de aquella tiranía.

En medio de nuevos consejos con los capitanes, que seguían aumentando en número, el 18 de agosto llegó una excelente noticia a Tumbes: Diego Centeno, con 46 hombres, había entrado al Cusco la víspera del Corpus y, tras vencer a los 270 hombres de Pizarro, puso la ciudad bajo la bandera del Rey y restableció las justicias reales.

Con ello concluye esta larga y complicada relación, señalando que la mayoría de la gente ya había partido de Tumbes, y que él, con los restantes, lo haría dentro de tres días.

Cuando dos adversarios se buscan y preparan el encuentro, el enfrentamiento suele ser inevitable si ninguna causa mayor lo impide; esa causa no apareció, y así se llegó finalmente a la lucha, como puede verse en la relación que La Gasca envió desde el Cusco a don Francisco de los Cobos, el 3 de mayo de 1548.

Después de haber pasado varios meses en Andahuaylas, relata La Gasca:
"Entre el nueve y el diez de marzo salió de Andahuaylas la mayor parte del ejército (o campamento), junto con el General. El día once salimos [los que escribimos el informe]: los Obispos de Lima y Quito, Benalcázar, Diego Centeno y la mayoría de los que se habían quedado atrás.

Para reunir y organizar la partida del resto de la gente, se quedó el Mariscal Alonso de Alvarado, y con él Pedro de Valdivia, ya que fue difícil conseguir indígenas para el transporte de las cargas. Y a pesar de que dejamos allí muchas de ellas y fuimos ligeros de equipaje, no pudimos tener los recursos (o la organización) necesarios para partir todos juntos."

Siguiendo un plan estratégico trazado desde Avanteo, mandaron construir varios puentes sobre el río con el fin de confundir al enemigo respecto a la ruta que tomarían hacia el Cusco. Finalmente decidieron avanzar por Cotabamba, pues la subida de la sierra era buena, y ordenaron construir en secreto un puente en esa parte.

Con gran empeño y diligencia, el puente quedó terminado en los primeros días de abril, permitiendo el paso del ejército —excepto la caballería— a nuevas posiciones. Sin embargo, los espías de Pizarro descubrieron tanto la construcción del puente como los movimientos de las tropas.

Por primera vez aparece en la relación el nombre de Xaquixaguana, situada a cinco leguas del Cusco, hacia el puente por donde avanzaban. Un incidente precipitaría los acontecimientos: al enterarse Pizarro del avance de La Gasca, envió a Juan de Acosta con 120 arcabuceros y 30 jinetes para incendiar el puente, mientras él mismo salía del Cusco a toda prisa para socorrerlos y situarse en Xaquixaguana.

Pasada la noche del 4 de abril, cruzó el ejército por completo, y al amanecer del día 5 los capitanes Diego Centeno y Pedro de Cabrera salieron en descubierta con cien hombres. En el camino encontraron a Juan de Acosta, que avanzaba con 300 soldados españoles y más de mil indios. Creyendo que se trataba del ejército completo de Gonzalo Pizarro, dieron la alarma en los campamentos de La Gasca. Pero al observar más detenidamente y replegarse en orden, comprendieron que el enemigo apenas contaba con trescientos españoles, siendo los demás auxiliares indígenas.

Los días 6, 7 y 8 se emplearon en reducir distancias, realizar escaramuzas y concentrar las fuerzas en posiciones estratégicas, preparándose para el enfrentamiento decisivo.

Era muy temprano el 9 de abril cuando se dispusieron para la batalla. Colocaron la artillería en un punto ventajoso, desde donde causó graves bajas y desorden en las filas de Pizarro. Muchos de sus hombres desertaron y casi todos los indios huyeron, volviendo ineficaz la escasa artillería del rebelde.

Relata La Gasca:

"Garcilaso y todos los que se nos habían unido (o pasaron a nuestro bando) nos aconsejaban que ese día no se diera batalla, sino que nos posicionáramos de forma ordenada cerca del campamento de Gonzalo Pizarro. Argumentaban que con esa acción él se disolvería (o su ejército se desintegraría) sin necesidad de enfrentamiento (o sin bajas). Y aunque temí que Gonzalo Pizarro huyera esa noche, me pareció que debíamos retrasar el asalto para ver si continuaba la deserción de gente hacia nosotros."

"Pero cuando Gonzalo Pizarro y su maestre de campo se dieron cuenta de que su gente los estaba abandonando, intentaron marchar hacia nosotros de forma ordenada. Al ver esto, nuestros destacamentos de avanzada y flancos (o mangas) comenzaron a acercarse a ellos y a dispararles. Nuestra artillería hizo lo mismo. Y todo nuestro ejército, con un paso bien coordinado y una firme determinación, se aproximó a ellos."

"Y solo con esta acción (o al solo acercarnos), los enemigos fueron dispersados (o derrotados). Y como hombres perdidos y vencidos (o desesperados), que luchaban contra quien Dios combatía, algunos emprendieron la huida. Entre ellos estaba Francisco de Carvajal, cuyo caballo cayó inmediatamente en una ciénaga (o pantano) allí, y fue capturado por Martín de Almendras.

En cuanto a Gonzalo Pizarro y otros de sus capitanes, no pudieron ni luchar ni huir, y así fue apresado por Villavicencio, sargento mayor de nuestro ejército, junto con Juan de Acosta, el bachiller Guevara y Francisco Maldonado (este último fue a España), quienes eran capitanes de Gonzalo Pizarro, además de muchos otros."

He querido —dice el cronista— dejar hablar al propio La Gasca, para que nos describa con sus palabras la batalla del valle de Xaquixaguana, librada el 9 de abril de 1548, victoria que puso fin a aquella larga y dolorosa guerra civil.

Preso Gonzalo Pizarro, fue llevado por el mariscal de campo ante La Gasca, representante del Emperador, quien lo recibió después de dar instrucciones al ejército vencedor sobre su conducta posterior.

Acalladas las armas, comenzó allí mismo la acción de la justicia. Aunque La Gasca poseía un Breve Pontificio que lo autorizaba para conocer y sentenciar incluso en causas criminales y de muerte, prefirió, por respeto a su hábito eclesiástico, delegar el asunto de los reos en el mariscal y en el licenciado Cianca.

El propio La Gasca reconoció que el triunfo debía atribuirse a la Divina Majestad y al Emperador, quien en su clemencia concedía perdón a los que abandonasen la rebelión. Así terminó aquel conflicto, “con tan poco derramamiento de sangre que, de parte de Su Majestad, sólo un hombre murió, e de los enemigos no murieron de cuarenta y cinco arriba en la batalla, habiendo de entrambas partes mil y cuatrocientos arcabuceros, diecisiete tiros de campo y más de seiscientos hombres de a caballo, sin contar el número de piqueros.”

En otro pasaje, al describir la preparación para el combate, La Gasca indica la composición de su ejército: un primer bloque de infantería formado por 300 piqueros y 400 arcabuceros, acompañado de 220 jinetes; otro contingente integrado por 200 piqueros, 300 arcabuceros y 150 caballos al mando del adelantado Benalcázar; además, más de 50 caballos dirigidos por el capitán Alonso de Mendoza. En conjunto, contaría aproximadamente con 1.500 infantes y 450 jinetes.

Gonzalo Pizarro, como vimos en otra ocasión, afirmaba que al partir de Lima rumbo al Cusco pensaba reunir hasta 6.000 hombres entre españoles e indios; sin embargo, el día de la batalla ya le habían abandonado los indios y buena parte de sus seguidores.

La noche del 9 de abril —fecha de la victoria sobre Pizarro en el valle de Xaquixaguana—, reunidos en el mismo campo de batalla el obispo de Lima, el general, el mariscal de campo y el licenciado Cianca, acordaron aplicar de inmediato la justicia contra Pizarro, su maestre de campo y otros cabecillas, tras tomar sus confesiones y recabar las pruebas de los delitos notorios.

La lista de los ajusticiados la encabezó Gonzalo Pizarro, ejecutado por traidor al día siguiente, el 10 de abril; su cabeza fue puesta en una pica en la plaza de Lima, aunque La Gasca lo libró del descuartizamiento en recuerdo de su hermano, el marqués de Pizarro. Según las fuentes, murió con entereza. Ese mismo día se ajustició también al maestre de campo Francisco de Carvajal: su cabeza fue llevada a Lima y sus cuartos a Cusco. Fue ejecutado igualmente el bachiller Guevara, capitán de Pizarro.

El 11 de abril se ahorcó y descuartizó al capitán Juan de Acosta; su cabeza fue llevada al Cusco. Con estas sentencias concluyeron las ejecuciones en el campo, y ese mismo día las tropas se dirigieron a Cusco, adonde arribaron el 12 y fueron recibidas con gran alegría por la población.

Ya establecidos en el Cusco, La Gasca dirigió mensajes a todos los pueblos del Perú anunciando la gran merced concedida por Dios y la paz restituida, mientras proseguía la acción de la justicia contra numerosos culpables. Se requisaron bienes y, en el plazo de siete u ocho días, se reunió una importante suma en plata, oro, esmeraldas y ropas —valorada en más de 120.000 pesos—, de los cuales 40.000 correspondían a los quintos reales escondidos por Gonzalo Pizarro al retirarse de Lima hacia Cusco.

Para evitar cualquier sombra de codicia en su administración, La Gasca ordenó que lo reunido se depositara en una cámara de su posada bajo tres llaves: una en poder del obispo de Lima, otra del obispo de Cusco y la tercera del contador Juan de Cáceres, encargado de custodiarlas con diligencia.

Paralelamente a las ejecuciones, se tomaron disposiciones para normalizar la vida pública: nombramiento de jueces y funcionarios, castigo de muchos a galeras o al destierro (previo azote) y puesta en marcha de las minas de Charcas, Porco y Potosí. Asimismo, se recaudaron bienes de los culpados y se designaron responsables: Jerónimo Alderete como tesorero de aquellas tierras; Esteban de Sosa, contador; y Vicente Monte, veedor.

Fray Bartolomé de las Casas recoge también sucesos religiosos derivados de la conmoción: el 29 —según su relato— fray Tomás de San Martín, provincial dominico, impuso públicamente disciplina y penitencia a fray Luis, uno de los más exaltados defensores de Pizarro, a quien condenó a clausura y a penitencias severas.

Las últimas ejecuciones documentadas tuvieron lugar los días 2 y 4 de mayo, con las muertes de Diego de Carvajal (natural de Plasencia) y Antonio de Viedma (natural de Úbeda). De los numerosos castigados con galeras o destierro no existen cifras precisas, pues esas penas se consignaron de manera indefinida; en total, los ejecutados nombrados nominalmente fueron doce.

Para terminar, cabe reproducir una petición final de La Gasca que refleja su cansancio y deseo de retorno: pedía autorización para volver a España tan pronto como Su Majestad se lo permitiera, pues había aceptado la misión con la condición de poder regresar cuando la tierra quedase pacificada. Recordaba que, aunque había solicitado la licencia, no quería partir sin ella; tenía ya cincuenta y cinco años —los cumpliría en agosto— y esperaba volver con honra, llevando a la Corona abundante tesoro y confiando en que dentro de tres meses y medio la pacificación estaría consolidada, la gente que siguió a Pizarro dispersa y la Audiencia de Lima asentada. Por ello solicitaba que se detuvieran los navíos con el nombre de Dios hasta su llegada, para poder embarcar con ellos.

Cuando La Gasca redactaba esta extensa relación y expresaba su deseo de regresar a España en tres meses y medio, sin duda pecaba de optimismo, pues pronto comprobaría que aquello le sería imposible.

La Gasca sabía perfectamente que nada desmoraliza más a un ejército sublevado que la inacción, el paso de los días y los meses, y la espera sin propósito. Ese lapso de aparente quietud es terreno fértil para sembrar el desaliento entre los rebeldes y para fortalecer la propia causa. Por ello, La Gasca nunca se precipitó; planeó cada paso con calma, desconcertando con su serenidad al impetuoso y vehemente Gonzalo Pizarro.

De este modo de proceder, prudente y calculado, pueden ofrecerse dos pruebas: una, del Arcediano del Alcor —que oyó al propio La Gasca—, y otra, de una carta escrita por el mismo presidente, donde relata con detalle los sucesos de aquellos días.

Dice el Arcediano:

“El dicho licenciado, antes de llegar a tierra firme, supo en Santa Marta la muerte del virrey Blasco Núñez. Sin mostrar turbación alguna, prosiguió su viaje hasta el Nombre de Dios, donde halló la villa ocupada por gente de guerra de Gonzalo Pizarro. Sin temor, entró en ella y pasó luego a Panamá, donde encontró al general y a la armada de Pizarro, que controlaban todo cuanto se decía y hacía. Comenzó a tratarlos con prudencia, conversando con ellos tan benignamente, con tanta afabilidad y dulzura, que todos comenzaron a estimarlo, a visitarlo y a comer con él sin recelo alguno.

Mientras tanto, en los navíos que partían rumbo al Perú, procuró secretamente enviar cartas a los pueblos y a personas particulares, valiéndose de clérigos, religiosos y otras gentes de confianza. Por medio de estas cartas, logró grandes efectos: aseguraba el perdón de las culpas pasadas y los invitaba a apartarse de la rebelión. En pocos días, toda aquella provincia quedó inundada de mensajes suyos. Pero Gonzalo Pizarro y sus ministros, al descubrirlo, hicieron prender, atormentar y aun matar a religiosos, sacerdotes y mensajeros que llevaban tales cartas.

Asimismo, comprendiendo el licenciado que la Nueva España, Nicaragua, Popayán y el Nuevo Reino se inclinaban también hacia la rebelión, les escribió bajo el pretexto de informarles, como buenos vasallos, acerca de la benignidad y justicia de su rey, y de su voluntad de devolverles los indios que antes poseían. En realidad, era un hábil recurso para apartarlos de la causa del tirano Pizarro y atraerlos a la obediencia del soberano, lo cual dio también gran resultado.

Desde fines de julio hasta el primero de diciembre, trató y conversó con los partidarios de Pizarro que estaban en Tierra Firme y controlaban la armada del Mar del Sur, y logró ganarlos a todos. Se le rindieron ellos y la flota con toda su gente.

Reunidos así todos los navíos —que Gonzalo tenía dispersos por aquel mar—, y habiendo enviado por delante tres naves con sus capitanes, trescientos arcabuceros y una fragata para agitar las tierras en favor del rey, se embarcó La Gasca con veinte naves y una galera, construidas en apenas cuarenta y cinco días. Tras una navegación plagada de dificultades, llegó en cuatro meses al puerto de Tumbes, en el Perú. En el trayecto había perdido gran parte de su gente; los sobrevivientes estaban tan enfermos y hambrientos que apenas servían para nada.

Una vez algo recuperados gracias a los víveres que los pobladores de tierra les proveyeron, emprendieron camino —no con menos penalidades de hambre, frío y, en otras regiones, calores insoportables— recorriendo casi cuatrocientas leguas. Siempre procuró reunir más gente hasta llegar a cinco leguas del Cusco, donde Gonzalo Pizarro y los suyos salieron finalmente a darle batalla.”

No es que el Arcediano del Alcor necesite apoyo ajeno para confirmar sus afirmaciones —pues, como ya se ha dicho, conoció directamente del propio licenciado La Gasca cuanto concierne a la jornada del Perú—, pero antes de narrar el encuentro con el ejército de Pizarro, resulta conveniente contrastar su testimonio con una carta del propio don Pedro de La Gasca. En ella, el Pacificador quiso corregir la versión de un escritor que había relatado los sucesos previos de manera distinta. Dicho autor era Francisco López de Gómara, quien, según el Arcediano, había sido hasta entonces el que mejor había escrito sobre las Indias, en su célebre obra compilada en 1552.

La Gasca reconoce que la obra del clérigo Gómara fue presentada al Rey, y aunque no lo conocía personalmente, suponía que era hombre bien intencionado y deseoso de decir la verdad. Sin embargo, observa que, al no haber estado en el Perú ni en Tierra Firme, escribió según lo que otros le contaron, y en algunos puntos incurrió en errores notables.

Entre ellos, menciona uno fundamental: Gómara afirmaba que Gonzalo Pizarro no ocupó los bienes de Su Majestad hasta saber que la armada se hallaba bajo su mando, lo cual —señala La Gasca— está muy lejos de la verdad. En realidad, Pizarro supo de la armada en abril de 1547, pero ya había comenzado a apoderarse de la hacienda real desde 1545, apenas entró en Lima y asumió la gobernación, tomando posesión de los caudales que había reunido el contador Zárate. Procedió del mismo modo en Quito, y su maestre de campo, Francisco de Carvajal, hizo lo propio en las Charcas, el Cusco y Arequipa.

La carta de La Gasca —escrita ya como obispo de Palencia, el 23 de agosto de 1553, y dirigida al Magnífico Señor Guillermo Malines, con quien mantenía frecuente correspondencia— continúa refutando otros errores de Gómara. Dice que también fue mal informado en lo que concierne a Diego García de Paredes, pues cuando La Gasca partió del Nombre de Dios, el 11 de agosto, aún no había llegado García, quien arribó recién a fines de enero. Apenas desembarcó, y al comprender La Gasca que no venía con ánimo de servir a Su Majestad, lo mandó prender junto con Pedro Cabrera, capitán puesto por él en aquel puerto.

Aún más revelador resulta el siguiente pasaje, donde La Gasca desmiente que la llegada de los procuradores de Gonzalo Pizarro a Panamá le causara estrechez o temor. Afirma que, cuando el primero arribó, ya tenía ganadas cuatro quintas partes de la gente, y estaba en condiciones de reducir por la fuerza al resto. Pero, deseoso de evitar derramamiento de sangre —como correspondía a su condición sacerdotal—, procuró persuadirlos con paciencia y palabras. Añade que el procurador, temiendo que La Gasca descubriera la instrucción secreta que traía contra él, quemó sus documentos la misma noche de su desembarco, mientras que al segundo procurador lo prendieron en el mar, cuando todo Tierra Firme se había ya rendido al servicio del Rey.

Para asegurar el control de las comunicaciones, La Gasca envió tres navíos y una fragata a las islas de Las Perlas, con la orden de detener a cuantos viniesen del Perú, impidiendo que pudieran dar noticia de que la armada se había pasado al bando real, pues aquellas islas eran el primer punto que divisaban los navegantes procedentes del sur.

El propio La Gasca aclara que, consciente de que la memoria podría fallarle con el tiempo, había extraído estos datos de los pliegos originales que escribió mientras los hechos sucedían y que remitió oportunamente al Consejo de Indias y a Francisco de los Cobos.

La carta concluye con un tono de humilde serenidad:

“De mí no tengo otra cosa que hacer saber a vuestra merced, sino que, loado sea Dios, me hallo con salud, ocupado en los asuntos de esta iglesia y obispado, que aunque a algunos les parezca que hago algo, yo bien entiendo lo poco que es.”

Así, se confirma que La Gasca, llegado al escenario de la rebelión sin apresuramientos pero con firme propósito, dedicó cinco meses a una hábil táctica de persuasión y captación que culminó con la rendición de la escuadra de Panamá. Este hecho decisivo inclinó la balanza y permitió que la sublevación de Gonzalo Pizarro fuese sofocada casi sin derramamiento de sangre.

El impetuoso y ardiente Gonzalo Pizarro no comprendía el plan trazado por el licenciado Pedro de La Gasca, y cuando su orgullo herido no soportó más la presión, decidió arriesgarlo todo en un enfrentamiento decisivo.

El 9 de abril de 1548, La Gasca dio la orden de avanzar con su ejército, el mejor organizado hasta entonces en el Perú. A tres leguas del Cusco, en el valle de Jaquijahuana (también conocido como Pampa de Anta o Sacsahuana), ambos bandos se avistaron y se formaron para el combate.

Sin embargo, la imponente formación y la superioridad numérica y moral de las tropas del Pacificador (La Gasca) causaron una profunda impresión en los hombres de Pizarro. Viendo la causa perdida y ante la promesa de perdón de La Gasca, muchos de los soldados y capitanes de Pizarro desertaron en masa, pasándose al bando realista sin apenas combatir.

La deserción de su propia gente, comenzando por figuras clave como Garcilaso de la Vega y el oidor de la Audiencia, impidió que Gonzalo Pizarro pudiera presentar batalla. Al ver a su ejército desintegrarse, Pizarro se rindió y fue capturado poco después, poniendo fin a la Gran Rebelión de los Encomenderos.

¿Fue severo La Gasca en la represión? El Arcediano del Alcor, bien informado por el propio Pacificador, ofrece las siguientes cifras: “Con solo la muerte de diecisiete hombres desbarató a Gonzalo Pizarro, lo prendió, e hizo justicia de sus principales, que fueron cuarenta y ocho; condenó a galeras a trescientos sesenta y tantos hombres y desterró del Perú a más de setecientos”. En resumen: diecisiete muertos en combate, cuarenta y nueve ajusticiados, trescientos sesenta condenados a galeras y setecientos desterrados.

Cuando, gravemente enfermo, redactó su testamento en Sigüenza el 6 de noviembre de 1567 —pues moriría el día 10 a las cuatro de la mañana—, siendo ya obispo de aquella ciudad, explicó la razón por la que no había celebrado misa durante su labor de pacificación en el Perú: “Pareciéndonos que, tratando en cosas y negocios de tanta sangre, era cosa no decente celebrar”.

Volvemos a la pregunta: ¿fue dura la represión de La Gasca? A la luz de sus propios principios —pues había expresado el deseo de ganarse la obediencia por la persuasión antes que por la violencia—, no parece que la dureza ni el derramamiento de sangre formasen parte de su plan. Pero, ¿se vio obligado a aplicarla en la práctica? Para responder con justicia, conviene examinar las fuerzas enfrentadas y ponderar su carácter sacerdotal, que sin duda habría acentuado sus escrúpulos de conciencia.

Sabemos que Gonzalo Pizarro pretendía reunir un ejército de unos cinco mil hombres, incluidos los indígenas. La Gasca, por su parte, contaba con unos mil quinientos infantes, cuatrocientos cincuenta jinetes y once piezas de artillería. Según los documentos, los ejecutados fueron doce, los condenados a galeras trescientos sesenta y los desterrados más de setecientos; aunque el Arcediano del Alcor eleva la cifra de ajusticiados a cuarenta y ocho. Aun así, considerando la severidad de la época, no puede decirse que el Pacificador del Perú actuara con excesiva dureza.

La Gasca dio por concluida su misión el 3 de mayo de 1548, confiando en que en pocos meses quedaría el territorio pacificado y podría regresar a España a disfrutar de un merecido descanso. No obstante, la pacificación completa exigió más tiempo del previsto. Esa demora, sin embargo, le permitió reunir —sin tocar los fondos reales— recursos suficientes para cubrir los gastos de la guerra, que ascendieron a más de novecientos mil ducados, suma que había tomado prestada. Según el Arcediano del Alcor, los rebeldes habían dilapidado la hacienda del rey, y aun así, después de pagar la deuda, La Gasca logró remitir a la Corona otros cuatrocientos mil ducados.

Hecho el castigo y restablecido el orden, repartió las rentas vacantes, y en un solo día concedió mercedes por un millón cuarenta y tres mil castellanos a quienes habían servido fielmente al rey, pidiéndoles a su vez contribuciones para recompensar a los que no habían recibido encomiendas.

Concluido este delicado asunto, el Arcediano relata que La Gasca se trasladó a Lima, donde estableció la Audiencia con gran autoridad, proveyó corregidores para todas las provincias, y restableció la justicia y la paz. Permaneció allí año y medio, durante el cual, gracias a los bienes confiscados, los quintos reales y otras medidas, reunió más de dos millones y medio de ducados en oro y plata, con los que partió hacia Tierra Firme.

Hace bien el Arcediano del Alcor en subrayar, para honor del Pacificador, que nunca quiso encargarse personalmente de un solo maravedí de la hacienda real. Todo se registraba ante él y se consignaba a los oficiales reales, quienes lo entregaban a los maestres de las naves hasta llegar a Sevilla, donde se comprobó que la suma enviada coincidía exactamente con la recibida.

Y añade: “No solo nunca quiso encargarse de la hacienda del rey, ni de la cuenta de los gastos de la jornada, sino que mandó que los oficiales reales los administrasen y rindiesen cuentas. Nunca aceptó salario alguno; únicamente pidió lo necesario para su manutención, que los oficiales le suministraban con cuenta mensual. El mismo obispo me certificó que, al terminar sus gestiones, caballeros, mercaderes y soldados le ofrecieron sesenta mil castellanos para su viaje, pero jamás consintió en aceptar un solo real”.

Así, cuando llegó a Sevilla, no tenía con qué comprar ni medio real del oro y la plata que había traído del Perú. Además, gestionó el transporte del tesoro con tal eficiencia que, mientras el envío de dinero al puerto del Nombre de Dios solía costar a Su Majestad unos ciento veinte mil ducados —aunque rara vez era ni la cuarta parte del monto transportado—, La Gasca consiguió hacerlo llegar desde el Perú hasta Sevilla con un gasto de apenas ocho mil setecientos ducados.

Con un pie ya en la nave que lo traería de regreso a España, La Gasca escribió una nueva carta al Consejo de Indias desde el puerto de Lima, el 6 de diciembre de 1549, es decir, al término del año y medio que, según el Arcediano, se prolongó su estancia en el virreinato. Esta misiva es singular, pues dedica un extenso apartado a detallar las cantidades de oro y plata reunidas para enviarlas al Emperador, ofreciendo curiosos pormenores sobre su gestión.

El 9 de noviembre de 1549 partieron del puerto de Lima cuatro navíos que transportaban diecisiete cajas de plata reunidas por Pedro de Hinojosa. Apenas un día después, el 10 de noviembre, regresaron a Lima el arzobispo, los oficiales y el propio La Gasca para comenzar a organizar toda la plata restante de Su Majestad, almacenada en cajas de cuatro llaves. Su objetivo era preparar los envíos y supervisar personalmente su embarque.

Omitiendo aquí un interesante episodio narrado por Juan Pérez de Guevara sobre exploraciones anteriores en los ríos de La Plata y Paraguay, conviene destacar la carta enviada desde Potosí el 9 de octubre por el licenciado Polo, corregidor de las Charcas, quien informaba que ya se habían reunido ochenta mil pesos en la caja de Su Majestad, después de la salida de Pedro de Hinojosa. Además, La Gasca escribió al Cusco y otros lugares, urgidos a remitir cuanto antes todo lo que se recogiera a los oficiales de Lima.

La cantidad de oro reunida era menor, y La Gasca lo explica así:

"Quedan poco menos de cincuenta mil pesos en una caja de cuatro llaves en Lima, en oro, los cuales no se envían aún por esperar otra partida que llega de Quito. No creo que todo ello supere los setenta mil pesos, porque, dada la abundancia de plata en las minas, se dedican más esfuerzos a su extracción y se descuida el oro; así, aunque hay bastante, no se obtiene tanta ganancia. Esta cantidad de oro la llevaré yo personalmente o enviaré en un navío que partirá en breve".

Los párrafos siguientes, por la profusión de cifras, resultan complejos y solo pueden presentarse con fidelidad al original:

"En estos días se continuó el pesar y contar la plata de Su Majestad en Lima. El 1 de diciembre se concluyó de pesar toda la plata que hasta ese día había en la hacienda real, almacenada en casas de cuatro llaves bajo custodia del arzobispo y tres oficiales reales, cada uno con su propia caja. Se hallaron en total mil trescientas sesenta y ocho barras y tres tejuelas, y una plancha y media. De ellas, novecientas treinta y nueve barras y tres tejuelos y media plancha estaban ensayadas, marcadas y contramarcadas con la contramarca de Su Majestad; cuatrocientas veintinueve barras restantes quedaban por ensayar, también marcadas y contramarcadas. En total, sumaban mil trescientas setenta y dos piezas y media plancha."

"Las ochocientas treinta y nueve barras y tres tejuelos y media plancha ensayadas pesaron cuarenta y siete mil doscientos ochenta y seis marcos y siete ochavas y media, lo que, según su ley, equivalía a 220.140 pesos y seis tomines de dos granos; dando un promedio de 2.095 marcos por pieza, la cantidad total alcanzaba 2.920 marcos. Las cuatrocientas veintinueve barras por ensayar pesaron 21.826 marcos y cinco ochavas, valorados en 101.616 pesos y seis granos, según el valor asignado a cada marco. Sumando ambas, el total de las mil trescientas setenta y dos piezas, ensayadas y por ensayar, alcanzaba 321.755 pesos y seis tomines y ocho granos."

"Pesadas en quintales, todas las piezas sumaron 345 quintales, dos arrobas, seis libras y doce onzas y media, como podrá verificar vuestra señoría mediante la fe del teniente de contador que acompaña este envío. Tras el pesaje, la plata se almacenó en seis casas de a tres llaves. El 2 de diciembre se trasladó al puerto de Lima por Don Pedro Puertocarro, Abaga, Rivera, Jerónimo de Silva, Martín Pizarro y Merlo, vecinos de la ciudad, transportándola en sus propios carros y a costa de ellos, entregándola en las cajas de Su Majestad allí existentes".

En el último párrafo de su misiva, La Gasca indicaba el día en que partirían los dos oficiales encargados de trasladar la plata: el 6 de diciembre de 1549, mientras él seguiría detrás de las naves. Dejó el virreinato del Perú en un orden y asentamiento tan completos como podía lograrse, confiando en que el nuevo Virrey, nombrado por el Emperador, no tardaría en llegar al territorio al frente de la armada que se había preparado.

Finalmente, a finales de enero de 1550, La Gasca partió hacia tierra firme. Al llegar al Nombre de Dios, enfrentó un trance muy peligroso: los Contreras, reunidos en Panamá, pretendieron apoderarse de la ciudad y de las rentas del Rey. Sentían un orgullo momentáneo por su triunfo y planeaban atacar al Licenciado y apropiarse de toda la hacienda real. Pero, según la providencia, su intento fracasó estrepitosamente: noventa y seis de los trescientos hombres de los Contreras murieron en el enfrentamiento, junto con once del lado real. Los rebeldes, que contaban con veintiún navíos, fueron finalmente derrotados; todos los que participaron en la resistencia fueron muertos, apresados o enviados a galeras.

Superada completamente esta grave dificultad, La Gasca, con la escuadra reforzada de manera inesperada, dejó el Nombre de Dios con la hacienda más valiosa que había llegado de América a finales de mayo de 1550, y llegó sin mayores contratiempos a Sevilla el 26 de septiembre del mismo año. Fue recibido con todos los honores: los sevillanos le ofrecieron cálidas y religiosas felicitaciones, y recibió cartas elogiosas del Emperador, del Príncipe don Felipe, que se encontraba en Alemania con su padre, y de los Príncipes de Austria que actuaban como gobernadores de los reinos.

Aunque la Hacienda Real traída del Perú era fabulosa, La Gasca no se detuvo muchos días en Sevilla. Su desapego al dinero facilitó que la entregara directamente a los oficiales de la Casa de Contratación, quienes, admirados, pudieron comprobar que la ingente cantidad de oro y plata correspondía hasta el último maravedí con lo que había sido reunido en el Perú.

Libre como un pájaro, partió el Licenciado La Gasca el 10 de octubre para cumplir sus promesas y votos, y para rezar novenas en el monasterio de Guadalupe, donde permaneció hasta el 3 de noviembre. Desde allí se dirigió a Valladolid, pasando muy cerca del hogar de su madre y hermanas. Aunque el afecto materno le pedía detenerse, su delicadeza y su deseo de evitar cualquier sospecha respecto a la hacienda le obligaron a continuar directamente a Valladolid.

Por aquellos días se tramitaba en la ciudad Pinciana la causa del Dr. Egidio o Juan Gil, propuesto por el Emperador como obispo de Tortosa, pero acusado de protestantismo y encarcelado por la Inquisición. Las juntas del Santo Oficio, compuestas por once teólogos, entre ellos el primer canónigo magistral de Palencia, Dr. Blanco de Salcedo, esperaban la llegada del Oidor Don Diego Tavera, quien arribó el 25 de diciembre.

Entre heladas, lluvias y nieve, La Gasca pudo finalmente partir hacia su pequeño pueblo natal, Navarragadilla, donde abrazó a su madre y hermanas y disfrutó del merecido descanso. Sin embargo, los acontecimientos se precipitaron: el Emperador, informado de la llegada del Pacificador del Perú, le ordenó trasladarse cuanto antes a Alemania para informar sobre los asuntos del virreinato y proveer de su parecer cuestiones que habían quedado pendientes. Su hermano, el Dr. Diego Gasca, le envió cartas desde Valladolid, incluida una del Inquisidor General, Don Fernando de Valdés, solicitando que no partiera hasta recibirlo, pues tenía que comunicarle asuntos importantes al servicio de Dios y del Emperador.

Para complicar la situación, el 12 de diciembre de 1550 falleció don Luis Cabeza de Vaca, obispo de Palencia. Al conocer la noticia, el Emperador propuso al Licenciado La Gasca para la sede episcopal. Con gran orden, La Gasca permaneció en su pueblo natal hasta el 18 de febrero de 1551 y llegó a Valladolid el 21, aguardando la llegada del Inquisidor General y las comunicaciones correspondientes. Desde allí viajó a Aranda en compañía de su hermano Diego, coordinando el nombramiento de vicarios, provisores, oficiales y secretario, asegurando el buen gobierno de la diócesis.

Finalmente, al llegar a Barcelona recibió las Bulas del nombramiento episcopal, reteniendo la de la consagración y enviando las demás a Valladolid, con poder para tomar posesión de su obispado en Palencia.

Durante estos días de reflexión en Barcelona, La Gasca decidió que sería muy conveniente, tanto para su persona como para el honor de su diócesis, realizar un viaje a Alemania y encontrarse con el Emperador ya consagrado como obispo de Palencia. Preparó todo cuidadosamente y fue consagrado en Barcelona el 17 de mayo de 1551, en la capilla del Palacio Episcopal. La ceremonia contó con gran solemnidad y concurrencia de caballeros; don Juan de Tormo, obispo de Vich, fue el consagrante, y le asistieron don Juan González de Munebrega, obispo de Tarazona, y don Jaime Cassador, obispo de Barcelona.

"Pocos días después de su consagración (como obispo), el 25 de mayo de 1551, [La Gasca] se embarcó con destino a Génova junto a otros obispos que se dirigían al Concilio de Trento. Finalmente, el 2 de julio llegó a Augsburgo (Hasburgo), donde se encontraba el Emperador.

Aunque [el Emperador] se estaba recuperando (o estaba convaleciente) de un ataque de gota, lo recibió inmediatamente después de comer, impaciente (o ansioso) por conocer personalmente los asuntos del Perú. Escuchó con gran satisfacción (o complacencia) las explicaciones de La Gasca y le ordenó que lo acompañara en sus viajes y excursiones, así como que interviniera (o participara) en todos los asuntos de interés que surgieran."

Permaneció un año en Alemania, regresando finalmente a Villamuriel el 13 de marzo de 1553. Sin embargo, antes de cerrar su actuación en el Perú, merece destacarse un Apéndice final: un Parecer que La Gasca envió al Rey desde Valladolid sobre las Encomiendas del Perú, prueba clara de que continuaba siendo consultado por la Corona en asuntos delicados y que su juicio era muy estimado.

El informe, escrito en Valladolid el 27 de abril de 1554 y titulado "Dictamen del obispo, mi Señor, sobre si los indígenas del Perú deben pasar al control directo de Su Majestad o ser entregados a los encomenderos," estaba destinado al Muy Alto y Poderoso Señor (el Emperador o el Rey), y parece haber sido redactado como borrador por el secretario del Obispo. Desde las primeras líneas, La Gasca abordó el fondo de la cuestión:

"Aquellos que proponen poner todas las encomiendas (o repartimientos) del Perú bajo la administración directa de Su Majestad (la Corona), afirmando que de esa manera los indígenas serán mejor tratados y que Su Majestad obtendrá un gran beneficio, están equivocados en ambas cosas. Aunque lo dicen con fervor (o dedicación) por servir a Dios y al Rey, su convencimiento se basa en el desconocimiento de la situación actual de los indígenas en el Perú, de su naturaleza (o carácter), y de la calidad de las personas y los beneficios que Su Majestad posee allí y de dónde provienen."

A continuación, explica la situación de los indios y las normas trazadas para que, en las relaciones entre los indios repartidos y los encomenderos, se observase siempre la justicia: los encomenderos podían exigir únicamente los tributos tasados, de los cuales se descontaba la parte destinada a los religiosos que enseñaban la fe cristiana. Señala La Gasca:

"En todo el Perú, no hay quien tenga vasallos ni jurisdicción sino Su Majestad. Respecto a los encomenderos, los indios son solo renteros para pagar la tasa estipulada. Siempre que parezca que la tasa es excesiva o que ese año los frutos fueron escasos, los indios pueden sustraerse del pago hasta que el encomendero solicite a la justicia revisar la tasa y se determine lo que debe entregarse. Así, los indios viven con libertad y apenas temen a los encomenderos; denuncian cualquier extorsión o maltrato y buscan justicia como haría un español con otro."

La situación establecida en el Perú, entre los encomenderos españoles y los indios de los repartimientos, era justa y digna, y La Gasca se enorgullecía de este sistema. De él se derivaban consecuencias muy positivas: los indios preferían acudir ante los encomenderos particulares en busca de justicia, en lugar de recurrir a los oficiales reales, lo que eliminó los malos tratos y las exigencias abusivas que antes sufrían. Así, los indios bajo encomienda vivían con más libertad que los que estaban en cabeza de Su Majestad.

Otras consecuencias de la supresión de los repartimientos a españoles particulares son evidentes al leer el informe completo. Además, don Pedro La Gasca envió otro informe al Consejo Real de Indias sobre las minas que estaban en cabeza de Su Majestad en el Perú, demostrando una vez más el gran prestigio y la confianza que conservaba ante las más altas autoridades de la Corona.

B) Don Pedro La Gasca, Obispo de Palencia

El obispo don Luis Cabeza de Vaca, antecesor de La Gasca en la sede palentina, falleció el viernes 12 de diciembre de 1550, dejando vacante la iglesia y el obispado durante 170 días, según nos relata el Arcediano del Alcor, quien, hasta su muerte ocurrida el viernes 18 de agosto de 1559 entre las nueve y las diez de la mañana, será nuestro constante guía.

Don Pedro Fernández del Pulgar, en su conocida Historia Secular de Palencia, se limita a repetir lo del Arcediano, añadiendo la carta del Emperador a La Gasca sobre los asuntos del Perú y la aceptación que este le dio, otorgando mayor importancia a la fundación del Colegio de la Compañía de Jesús, de la cual copia una extensa historia redactada por un Padre de la Compañía.

Ya se ha mencionado que, cuando La Gasca se dirigía a Alemania para entrevistarse con el Emperador —ansioso por conocer en detalle su histórica gestión en el Perú— y estando ya nombrado obispo de Palencia, durante el trayecto de Valladolid a Aranda, rumbo a Barcelona, trató con su hermano, el Dr. Diego Gasca, los nombramientos eclesiásticos necesarios para garantizar un buen gobierno de la diócesis. Recibidas en Barcelona las Bulas Pontificias, decidió ser consagrado en la Ciudad Condal y encontrarse con el Emperador ya como obispo. Desde allí, para evitar una larga vacante, envió a Valladolid las Bulas con el nombramiento y el poder jurídico de sus procuradores, a fin de tomar prontamente posesión del obispado.

La posesión se llevó a cabo con notable diligencia: consagrado obispo el 17 de mayo de 1551, tomó posesión por medio de sus procuradores el 29 del mismo mes y año. Los nombres de estos procuradores no han quedado registrados, según dejó constancia el secretario Capitular en el libro correspondiente.

Dejemos en silencio el largo período de su estancia en Alemania, desde el 2 de julio de 1551 hasta el 16 de enero de 1553, cuando desembarcó en Alicante tras sufrir grandes tempestades, habiendo acompañado al Emperador durante año y medio.

Como excepción, y por tratarse de un asunto palentino, conviene mencionar dos documentos recogidos en la Colección de Documentos de Pérez de Tudela, fechados en Ispruck (Alemania), que contienen la provisión de la fortaleza de Magaz, perteneciente al obispo de Palencia. Con fecha 13 de diciembre de 1552, La Gasca nombraba alcaide de dicha fortaleza a Martín de Figueroa. En el mismo documento, indicaba que los alcaides cobraban 30.000 maravedís, pero que, debido a sus múltiples ocupaciones, sería necesario nombrar un teniente residente en la fortaleza, y ordenaba al tesorero del obispado transferir otros 10.000 maravedís para el pago de este teniente.

Se sabe que Figueroa no desempeñó el cargo con plena satisfacción, y pocos meses después, ya en Palencia, La Gasca nombró nuevo alcaide a Juan de Pineda, con un salario de 14.000 maravedís, 50 fanegas de pan mediado y las rentas de otras tierras y propiedades que habían correspondido a anteriores alcaides.

Era costumbre de los obispos palentinos de aquellos siglos realizar su entrada solemne en Palencia desde Villamuriel, villa donde poseían palacio y fortaleza, y así dispuso hacerlo La Gasca. Tras unos días retenido en la Corte por expreso deseo del Príncipe Felipe, que quería contar con su intervención en ciertos asuntos, finalmente, el 13 de marzo llegó a su villa. Allí descansó y esperó a que el Cabildo y la ciudad preparasen su solemne entrada en la capital de la diócesis.

Los palentinos, ansiosos por ver al célebre Pacificador del Perú, que sabían había estado junto al Emperador en Alemania, acudieron rápidamente a saludarle en Villamuriel. Además del Cabildo, se presentaron numerosos caballeros y nobles, entre ellos los Condes de Buendía de la cercana villa de Dueñas, los Condes de Paredes de Nava y otros notables de Palencia y Valladolid, quienes permanecieron allí durante los doce días que duraron los preparativos.

Teniendo en cuenta que la Semana Santa de la época estaba repleta de solemnidades litúrgicas, se eligió como día de la entrada el 25 de marzo, solemnidad de la Anunciación y víspera del Domingo de Ramos. El Arcediano del Alcor, al comenzar la biografía de este prelado, afirma que fue una persona tan destacada que merecía mayor detalle, y deja constancia de la ceremonia:

"Se realizó un recibimiento muy solemne en esta ciudad, y con más alegría que a otros que hemos visto. Salió todo su Cabildo (el consejo eclesiástico) en orden, con su portero por delante, a caballo hasta cerca del Soto que llaman de Santillana (en Villamuriel).

Después salieron los caballeros, la justicia y los regidores (concejales) de la ciudad, con mucha gente y un gran regocijo de danzas y con las ceremonias y homenajes acostumbrados. Lo acompañaron hasta la iglesia, donde, después de que jurara los Estatutos de la iglesia y diera la bendición pontifical, todos los miembros del Cabildo y el clero le besaron la mano, mientras él estaba sentado en su silla en el Coro. Él los recibió con el beso de la paz (ad osculum pacis), como es costumbre.

Luego, en esa Semana Santa, él personalmente y con mucha devoción, llevó a cabo todas las ceremonias de la Consagración del Crisma y los Santos Óleos, así como de las Órdenes en el Sábado Santo, y celebró la Misa Pontifical el día de Pascua, confirmando personalmente a más de 600 personas, hombres y mujeres, niños y ancianos de la ciudad y de la comarca que acudieron.

Todo esto se recuerda aquí, aunque sea de forma más extensa de lo habitual, porque no es justo (o no es razón) que se olviden las obras y ceremonias de este destacado prelado."

Si bien aceptó el nombramiento episcopal que le ofreció el Emperador como recompensa a sus arduas jornadas en el Perú, creyendo al mismo tiempo cumplir con sus deberes episcopales y aprovechar la oportunidad para descansar y recuperar su quebrantada salud, pronto se dio cuenta de que la diócesis de Palencia representaba una carga mucho más grave de lo que había previsto. Con el tiempo, las responsabilidades y las secuelas derivadas de sus gigantescos esfuerzos en tierras peruanas irían haciendo más pesada esta carga.

El primer remedio estaba en su mano y no ofrecía gran dificultad: Palencia presentaba un clima demasiado duro, con inviernos que podían durar nueve meses. La Gasca decidió afrontar el próximo invierno con todas las precauciones posibles, y acertadamente juzgó que lo más eficaz sería contar con el cuidado y la asistencia atenta de su madre y de sus dos hermanas, quienes llegaron a la ciudad a finales de octubre, justo cuando comenzaban a sentirse los primeros fríos.

Su reconocida piedad se evidencia en una carta fechada en Palencia el 23 de agosto de 1553 (Documento CXLIV), en la que escribe:

"Recibiré un gran favor (o mucha merced) si se me envía el libro de las 'flores' (extractos o florilegio) que se ha sacado de los Salmos. No cabe duda de que debe contener sentencias muy bien escogidas y ser de gran devoción, siendo estas escogidas por Su Majestad y gracias a su santa y devota intención, y tratándose de una doctrina tan adecuada para el fin santo (o la vida espiritual) como lo son los Salmos, que abarcan tan abundantemente todos los actos de la vida humana, tanto en la prosperidad como en la adversidad."

Ya en los pocos meses que llevaba residiendo en Palencia, y enterado del arraigo popular y milagroso que parecía envolver la devoción a Santo Toribio del Cristo del Otero, quiso participar en la solemne procesión del Santo, que en 1553 se celebró el 16 de abril. Como anota en su Consuetudinario el Dr. Arce: "Don Pedro Gasca fue a pie y vino", como un romero más, implorando la protección del Santo.

Quienes conocen La Silva Palentina, obra principal del Arcediano del Alcor, don Alonso de Madrid, saben que, aunque se centra principalmente en el Episcopologio Palentino hasta la muerte del Arcediano, incluye además algunas concurrencias notables de cada época. No pocas de estas extensiones superan en volumen la biografía del obispo. La biografía del Licenciado La Gasca quedó incompleta por la muerte del autor el 18 de agosto de 1559, pero en la edición de La Silva abarca las páginas 568 a 631; de ellas, menos de la tercera parte se dedica a La Gasca y a Palencia, y el resto a las concurrencias, algunas de gran relevancia, como el Concilio de Trento (27 páginas) y la lista de los Romanos Pontífices (7 páginas).

El Emperador siempre distinguió a La Gasca con su predilección, y por encargo expreso suyo acompañó a sus hermanas, las reinas viudas de Francia y Hungría, actuando como testamentario de ambas en su debido tiempo.

En cuanto a su actuación en la diócesis, es lógico comenzar por sus relaciones con el Cabildo Catedralicio, que no fueron ni tan frecuentes ni cordiales como deberían, pero tampoco tan frías y diplomáticas como podrían parecer a primera vista.

Los primeros roces surgieron por la ligereza y tozudez del Provisor del obispo —aún ausente en Alemania—, el Licenciado Gómez de Mora. El Arcediano del Alcor relata así un lamentable episodio:

"En esta iglesia existe un estatuto antiguo, en uso y respetado, y confirmado por la Sede Apostólica (el Papado), que establece, entre los señores prelados (obispos, arzobispos, etc.) y el cabildo (consejo de canónigos), que: cada vez que quede vacante un puesto de canónigo o de racionero (ración) en esta iglesia, el prelado y el cabildo deben reunirse obligatoriamente para nombrarlo.

No será válida la provisión que uno haga sin el otro, siempre y cuando se haya solicitado previamente que se reúnan. Sin embargo, la nominación de la persona que ha de ser nombrada se realiza de forma alterna: una elección a voluntad del prelado y la siguiente a voluntad del cabildo."

En diciembre de 1552 falleció un canónigo, y el cabildo sostuvo que la nominación les correspondía a ellos, puesto que en el nombramiento anterior el obispo había utilizado su turno sin que hubiera ninguna objeción. Solicitaron formalmente (Requirieron) al provisor que se reuniera con ellos para nombrar al canónigo (proveer la canonjía) según la costumbre.

Sin embargo, el provisor no solo se negó a reunirse, sino que nombró a un clérigo de su propia elección, e impuso severas censuras (sanciones eclesiásticas) al cabildo para que le dieran posesión (del cargo). El cabildo apeló, y conforme al estatuto, la canonjía fue otorgada sin conflicto al clérigo que ellos habían designado, tras jurar los estatutos.

El provisor, por su parte, llevó a cabo una acción sin precedentes: obligó a ciertos capellanes de la iglesia a entregar la posesión al clérigo de su elección, bajo amenaza de sanción. Los capellanes, a pesar de sus protestas (reclamaron), cumplieron por temor. Todos los miembros del cabildo se retiraron del coro para no dar la impresión de que consentían. La misma situación se repitió una vez que el provisor acudió al cabildo.

La disputa se prolongó durante un mes, y finalmente el proceso fue llevado a la Chancillería (un alto tribunal de justicia), donde los oidores (jueces) ordenaron al provisor, bajo la amenaza de perder sus beneficios temporales (temporales), que otorgara la apelación al cabildo y al canónigo que ellos habían designado. De esta manera, el canónigo del cabildo se mantuvo sin conflicto en la posesión de la canonjía.

Todavía en 1552, ese mismo Provisor se atrevió a involucrarse en otro pleito con el cabildo, negándose a reconocer las letras ejecutoriales que favorecían al Cabildo y llegando incluso a encarcelar al Deán, al Tesorero y al Procurador. Éstos, invocando los estatutos y ejecutoriales, llevaron el asunto a Roma, de donde llegaron tres declaraciones de la Rota Romana que lo declaraban en rebeldía, lo excomulgaban y lo reducían a prisión.

En medio de esta situación, el obispo complicó aún más las cosas: vacante una canonjía cuya provisión le correspondía, nombró a su provisor y, si el Cabildo no le levantaba la excomunión, planeaba nombrar a un sobrino suyo. El Cabildo sospechó entonces que el obispo intentaba un cumplimiento fingido con su provisor; finalmente levantó la excomunión, otorgó la posesión de la canonjía al clérigo designado por ellos y, desde ese momento, el provisor se convirtió en un buen capitular.

En contraste con estos conflictos, en 1558 intervino el obispo en un asunto más grato: la creación, de acuerdo con el Cabildo, de la Canonjía Lectoral destinada a la exposición de las Sagradas Escrituras. Esta canonjía había sido establecida en el Concilio de Trento, en la sesión quinta, capítulo I sobre la reforma eclesiástica, pero hasta entonces no se había aplicado en Palencia, pese a que ya se habían producido varias vacantes de canonjías.

El 15 de agosto de 1558 falleció el canónigo Antón Pérez de Arteaga, y Felipe II, junto con su Consejo, ordenó que se cumpliera lo dispuesto en el Concilio, sin considerar expectativas ni reservas apostólicas, y que la canonjía vacante se otorgara a un lector de Sagrada Escritura.

El Doctor La Gasca actuó de inmediato, colocando edictos de oposición en los sitios habituales, sin comunicarse previamente con el Cabildo. Éste reclamó su derecho consuetudinario a intervenir en la redacción de los mismos, y la docilidad inmediata del obispo dejó claro que había actuado por desconocimiento. Reformados los edictos y en fraternal concordia, se celebraron las oposiciones siguiendo la forma que se guardaba en las canonjías Magistral y Doctoral, concedidas desde 1473 por los Reyes Católicos mediante el Legado Pontificio, el Cardenal Rodrigo Borgia, futuro Alejandro VI.

Al tratarse de la primera canonjía Lectoral, el Arcediano detalla con precisión toda la oposición, en la que se presentaron cuatro teólogos doctores en teología escolástica y positiva; uno de ellos dominaba latín, griego, hebreo y caldeo. La Gasca asistió a todos los actos, incluida la toma de puntos. El día de la elección, celebró la Misa del Espíritu Santo y fue el primero en votar entre los cuarenta y cuatro electores, pronunciando la fórmula escrita para todos. Finalmente, en la segunda votación, fue elegido el Doctor Juan Fernández del Vadillo, colegial del Mayor de Santa Cruz de Valladolid, quien en agosto de 1587 se convertiría en obispo de Cuenca.

De mayor relevancia y complejidad fueron las negociaciones de La Gasca con su Cabildo y con la abadía de Valladolid, fundada en 1094 por el conde Pedro Ansúrez y su esposa doña Eylo, con una dote riquísima. La abadía, cuya documentación original se conserva en el Archivo de la Catedral, había sido donada a la Iglesia de San Antolín de Palencia junto con todas sus propiedades y derechos, con la única condición de que la Sede Palentina pagara anualmente a la Iglesia de San Pedro de Roma cien sueldos pictavienses (antigua ciudad romana que hoy conocemos como Poitiers).

En las páginas 607-609 de La Silva Palentina, su editor Matías Vielva resume los principales pasos de la prolongada lucha que sostuvo la Abadía de Valladolid hasta lograr su independencia, siendo creada diócesis y más tarde metropolitana. Los estudiosos que consulten desapasionadamente la documentación del Archivo de la Catedral podrán ver con claridad que la Iglesia Colegial fundada por Pedro Ansúrez nació sometida a la jurisdicción del ordinario de Palencia y con menos miembros que la de Husillos, fundada por los antecesores del mismo Pedro Ansúrez.

A quienes preguntan por los históricos problemas entre las dos ciudades, el Excmo. Sr. D. Demetrio Mansilla —experto en Geografía Eclesiástica de España— confesó que, tras revisar los documentos en Palencia, se convenció de que ya no podría sostener la independencia jurídica de la Iglesia de Valladolid, después de conocer la abundante documentación conservada en el riquísimo archivo de la Catedral.

Entre los historiadores modernos de la Ciudad del Pisuerga ha prevalecido la tendencia a silenciar esta controversia; por mi parte, me limitaré a exponer únicamente las gestiones realizadas por el obispo don Pedro La Gasca.

Este obispo, conocido por su celo en la defensa de la justicia a lo largo de toda su vida, antes de partir hacia el Perú, durante su estancia allí y tras su regreso, se empeñó en reactivar lo ya conseguido y pactado en tiempos de los Reyes Católicos. Según el Arcediano del Alcor, por alrededor del año 1500 se había logrado del Papa Alejandro VI que, como compensación temporal a los obispos de Palencia, quienes habían perdido la jurisdicción temporal sobre su ciudad, se les nombrara al mismo tiempo abades de Valladolid y obispos de Palencia. Sin embargo, la muerte del Papa Alejandro VI interrumpió la expedición de la Bula de anexión y ésta nunca tuvo efecto.

Posteriormente, se consiguió una bula del Papa Julio III, aunque con una cláusula distinta: que el obispo de Palencia fuera también obispo de Valladolid, manteniendo dos catedrales y cada cabildo con mesa y hacienda separadas. Esta solución, sin embargo, fracasó debido a la influencia del abad Fernando Enríquez, momento en el cual comienza la actividad efectiva de La Gasca.

En 1554, el obispo se dirigió al Consejo Real solicitando que se ejecutara lo concedido por el Papa y aprobado por la voluntad de los Reyes, es decir, que se realizara la unión de los obispados y se confirmara por la Santa Sede. El Consejo Real, en mayo de ese mismo año, ordenó a las partes contendientes que comparecieran mediante procuradores para alegar sus razones. Los representantes de Valladolid solicitaron, incluso, que se creara un arzobispado en su ciudad, relegando a Palencia a la categoría de sede sufragánea.

Toda esta abundante y variada documentación fue cuidadosamente examinada por el Consejo Real y remitida al Emperador, entonces en Alemania. El resultado inmediato fue una prolongación considerable del pleito y la desaparición de varios de los protagonistas, entre ellos el Arcediano del Alcor, quien concluía sobre este asunto: “así el negocio se dilató y es de creer que para siempre se quedará como estaba”.

Sin embargo, su presagio resultó erróneo. Las negociaciones se retomaron seriamente durante el episcopado de don Fernando Miguel de Prado y, aunque las alegaciones parecían sólidas, no se vislumbraba un desenlace próximo. Finalmente, intervino el gran interés de Felipe II, nacido en Valladolid, en favor de que su ciudad natal alcanzara rango episcopal. Gracias a ello, obtuvo del Papa Clemente VIII la Bula de creación del obispado, desmembrando del obispado de Palencia los arciprestazgos de Portillo, Tordesillas y Simancas. La ejecución de la Bula, fechada el 25 de septiembre de 1595, corrió a cargo del obispo de Palencia, don Martín Axpe y Sierra.

Visita que hizo a la Catedral (a. 1554)

Todo el legajo 74 del Armario IV del Archivo de la Catedral está dedicado a las distintas visitas realizadas por los obispos a su Catedral y Cabildo. Podríamos afirmar que estas visitas constituían tanto un derecho como una obligación de los obispos más importantes, dado que allí se encontraba su Cátedra Episcopal y residía el cuerpo eclesiástico más numeroso, culto y potente de la diócesis.

Desde la creación de las cuatro canonjías de oficio —Magistral, Doctoral, Lectoral y Penitenciario—, los cabildos contaban con una nutrida representación de excolegiales de los célebres Colegios Mayores de Salamanca, Valladolid y Alcalá. Estos demostraban, mediante brillantes oposiciones, que no en vano ostentaban los grados de Doctor o Maestro, contribuyendo así al prestigio intelectual y litúrgico de la institución.

Así, las visitas episcopales respondían a un conjunto de motivos pastorales, litúrgicos, morales, económicos y jurídicos, constituyendo una pieza central en el gobierno de toda la diócesis. Sin embargo, los poderosos cabildos no siempre se mostraron dóciles y obedientes, ni los obispos fueron siempre modelos de prudencia y caridad en sus relaciones con los capitulares. Para evitar conflictos prolongados, se redactaron estatutos capitulares que detallaban el modo en que debían realizarse estas visitas.

El Cabildo de Palencia, según los documentos conservados en el Archivo, logró aprobar un Estatuto según el cual, en la visita a su Cabildo, el obispo debía estar acompañado por dos capitulares elegidos por el Cabildo. En caso de incumplimiento, el Cabildo podía paralizar la visita, tal como ocurrió con el obispo don Luis Cabeza de Vaca, quien en 1547 intentó visitar el Cabildo contra los estatutos y costumbres. El Cabildo apeló a la Rota Romana y recibió carta favorable en Roma el 8 de mayo de 1548; el obispo, presintiendo un fallo adverso, se limitó a visitar a los cuarenta capellanes de número que residían en la Catedral.

Escarmentado por estas experiencias ajenas y guiado por su constante deseo de justicia y paz, don Pedro La Gasca emprendió la ardua tarea de visitar a su Cabildo en 1554, ajustándose estrictamente a los estatutos y costumbres. La visita fue completa y exhaustiva, recogida en ocho cuadernillos que suman un total de 213 folios, iniciándose el 9 de julio de 1554.

El cabildo palentino de los siglos XV y XVI contaba con una composición amplia: doce dignidades, sesenta canónigos, veinticuatro racioneros y cuarenta capellanes de número. Durante la visita, el obispo estuvo acompañado por dos capitulares designados por el Cabildo: el célebre Abad de Husillos, don Francisco García Núñez, doctor en ambos derechos y consejero de los Reyes Católicos, y el canónigo don Alonso de Alcorcón, doctor en Teología.

El primer cuadernillo consistía en un formulario de 47 preguntas dirigidas a todos los capitulares y al personal al servicio de la Catedral, abarcando aspectos de culto divino, administración, vida y costumbres. Los siete cuadernillos restantes contenían los interrogatorios de todo el personal, comenzando por el Deán, don Antonio Mudarra, quien fue el más explícito en señalar defectos y señalar a algunos capitulares que llevaban una vida poco ejemplar, probablemente respaldado por su cargo y su independencia económica gracias a dos prebendas.

Fundado en la documentación del Archivo Catedralicio, puede afirmarse que el numeroso Cabildo de Palencia siempre mostró un vivo interés por la reforma eclesiástica. El legajo 7 del Armario IV, titulado Procesos contra Prebendados de la Iglesia Catedral, contiene treinta y nueve procesos correspondientes a los años 1483-1748, lo que evidencia la eficacia de la Comisión pro honestate clericorum, creada anualmente en el primer Cabildo, y al mismo tiempo la frecuencia de pleitos y litigios en defensa de derechos eclesiásticos, incluso ante el obispo.

Como recordatorio de la complejidad de estas relaciones, basta traer a colación el ruidoso proceso de 1552, en el que, por defender sus estatutos, el obispo y su provisor mandaron arrestar a casi un tercio de los capitulares, incluyendo al Deán, al Tesorero Francisco Ruiz de la Mota, siete canónigos y el racionero Sarmiento.

Durante la visita de 1554, realizada en plena armonía con su Cabildo, hay tres declaraciones de capitulares que destacan por su interés. Entre ellas, la de don Alonso Fernández de Madrid, el Arcediano del Alcor, recogida en los folios 14v-17, quien, respondiendo a la pregunta 27 sobre bienes usurpados de la Catedral, señaló que él poseía muchos libros que eran propiedad de la Iglesia, al igual que el Dr. Arce, el Bachiller Capillas, Tomás Paz, Felipe Ponce y otros más. Concluía que, habiendo lugar donde colocarlos, sería justo devolverlos a la Iglesia.

Prebendados y liturgia en tiempos de La Gasca

El segundo de los prebendados destacados fue el Dr. Juan de Arce, quien firmaba como Joannis de Arce, professione Theologus. Durante sus estudios en la Universidad de Alcalá, se distinguió por su profundo conocimiento teológico; más tarde, en la segunda etapa del Concilio de Trento, fue reconocido como Teólogo Imperial y considerado el mayor liturgista de su época. A petición del Legado Pontificio, el Cardenal Marcelo Crescencio redactó un informe sobre el recién publicado Breviario del Cardenal Quiñones, que, según la tradición, resultó desfavorable a su autor. La pasión de Arce por los libros, destacada por el Arcediano, se reflejaba plenamente en su magnífica biblioteca, la más rica y variada de su tiempo, cuyo catálogo fue reconstruido y presentado como tesis doctoral por la profesora española Pilar Maicas García-Asenjo, aunque su publicación sufrió retrasos que finalmente se resolvieron en Madrid.

Tras regresar de la segunda fase del Concilio de Trento, Arce dedicó sus años en el Cabildo a la redacción de su Consuetudinario de la Catedral, con adiciones, la edición de algún libro litúrgico y la elaboración de dictámenes jurídico-históricos requeridos por otros cabildos, como los de Burgos y Toledo. Sus respuestas al interrogatorio, recogidas en los folios 42v-45, muestran su profundo interés por la reforma eclesiástica, en consonancia con los debates conciliares de Trento.

Otro prebendado relevante fue el Dr. Francisco Blanco de Salcedo, natural de Capillas y colegial mayor de Santa Cruz de Valladolid. Fue cuarto Magistral de Palencia y posteriormente obispo de Orense y Málaga, llegando a ser arzobispo de Santiago. Sus respuestas al interrogatorio reflejan numerosas propuestas de reforma eclesiástica. Como obispo de Orense, participó en el Concilio de Trento y presentó proyectos que le valieron fama de virtud y erudición. López Ferreiro relata en su Historia de la Iglesia de Santiago que se llegó a difundir el rumor de que, de corresponder al Concilio la elección del Pontífice, Blanco Salcedo habría sido elegido Papa. Felipe II solía afirmar que el Dr. Blanco debía ser “el blanco de los obispos”, en reconocimiento a su prestigio y sabiduría.

Estos tres eminentes prebendados representan un capítulo destacado del Cabildo palentino en la época de La Gasca. Gracias a las visitas y conversaciones con ellos y otros doctos miembros del Cabildo, el obispo resolvió implementar varias medidas importantes: nombrar al primer Canónigo Lectoral, acabar con las jurisdicciones exentas en la diócesis y dotar a la diócesis de magníficos breviarios. Del primero de estos puntos, el nombramiento del Dr. Juan Fernández del Vadillo como Lectoral, ya se ha hablado.

Respecto al segundo, un ejemplo notable de la dificultad de estas intervenciones se dio en Miñanes, cerca de Carrión de los Condes. Este pequeño lugar había sido históricamente ligado al monasterio de Sahagún desde que la reina doña Constanza, esposa de Alfonso VI, cedió su dote al cenobio en pleno siglo XI, pasando a depender eclesiásticamente de los monasterios de San Facundo y San Primitivo. La Gasca, sospechando posible oposición, envió un delegado para realizar la visita, pero los clérigos de Miñanes, apoyados por el Abad de Sahagún, reclamaron su exención secular frente al obispo. El informe correspondiente se redactó en Carrión de los Condes el 14 de septiembre de 1560.

En cuanto a su labor litúrgica, La Gasca se destacó en la edición de breviarios y en la fundación de la Parroquia de La Magdalena en Valladolid. Fernández del Pulgar, en su Historia de Palencia, subraya que el obispo cuidó del culto divino, imprimiendo breviarios que aún subsisten, según el estilo español previo a la reforma de Pío V. En su fundación de La Magdalena, impuso a los trece capellanes la obligación de rezar el Oficio Divino en coro, y curiosamente, alternando los viernes, debían celebrar el Oficio y la Misa según el Rito Hispano-Toletano o Mozárabe, restaurado por el Cardenal Cisneros en Toledo.

Estas disposiciones muestran que La Gasca era un amante de las grandes solemnidades litúrgicas. Ejemplos elocuentes de su celo los ofrecen los funerales de la reina de Castilla, doña Juana, madre del emperador Carlos, y la solemne consagración episcopal del Dr. Blanco Salcedo, organizada y financiada en todos sus detalles por el propio obispo.

La reina doña Juana y la consagración episcopal del Dr. Blanco Salcedo

El Arcediano del Alcor describe con precisión la muerte de la infeliz reina doña Juana, ocurrida en Tordesillas el viernes de la Cruz, 12 de abril de 1555. A lo largo de cincuenta y un años, doña Juana “reinó sin reinar”, pues tras la muerte de su madre, la Reina Católica Isabel, en 1504, fue declarada heredera junto a su esposo, don Felipe, Archiduque de Austria. Tras la muerte de éste en 1506, doña Juana quedó incapacitada para gobernar, viviendo recluida en Tordesillas hasta su fallecimiento. Su cuerpo fue depositado inicialmente en el Monasterio de Santa Clara, para luego ser trasladado a la Capilla Real de Granada, junto a sus padres y su esposo.

El Arcediano del Alcor relata con lujo de detalles las exequias celebradas en Palencia: la ciudad mandó construir una máquina tan alta que casi alcanzaba las bóvedas, sobre cuatro pilares, con otros cuatro superiores, cámaras y chapitel, y gran cantidad de antorchas, velas y banderas. El obispo La Gasca ofició personalmente la vigilia y la misa, en presencia de todo el Cabildo y religiosos de las órdenes, así como de numerosos caballeros, autoridades y ciudadanos enlutados, mostrando una solemnidad inusitada para la época. Este minucioso relato contrasta con el lacónico registro de don Tomás Paz, secretario capitular y canónigo, que solo anotó: “viernes de La Cruz. Murió la reina nuestra señora”, y con el silencio del Magistral Dr. Ascensio García en su manuscrito sobre San Antolín y la historia diocesana.

Una solemnidad comparable se observó en la consagración episcopal del Canónigo Magistral Dr. Francisco Blanco de Salcedo, natural de Capillas, como obispo de Orense, celebrada en la catedral el domingo 23 de agosto de 1556. El Magistral Dr. Ascensio García registra que, para honrar al electo, el obispo La Gasca presidió personalmente la consagración, asistido por dos prelados invitados. La iglesia se adornó con rica tapicería y doseles, y se erigió un gran andamio entre los coros, colocando sobre él un altar transparente para la ceremonia. Tras la consagración, La Gasca ofreció un espléndido banquete en su residencia, al que asistieron más de doscientas personas, incluyendo cabildo, caballeros, justicia, regidores y destacados vecinos de la ciudad y sus alrededores. En la festividad de San Antolín, el nuevo obispo celebró y predicó en el Pontifical, extendiendo la invitación a comer a ministros, cantores, oficiales de la iglesia y numerosos eclesiásticos y seglares.

Estas ceremonias suscitan la pregunta: ¿dónde residía La Gasca en esos años? El cronista es claro: los invitados al banquete de la consagración episcopal fueron agasajados en la residencia del obispo consagrante, pero el Palacio-Alcázar episcopal, morada habitual de los obispos palentinos, permanecía destruido y en ruinas.

La historia local registra varios episodios de conflicto entre los ciudadanos palentinos y sus obispos. El primero ocurrió en tiempos del obispo Don Gómez (1315-1320), cuando un grupo de ciudadanos intentó agredirle durante una audiencia en la puerta de San Antolín. Según el Arcediano del Alcor, Don Gómez fue atacado mientras cabalgaba en mula, recibiendo golpes y pedradas, y permaneció varios días encerrado en su casa. La sentencia del rey Alfonso, dictada en Toro el 12 de enero de 1319, condenó a muerte a cuarenta ciudadanos y confiscó sus bienes en favor del obispo, aunque no se sabe con certeza si se ejecutó la pena capital.

Años más tarde, durante el episcopado de Don Gutierre de la Cueva (1461-1469), hermano del favorito del rey Beltrán de la Cueva, el Alcázar-Palacio fue finalmente arrasado. Don Gutierre apoyaba a Enrique IV en la lucha fratricida contra el infante don Alonso; los palentinos, partidarios del infante, destruyeron el palacio episcopal, dejando a los obispos sin residencia propia durante muchos años. En 1466, jueces delegados del Papa declararon un entredicho apostólico en la ciudad, que duró un año, pero no se restableció inmediatamente el palacio, considerado por los ciudadanos como símbolo de su señorío sobre la ciudad.

El Alcázar destruido y la residencia episcopal en tiempos de La Gasca

Convertido en un problema complejo, el caso del Alcázar destruido, en cuya preparación tuvo papel destacado don Sancho de Castilla, mantenía su triste vigencia casi un siglo después, durante el episcopado de don Pedro La Gasca. Como ya señalamos, La Gasca tomó posesión de la diócesis por procuradores el 29 de mayo de 1551 y, tras regresar de Alemania, donde había sido llamado por el Emperador, realizó su entrada solemne el 25 de marzo de 1553.

Su Vicario General, el Licenciado Gómez de Mora, se ocupó de proporcionarle una residencia digna. Para ello arrendó unas casas principales propiedad del Cabildo, ubicadas en la calle de la Puerta de Monzón, que habían quedado vacantes tras la muerte del abad de Husillos, don Francisco de Carvajal, por un precio anual de 18.000 maravedíes. La escritura de arrendamiento, redactada por el notario Antonio Álvarez el 5 de agosto de 1553, incluye detalles significativos: el arrendamiento debía considerarse vigente desde San Juan de Junio del año anterior (1552) y durar mientras La Gasca fuera obispo, cesando automáticamente al término de su episcopado.

Tanto La Gasca como su predecesor inmediato, don Luis Cabeza de Vaca, intentaron solucionar la precaria situación del Alcázar. Ambos obtuvieron del emperador cédulas reales que los autorizaban a edificar una casa llana para su residencia y la de sus sucesores en el Alcázar Viejo, derribado con licencia del Infante don Alonso. Las cédulas, despachadas en Valladolid el 10 de noviembre de 1549 y el 5 de abril de 1555, nunca se tradujeron en obras. Cabeza de Vaca falleció al año siguiente, y La Gasca, por motivos desconocidos, tampoco inició la construcción. Su sucesor, Cristóbal Fernández de Baltodano, continuó habitando las casas arrendadas. La autorización especificaba que la nueva construcción no debía asemejarse a un alcázar, fortaleza o torre, limitación que probablemente desagradara a los obispos.

El autor de las Crónicas Episcopales Palentinas afirma que Cristóbal Fernández de Valtodano comenzó la construcción de las actuales casas episcopales el 2 de febrero de 1567, aunque no pudo concluirlas: las obras ejecutadas resultaron insuficientes, dejando el inmueble inhabitable hasta 1800, cuando Don José Luis de Mollinedo continuó y concluyó la obra. Lamentablemente, Álvarez Reyero dedica al obispo La Gasca apenas dos páginas, sin detallar sus características.

Volviendo a las casas arrendadas del abad de Husillos, Francisco de Carvajal, un detalle significativo permite reconstruir su tamaño y distribución, complementando la información de los documentos de inspección del Cabildo. La escritura de arrendamiento del 5 de agosto de 1553 comienza con un encabezamiento de interés histórico (Apéndices 20 y 21):

Sirva esta carta de arrendamiento como constancia para todos los que la vieren, de que yo, el Licenciado Gómez de Mora, provisor, fiscal y vicario general de este obispado de Palencia, otorgo y reconozco por esta presente carta que tomo y recibo en alquiler (o en arrendamiento) de los magníficos señores Deán y Cabildo de la santa iglesia de Palencia (es decir, el consejo de canónigos), a saber: unas casas principales que dichos señores Deán y Cabildo tienen en la calle de la Puerta de Monzón, las cuales quedaron vacantes tras el fallecimiento del señor don Francisco de Carvajal, Abad de Fusillos..."

El documento detalla que el arrendamiento se ajustaría a tres cláusulas principales: la primera establece la duración y condiciones de cesión; la segunda regula las reparaciones, aprobadas por el Cabildo y descontadas de la renta anual; y la tercera estipula el precio: 18.000 maravedíes anuales, pagaderos en dos plazos, San Juan de Junio y Navidad, junto con las fianzas y cumplimiento de las leyes vigentes. Los veedores del Cabildo debían inspeccionar las dependencias al inicio y al final del contrato, asegurando que las casas se devolvieran en el estado recibido y supervisando las reparaciones calculadas en 40.000 maravedíes tras la muerte del abad.

Las casas principales del Cabildo y la residencia episcopal de don Pedro La Gasca

El contrato de arrendamiento concluye con estas palabras:

"En prueba (o confirmación) de lo cual, nosotros, las mencionadas partes, otorgamos esta carta de arrendamiento en la forma en que se ha dicho, ante el escribano y notario público y los testigos escritos abajo (de yuso escriptos), a quien rogamos (o pedimos) que la escribiera y la firmara con su sello oficial (sinase con su signo).

Redactada (o Fechada) y otorgada en la ciudad de Palencia, a cinco días del mes de agosto del año del Señor de 1553.

— Testigos: Hernando Montes, Antonio Franco y Juan de Aguilar, vecinos de Palencia.

— El Licenciado Gómez de Mora — Cristóbal de Dueñas — Pedro Elices — Pedro Amigo (Firmas de las partes).

— Yo, Antonio Álvarez de Becerril, escribano de Su Majestad en su Corte y notario público con número en la ciudad de Palencia, estuve presente con dichos testigos y, por otorgamiento y ruego (a petición) de los otorgantes (quienes firman), doy fe de que escribí y firmé la carta de arrendamiento, rubricando en testimonio de verdad — Antonio Álvarez (Firma y rúbrica del notario)."

Siguiendo lo estipulado en el contrato, las casas principales fueron minuciosamente inspeccionadas en todas sus dependencias: puertas, ventanas, paredes, suelos, techos, cuartos, salas, corredores, granero, caballerizas… todo fue observado y anotado con extremo cuidado. La inspección se realizó el 26 de agosto de 1553, mientras el obispo don Pedro La Gasca ya residía en ellas, ante el notario Antonio Álvarez de Bezerril y en presencia de los canónigos veedores Francisco de Burgos de Segura y Diego Gómez de Tueste, del contador Pedro Amigo y del racionero y procurador del Cabildo, Christóbal de Dueñas.

Al leer la descripción, no puede decirse que resulte agradable o risueña; más bien, sorprende que se califiquen de “casas principales” unas dependencias en un estado tan deplorable de abandono y ruina. Dos factores explican esta situación: primero, el absentismo crónico de los abades de Husillos, que se prolongó hasta los días de don Francisco de Carvajal; segundo, la necesidad de costosas reparaciones, estimadas en 40.000 maravedíes, que difícilmente se justificaban ante la población y el Cabildo, ignorante de los pormenores de la arquitectura.

Este punto justifica la inclusión del contrato en apéndice, pues permite a un arquitecto reconstruir el edificio y su distribución original. Resulta ilustrativo el caso del abad Francisco de Reinoso, quien, tras años de vida lujosa y disipación, decidió residir en la abadía de Husillos y dar ejemplo a su Cabildo. Su primer cuidado fue establecer una residencia digna para los abades, eliminando así la principal causa de absentismo.

El abad Reinoso no se arredró ante la enorme inversión que requeriría la obra; su espíritu caritativo ya había quedado patente en Palencia y Valladolid, como señala su biógrafo, el Padre Gregorio de Alfaro. Entre sus principales obras destacan: la dotación del Colegio de los Niños de la Doctrina de Palencia con 4.000 ducados, el sustento anual de 12.000 maravedíes para los vestidos de 24 niños pobres, y la entrega de 75.121 maravedíes en piezas de plata al mismo colegio. También benefició al Hospital de San Antolín, con fuentes de plata, reposteros y otros objetos, tasados en 75.254 maravedíes y medio, equivalentes a más de 200 ducados.

Gracias a estas donaciones y a la riqueza acumulada en la abadía, las casas principales que ocupó La Gasca contaban con aposentos y salones donde podían admirarse los cuatro grandes tapices y otras joyas, además de permitir organizar banquetes, como el que tuvo lugar durante la consagración de don Francisco Blanco de Salcedo.

Para justificar el uso de los fondos en la remodelación y enriquecimiento de la abadía y la iglesia colegial, don Francisco Reinoso ideó un recurso astuto: los tapices, con escenas de cacería y diversión, no eran apropiados para un lugar sagrado, por lo que fingió que su venta generaría los recursos empleados, calmando así cualquier murmuración sobre el destino de las rentas eclesiásticas.

Tal vez este episodio resulte más extenso de lo esperado, pero era necesario para comprender cómo La Gasca pudo residir en las casas del Cabildo, asistido por su madre y hermanas, y cómo se desmiente la leyenda erótica del Pacificador del Perú, que se habría transmitido en el Palacio Episcopal. La riqueza y amplitud de los salones del Hospital de San Antolín ofrecían, además, el espacio suficiente para los banquetes y reuniones del Cabildo, ampliamente utilizados durante siglos, sin necesidad de recurrir a relatos legendarios.

El episcopado de don Pedro La Gasca y la preeminencia del obispo sobre el nombramiento de regidores

Como prometió el Arcediano del Alcor, él trataría con amplitud el episcopado de don Pedro La Gasca, y por ello ha sido nuestro constante referente al relatar la azarosa y compleja vida de este obispo. Sin embargo, el Arcediano falleció el 18 de agosto de 1559, a la edad de 85 años, in senectute bona, y por esta razón no pudo narrar un episodio histórico de gran trascendencia en la vida de La Gasca, aunque los primeros indicios de desavenencias entre el obispo y el corregidor se dieron en vida del Arcediano.

El conflicto surgía en torno a ciertas novedades que el obispo pretendía introducir en el nombramiento de regidores, una de las prerrogativas históricas de los obispos palentinos como señores de la ciudad. La Silva Palentina describe minuciosamente este proceso:

"El primer domingo de marzo, a la mañana, concurren a la iglesia mayor de San Antolín la justicia, todos los principales de la ciudad y cualquier vecino que desee asistir. En la capilla capitular se designa a una persona principal, vecino de la ciudad, que elige a dos nombradores. Si hay discordia sobre quién ocupará ese puesto, lo decide el regidor. Cada uno de los nombradores designa a otras diez personas, formando un total de veinte. Estos veinte eligen a tres vecinos cada uno para regidores, sumando sesenta; el escribano del concejo confecciona la nómina de estos sesenta, que firma y entrega al obispo o, en su ausencia, al provisor del obispo, quien selecciona a doce. Ninguno puede haber sido regidor el año anterior. La nómina de los doce se envía al corregidor, y cada uno presta juramento de desempeñar fielmente su cargo en beneficio de la ciudad, de Dios, del rey y de la iglesia. Del mismo modo se nombran dos alcaldes, quienes ejercían la justicia desde antes de la llegada de los Reyes Católicos, hacia 1480, en tiempos del obispo don Diego Hurtado de Mendoza."

El Arcediano del Alcor ofreció esta descripción con notable minuciosidad, complementando los datos sobre los primeros corregidores nombrados por los reyes, quienes buscaban limitar las contiendas entre el obispo y los ciudadanos. Esta documentación fue exhaustivamente analizada por la Doctora María Jesús Fuente, quien en el capítulo quinto de su obra, Los poderes políticos (pp. 399-514), sintetiza así la evolución histórica del corregidor en Palencia:

• La figura del corregidor aparece por primera vez en la ciudad en 1422.
• Vuelve a la ciudad en 1445, posiblemente permaneciendo hasta 1450.
• Tras un intervalo, su presencia se registra con más frecuencia en 1461, 1462 y 1465.
• Se solicita nuevamente un corregidor en 1414 y la instalación definitiva ocurre en 1483.

Estas intervenciones reales indican que la secular preeminencia de los obispos sobre la ciudad estaba en proceso de desaparecer. Los últimos pasos de esta transición se dieron durante el reinado de los Reyes Católicos en la ciudad y bajo Felipe II en la diócesis, según señala con acierto el anotador de la Silva, Dr. Matías Vielva.

La llegada de los corregidores significaba que, por mandato regio, el poder judicial de la ciudad se concentraba en ellos, dejando en suspenso las funciones de los alcaldes y del merino. No obstante, la misión de los regidores como administradores del Concejo continuaba vigente incluso tras la instauración de los corregidores, asegurando que la administración local mantuviera cierta continuidad frente al nuevo control judicial.

Conflicto entre el obispo La Gasca y el corregidor Villegas

Este episodio permite explicar un incidente significativo entre el obispo don Pedro La Gasca y el corregidor de Felipe II en Palencia, el Licenciado Villegas. No se conocen con exactitud las novedades que el corregidor pretendía introducir en el nombramiento de regidores, ni si su intención era prescindir totalmente del obispo. Lo cierto es que, al sentirse su autoridad lesionada, La Gasca reclamó ante el Consejo Real y ante la Rota Romana, y en ambos tribunales se falló a favor del obispo.

En la Sagrada Rota Romana, su auditor, el Dr. Juan Bautista de Rubeis, delegado papal para este asunto, emitió en febrero de 1561 un documento de citaciones e inhibiciones en favor de la Iglesia de Palencia, reconociendo los derechos del obispo. Este documento fue intimado a la Congregación de las Iglesias Catedrales de León y Castilla por el secretario y Notario Alfonso Campillo el 7 de junio del mismo año.

Con mayor rapidez actuó el Licenciado Alvar García de Toledo, de la Real Audiencia de Valladolid y juez en las causas de Palencia, a quien Felipe II encomendó informar al Consejo Real sobre las desavenencias entre el obispo y el corregidor respecto al nombramiento de regidores. A los cuatro días, Felipe II ordenó al corregidor Villegas que no introdujera novedad alguna en este proceso, recordándole que la prerrogativa correspondía al obispo de Palencia.

Una carta conservada en el Archivo de la Catedral sugiere cuál habría sido la intención del corregidor: designar regidores sin la intervención del obispo y, si este ya los había nombrado, impedir que acudieran al palacio episcopal a prestarle juramento. Por diversas vicisitudes, el nombramiento de los regidores siguió su curso, aunque estos detalles escapan de nuestro ámbito.

La participación de La Gasca en la Reja del Coro

Cerrando esta etapa, conviene destacar la última actividad conocida del obispo La Gasca en la catedral: su participación en la Reja del Coro. Durante la ausencia del obispo don Juan de Velasco, hijo del condestable don Pedro Fernández de Velasco, que nunca llegó a visitar la ciudad ni su catedral, el Cabildo Palentino había encargado la ejecución de las dos rejas que cierran el frente de la Capilla Mayor y el ángulo oblicuo del muro de la epístola al destacado rejerista (rejero) Cristóbal de Andino.

La Capilla Mayor, atribuida al mecenas don Juan Rodríguez de Fonseca, albergaba el retablo de Bigarny, complementado con imágenes y pinturas de Juan de Flandes, Juan de Valmaseda, Pedro de Guadalupe, Manso, y otros artistas, constituyendo un conjunto extraordinario de la época. Cristóbal de Andino, reconocido por su triple condición de arquitecto, escultor y platero, firmó el contrato con los canónigos fabricante el 29 de enero de 1520, entregando la reja entre finales de 1524 y comienzos de 1525. El precio acordado fue de 1.500 ducados de oro, más 400 adicionales en concepto de mejoras.

Aunque la finalidad principal de estas líneas era destacar la obra maestra de Andino, se remite al lector al Libro de Contratos de Obras de la Catedral, y a la obra de la especialista Amelia Gallego de Miguel, quien considera a Cristóbal de Andino, natural de Burgos según ella, como creador de un nuevo período en la rejería española. Esta autora señala como ejemplos de este Renacimiento Castellano la gran reja de la Capilla Mayor y la más pequeña, aunque perfecta, del lado de la Capilla Mayor, coronada con el escudo central de D. Antonio de Rojas. Estas obras completaban la herencia del célebre Deán don Gonzalo de Zapata, cuyo escudo se repite como señal de agradecimiento y recuerdo.

La gran Reja del Coro

Concluido el nuevo coro de la Catedral, en el lugar seleccionado por el obispo don Juan Rodríguez de Fonseca, el Cabildo decidió emprender la construcción de una gran reja que no desmereciera de la que ya había colocado el renombrado rejero Cristóbal de Andino. Esta situación, sin duda, influyó en la determinación del Cabildo de tomar todas las precauciones necesarias, como señala acertadamente Amelia Gallego de Miguel, autora a quien seguiremos en estas páginas.

Se encargaron los planos y las condiciones técnicas de la obra, anunciándose la subasta mediante edictos en los lugares donde se conocía la existencia de talleres rejeros célebres. Al concurso acudieron nueve artistas, y los delegados del Cabildo evaluaron sus propuestas mediante un triple escrutinio el 28 de octubre de 1555. Finalmente, la obra fue adjudicada al rejero segoviano Gaspar Rodríguez por la suma de 3.400 ducados, incluyendo los dos púlpitos que más tarde se colocarían en la reja del Altar Mayor. Rodríguez tenía la obligación de residir en Palencia durante los cuatro años que duraría la ejecución (1556-1559).

Para financiar la reja, el Cabildo contó con los recursos provenientes de la herencia del obispo Luis Cabeza de Vaca, quien había designado a la fábrica de la Catedral como heredera de toda su fortuna, una vez pagadas sus deudas. Según la Silva Palentina del Arcediano del Alcor, su provisor, los testamentarios del obispo reservaron mil ducados de oro para la sepultura entre los dos coros y dispusieron que todo el remanente de su hacienda se destinara a "hacer una buena reja para el coro".

Dado que el obispo falleció el 12 de diciembre de 1550 y la apertura de pliegos se realizó el 28 de octubre de 1555, quedan claros dos hechos: el obispo llevaba cinco años muerto y el Cabildo no se apresuró en cumplir sus deseos. Además, el Arcediano del Alcor murió antes de que la reja fuera terminada y colocada, sin dejar detalles sobre sus características en la Silva Palentina.

El Arcediano sí documentó los gastos de las honras fúnebres, derechos de sepultura y estola, así como las piezas de plata y otros bienes destinados a la sacristía, pero no especificó las cantidades que se destinarían a la fábrica de la Catedral. Probablemente no eran grandes, ya que la reja se ajustó en 3.400 ducados: los mil ducados provenientes de los derechos de sepultura fueron completados con donativos de los obispos Pedro La Gasca y Cristóbal de Valtodano, cuyos escudos figuran destacados en la reja.

Las grandes rentas de la mitra palentina contrastaban con su aparente pobreza al morir, reflejo de la extraordinaria caridad del obispo Cabeza de Vaca, manifiesta en varias ocasiones documentadas por el Arcediano. Durante su episcopado (1537-1550) se produjeron sequías, carestías y hambres. Entre los benefactores más destacados se contó el propio obispo, quien repartió la mayor parte del pan disponible entre los pobres y hospitales de Palencia durante 1539 y 1540, continuando su generosidad en los años siguientes, incluso frente a pestilencias y calamidades.

Al colocar las rejas, los artistas presentaban mejoras que justificaban aumentos en los pagos. En el caso de Gaspar Rodríguez, las condiciones del contrato eran más estrictas, y su residencia en Palencia facilitaba al Cabildo la supervisión de la obra y la aprobación de las mejoras introducidas. Como era habitual, los plazos no se cumplieron; en abril de 1564, los canónigos, acompañados del obispo La Gasca, visitaron al artista para discutir deficiencias señaladas por el Cabildo. Rodríguez respondió mostrando las mejoras, algunas aún en el taller, que fueron finalmente aprobadas por el obispo y los comisionados.

El resultado fue que la reja del coro de la Catedral Palentina se convirtió en una obra maestra y un testimonio del arte de los rejeros del siglo XVI. Para Gaspar Rodríguez supuso un gran prestigio y un trampolín hacia otras ejecuciones. La especialista Amelia Gallego de Miguel considera al obispo Luis Cabeza de Vaca como el principal mecenas de esta obra, título que se mantiene entre los conocedores de la catedral. Su escudo, de gran tamaño, ocupa la calle central de la reja, adornada bellamente y rematada con la imagen del Patrono San Antolín y sus compañeros de martirio: el presbítero Juan y el adolescente Almaquio.

El obispo La Gasca también contribuyó de manera notable, según la colocación y tamaño de sus escudos, que se repiten en las calles laterales de la reja. Finalmente, en el punto medio de la calle central, como sobrepuesto entre el largo friso que separa un cuerpo de balaustrillos, se encuentra el pequeño escudo del obispo Cristóbal de Valtodano, cuya limosna más modesta completó el pago de la reja.

Hemos descrito los párrafos anteriores basándonos en lo que el tamaño, la colocación y la belleza de los escudos parecen indicar, organizados en orden descendente según la cronología episcopal de sus protagonistas. Pero ¿refleja realmente esta disposición la realidad de los hechos?

Como señalamos al analizar el contrato con el rejero Gaspar Rodríguez de Segovia, en los números 89 y 90 del Catálogo del Archivo —los Libros de Contratos de obras de la Catedral—, numerosos folios están dedicados al contrato mismo y no menos de seis folios (44-49 del n.º 90) a las mejoras introducidas en la Reja del Coro. Considerando la magnitud e importancia de estas mejoras, aquí reside la razón por la que los obispos La Gasca y Valtodano tuvieron que intervenir económicamente.

Antes de avanzar, conviene recordar que apenas un año después de la muerte del obispo Luis Cabeza de Vaca (12 de diciembre de 1550), en 1551, la ciudad de Palencia emprendió una obra pública de gran envergadura destinada a poner en regadío la mayor parte de su término municipal. La obra consistió en construir una presa junto al soto que poseía el Abad de Husillos, de la cual el agua represada sería conducida al término de Palencia mediante un gran cuérnago. Según el Arcediano del Alcor, la presa sola costó siete mil ducados, pero la celeridad con que trabajaron los palentinos permitió que, en la primavera siguiente —cuando hubo una gran sequía— se regara buena parte de las heredades.

El Cabildo Catedralicio, como gran propietario en el término municipal, no podía permanecer impasible ante una obra de tal magnitud. Así, si previamente había destinado 100 ducados de la herencia de Cabeza de Vaca, ahora recurrió a otra dotación hecha por el mismo prelado: los quinientos ducados de una memoria establecida el día del Nombre de Jesús fueron invertidos en el pago de los nuevos regadíos, asegurando la dotación de la memoria sobre los bienes de la Mesa Capitular, especialmente sobre los molinos que poseía el Cabildo en Puentecillas.

De particular interés histórico es el nombre del principal promotor de esta obra: Juan Bázquez de Ayora, según nos relata el Arcediano del Alcor. Hijo del célebre capitán comunero de Ayora, cronista de los Reyes Católicos, jugó un papel destacado en Palencia durante el movimiento comunero, llegando incluso a ser excluido del perdón imperial concedido a los palentinos condenados a muerte y con sus bienes secuestrados. Más tarde, conmutada la pena de muerte por destierro, regresó a Palencia en 1537, habiendo ofrecido sus servicios militares en Portugal y Francia.

Sea cual fuere el juicio sobre la decisión del Cabildo, lo innegable es que el caudal heredado por la fábrica se vio reducido nuevamente con esta inversión en regadíos, considerada de gran interés para los agricultores.

Volviendo a las mejoras introducidas en la reja, es aquí donde probablemente se encuentran los datos que justificaron la intervención de los obispos. El estudio sobre la Rejería de Segovia de la misma autora que trató la rejería palentina se limita a decir que “el único rejero con prestigio, que se titula vecino de la ciudad de Segovia, es Gaspar Rodríguez, que hace la reja del coro de la catedral de Palencia”. La obra extraordinaria de Palencia le dio amplia fama, pero no realizó encargos significativos en Segovia, lo que explica su omisión en ese estudio.

Las mejoras introducidas fueron numerosas y significativas. Ante un fuerte Memorial del Cabildo señalando supuestas deficiencias en la reja, el rejero respondió con otro Memorial detallando todas las mejoras incorporadas. Fueron veintidós en total, pero a modo de ejemplo, se destacan algunas:

• El banco de las puertas fue mejorado con talla de imaginería de alta calidad y otros adornos, mucho más sólidos y valiosos que la muestra original de chapa cortada, que era simple y ligera. Los señores diputados y el obispo La Gasca ordenaron que se realizara de esta manera debido a su mayor resistencia y valor.
• Los pilares del primer y segundo paño fueron elaborados con mayor grosor y decoraciones más destacadas que las originalmente previstas. El obispo y los diputados supervisaron estas diferencias y mandaron ajustarlos a la nueva forma, incluyendo botones, estrías y hojas más elaboradas.
• La imagen de San Antolín, originalmente hecha en dos hazes, fue rehecha a cuerpo redondo por mandato del obispo. Lo mismo se aplicó a los púlpitos y las puertas, que tuvieron que deshacerse y rehacerse para cumplir las nuevas exigencias.
• En el centro de la reja se colocó un Dios Padre en alto relieve, adornado con molduras, hojas y reboltones, mientras que en el interior del coro aparecían las figuras correspondientes a la iglesia. Según el contrato original, estas piezas habrían sido de chapa cortada en dos haces, pero se mejoraron sustancialmente.

Estas son algunas de las mejoras señaladas en el Memorial, pero no se menciona su valor ni se detalla el poder otorgado por el Cabildo para que don Antonio Silva, camarero y depositario de los bienes del obispo Cabeza de Vaca —quien había nombrado heredera a la Fábrica— pudiera rendir cuentas y gestionar el pago de la reja del coro. Solo se indica que aún faltaba saldar la obra.

No se descarta la posibilidad de encontrar alguna pista en hojas sueltas de los Libros de Contratos de Obras de la Catedral que esclarezca este aspecto, como podría ser el tiempo otorgado a Gaspar Rodríguez de Segovia para ejecutar la reja, entregarla al Cabildo y los plazos señalados para los pagos.

Como mencionamos anteriormente, el plazo para la entrega era de cuatro años, contados a partir de Pascua de Flores de 1555, y la cuantía acordada era de 3.400 ducados, equivalentes a 1.275.000 maravedís. El pago se efectuaría en seis partes iguales de 212.500 maravedís, de manera que la última sexta parte no se abonaría hasta que la reja estuviese completamente terminada, instalada, dorada y pintada, según lo estipulado en el contrato del libro de obras de la Catedral ya citado.

Estos detalles, sin embargo, ofrecen poca o ninguna información para determinar la contribución específica de los tres obispos —Cabeza de Vaca, La Gasca y Fernández Valtodano—, ya que la cláusula de los cuatro años de duración no se cumplió hasta 1571. A partir de la documentación, podría suponerse que tres sextas partes del capital heredado por la Fábrica correspondieron al obispo Luis Cabeza de Vaca, dos sextas partes a don Pedro La Gasca y la última sexta parte, como remate final, al señor Fernández Valtodano.

En 1561, don Pedro La Gasca fue trasladado al obispado de Sigüenza, buscando sin duda un descanso debido a su delicada salud y múltiples achaques. Falleció allí el 10 de noviembre de 1567. No es propósito de este estudio detallar sus actividades en Sigüenza; nos limitaremos a indicar si su actuación reflejó celo pastoral, vigilancia sobre los fieles, caridad con los pobres y generosidad hacia la Iglesia.

Para responder a estas preguntas, nos apoyamos en las noticias recopiladas por el docto canónigo archivero, extraídas de la Historia de la Diócesis de Sigüenza de Toribio Minguella.

Las Bulas de su traslado a Sigüenza se expidieron el 2 de junio de 1561, y realizó su entrada solemne el 11 de agosto, con gran recibimiento por parte del clero y los fieles. El Ayuntamiento le ofreció 24 aves, 24 perniles, 4 cabritos y 12 carneros, siguiendo la costumbre de la época.

Un mes y medio después, el 30 de septiembre de 1561, como prueba de su celo pastoral y lucha contra la ignorancia religiosa, publicó un edicto en el que ordenaba a todos los fieles que desconocieran la doctrina cristiana asistir a las parroquias los domingos y fiestas después de comer, concediendo veinte días de indulgencia a quienes acudieran o enviaran a sus criados a recibir instrucción de los curas y clérigos del obispado.

No solo se preocupó por la ignorancia religiosa, sino también por la instrucción general. Poseedor de los cuatro grados académicos otorgados en las universidades españolas, promovió que su Cabildo aumentara la asignación económica al Maestro Velasco, preceptor de Gramática, tomando como modelo la generosidad del Cabildo Palentino con su maestro, que percibía más que muchos profesores de Salamanca o Alcalá.

Dotó a sus iglesias de libros litúrgicos —breviario, misal y ritual diocesano—, inició los primeros pasos para construir el trascoro o deambulatorio de la catedral a principios de 1565 y participó activamente en el Sínodo Provincial de Toledo en agosto de ese mismo año. Desde entonces, La Gasca comenzó a tomar disposiciones para celebrar un Sínodo Diocesano en Sigüenza, que finalmente tuvo lugar a partir del 28 de julio de 1566, con sus decretos sinodales impresos en 1571.

Una de las últimas disposiciones de don Pedro La Gasca, fechada el 24 de octubre de 1567, fue una respuesta a una comisión capitular que le solicitó ordenar la práctica de las informaciones sobre la limpieza de sangre de los aspirantes. El prelado consideró que se trataba de un asunto grave y de mucho peso, pero dejó constancia de que nunca le habían parecido adecuados esos obstáculos, “porque la Iglesia está abierta para los buenos y virtuosos”.

El 10 de noviembre, tras una breve enfermedad, falleció con la muerte de los justos, siendo trasladado para su entierro a la parroquia de La Magdalena de Valladolid, iglesia que él mismo había fundado.

Puede afirmarse, sin exagerar, que las sentencias de pena capital que se vio obligado a ordenar tras la derrota de Gonzalo Pizarro y sus seguidores lo acompañaron durante toda su vida. Inútil fue delegar sus poderes judiciales en subalternos, quienes, en juicios sumarísimos, impusieron las primeras sentencias con la máxima pena. Esta actuación, aunque formalmente atribuida a sus subalternos, pesó sobre su conciencia, y La Gasca siempre se consideró responsable de aquellas penas, en contraste con la mansedumbre y caridad que debía caracterizar a su sacerdocio.

El propio La Gasca lo dejó constancia en su testamento, redactado durante su última enfermedad en Sigüenza, el 6 de noviembre de 1567, apenas cuatro días antes de su muerte a las cuatro de la mañana del día 10. Las fuentes coinciden en estas fechas, aunque existen discrepancias sobre el lugar de su enterramiento y los motivos de la fundación que creó en La Magdalena, en Valladolid, utilizando una verdadera fortuna.

Si bien algunos historiadores han propagado la idea de que el Emperador confió la pacificación del Perú a un cura armado solo con un crucifijo y un breviario —como si la paz fuera a lograrse por un milagro de su sotana— la realidad es mucho más compleja. Tras su llegada a Sevilla como triunfador de Pizarro y portador del tesoro más grande enviado desde las Indias, La Gasca no poseía riqueza personal; sin embargo, en su testamento estableció una fundación principesca con las rentas eclesiásticas que legítimamente había adquirido en Palencia y Sigüenza.

Respecto al lugar de su enterramiento, el P. Toribio Minguella, historiador de la diócesis de Sigüenza, no se pronuncia con certeza, dejando el asunto algo oscuro. Indica que el Cabildo y la ciudad deseaban que el prelado recibiera honorífica sepultura en la catedral, como era habitual, y que el Dr. Diego Gasca, hermano del difunto, inicialmente apoyó esta idea. Sin embargo, se acabó decidiendo que el cadáver fuera trasladado a la parroquia de La Magdalena, iglesia que el propio obispo había edificado.

Por su parte, el Dr. Martín González señala que, habiendo ordenado La Gasca que su cuerpo fuera llevado a Valladolid, se procedió a ello de inmediato, y existen noticias de que el 19 de noviembre de ese año ya estaba depositado provisionalmente en la iglesia antigua. Podría afirmarse que en su testamento manifestó su deseo de ser enterrado en Valladolid, pero al no especificar que debía hacerse de forma inmediata, los seguntinos pensaron que el entierro inicial debía realizarse momentáneamente en la catedral.

El segundo punto de discrepancia se refiere a los motivos que llevaron a La Gasca a realizar todo lo incluido en su fundación de La Magdalena. En este aspecto, el Dr. Minguella es explícito: La Gasca “lo hacía por satisfacer en algo las faltas que había tenido en celebrar misa, debido a las ocupaciones en que le había empleado el Emperador Carlos V en Valencia, en la visita de los Tribunales de aquel reino —tanto de justicia como de hacienda—, y en la defensa de Valencia y de las islas de Mallorca e Ibiza cuando Barbarroja vino, en 1542, con la armada del turco y del rey de Francia; y finalmente, por las faltas que pudiera haber cometido en su viaje al Perú y en la reducción de aquellos reinos a su Real servicio, y en el castigo de los tiranos. En todo lo cual, dice, nos ocupó más de ocho años, sin atrevernos en todo ese tiempo a decir misa, dado que Su Santidad, a instancia y pedimento de S. M. J., nos envió un Breve copiosísimo para poder entender en todos los negocios de cualquier naturaleza, tanto civiles como criminales y de guerra y de paz, y no caer en otra irregularidad”.

Por consiguiente, La Gasca justificaba la creación de las capellanías aludiendo a un período de ocho años en que no pudo celebrar misa, un tiempo considerable de su vida que deseaba purificar y santificar con los frutos de la fundación.

Sin embargo, en contraste con lo afirmado por Minguella, recuerdo haber señalado en la sesión del Congreso Internacional Americano de Valladolid, celebrada en la Sala Capitular de la Catedral de Palencia, que el Pacificador del Perú, en su testamento, justificaba la fundación de trece capellanías en La Magdalena de Valladolid, especialmente por el tiempo en que no celebró misa mientras estuvo ocupado en la pacificación del Perú. Según él, “tratando de cosas y negocios de tanta sangre, era cosa no decente celebrar”. Es decir, la preocupación de su ánimo se refería principalmente a su estancia en América, y más concretamente a los días en que actuó intensamente con sus tribunales de justicia y dictó penas capitales: ambos períodos, aunque destacando el de las sentencias de pena capital en el Perú.

Aclarado este punto, podemos entrar de lleno en la fundación. El proyecto era complejo y de dimensiones colosales, que requería mucho tiempo, como efectivamente ocurrió. La elección del lugar —una parroquia de Valladolid— la justifica el propio Fundador en la escritura fundacional:

“Tenemos noticia de que la iglesia parroquial de la Magdalena de Valladolid es muy pobre, y que los edificios de ella están muy viejos y gastados, y que el beneficio curado de la iglesia no tiene renta bastante para la sustentación del cura… y nuestro fin y deseo… es edificar y hacer de nuevo la capilla mayor… y dotar en ella ciertas capellanías… con que la dicha capilla sea nuestra propia y para nuestro enterramiento y del señor doctor Gasca, del Consejo de Su Majestad, nuestro hermano, y de sus hijos y descendientes… damos y otorgamos todo nuestro poder cumplido y libre… al dicho señor doctor nuestro hermano y a los licenciados Buytrón y Victoria, abogados de la Real Audiencia y Chancillería de Valladolid, para que en nuestro nombre puedan capitular y asentar todo lo que les pareciere ser necesario para el buen efecto de todo ello”.

Surge entonces un interrogante: ¿cómo podía el obispo de Sigüenza tener un conocimiento cabal del estado ruinoso y la pobreza de esa parroquia? Para los palentinos, la explicación es sencilla: La Gasca conocía perfectamente esta y otras parroquias de Valladolid por sus necesarias estancias en la ciudad, que pertenecía a la diócesis palentina. Además, durante su episcopado en Palencia se reavivó la discusión sobre la separación y creación de una diócesis en Valladolid, lo que implicaba largas estancias y visitas a la Real Audiencia y Chancillería, ubicadas cerca de la parroquia donde residía su hermano.

En el poder otorgado a su hermano, el 12 de marzo de 1563, La Gasca indicaba que escogía la capilla mayor como lugar de su enterramiento, aunque no precisaba si debía realizarse inmediatamente tras su muerte. Esta omisión provocó en el Cabildo seguntino la idea de que su entierro podría ser provisional en la catedral, o que ignorara el contenido del poder dado a su hermano. Además, se podían enterrar en la capilla Juan Ximénez de Ávila y doña María Gasca, sus padres, así como el licenciado Diego González de Ávila, su tío, los patronos, sus esposas, hijos y descendientes.

El hermano de La Gasca, patrón de la fundación y compañero constante en universidades y otras muchas ocupaciones, imprimió gran rapidez a los trámites, facilitado por su residencia en Valladolid como miembro de la Real Audiencia y Chancillería, y como vecino de la parroquia.

El primer paso, treinta y cinco días después de la fundación del patronato, consistió en tomar declaración jurada ante el notario Melchor de la Serna a diversos maestros de obras de Valladolid, al cura, al mayordomo y a varios parroquianos. Todos declararon que lo ofrecido por el obispo La Gasca y, en su nombre, por su hermano, era de evidente utilidad y provecho, dada la necesidad y el mal estado de la iglesia, otorgando así la escritura de capitulaciones.

A continuación, conviene analizar primero en qué consistía la obra pía ideada por el obispo, para luego pasar a la parte material de los edificios. Ambas fueron ejecutadas con gran munificencia, y la calidad de los artistas intervinientes refleja el grado de suntuosidad que se quiso dar al patronato.

En la nueva Capilla mayor, que se establecería a costa del patronato, habría trece capellanías, una de ellas desempeñada por un capellán mayor. Todos estarían obligados a residencia coral, con todas las partes del Oficio Divino, y gran cantidad de misas, contando con el servicio de un sacristán, un organista y cuatro mozos de coro. Cada uno de los doce capellanes recibiría una renta anual de 100 ducados, mientras que el Capellán Mayor percibiría 200 ducados y dispondría de una casa común frente a la parroquia, que también se construiría por el Patronato.

Pocos autores, al exponer esta riqueza en las fundaciones pías, que casi crean un Cabildo Colegial, hacen referencia a un detalle de gran interés, que refleja la admiración de La Gasca por el antiguo rito nacional hispano. Esta fina sensibilidad litúrgica por lo español fue recogida acertadamente por el P. Minguella, quien reproduce un párrafo del testamento de don Pedro La Gasca: ordenó que, “por cuanto el oficio mozárabe fue antiguamente de mucha devoción y uso en España, y en tiempo de tanta persecución de infieles se decía estando los cristianos en aflicción, pidiendo a Dios misericordia y reparo de la religión cristiana, no es razón que un oficio de tanta devoción y antiguo en España cayese en olvido. Por lo cual el Cardenal Francisco Giménez, arzobispo de Toledo, mandó que en su capilla, fundada en la Iglesia Metropolitana de Toledo, se dijese perpetuamente una misa y aquel oficio. Por ello ordenamos y mandamos que perpetuamente, en dos viernes de cada mes, se diga en cada uno una misa y el dicho oficio en nuestra Capilla por los trece Capellanes, en el mismo tono y como se dice en la Capilla del Cardenal”.

Esta disposición litúrgica sobre el antiguo rito hispano refleja la admiración de La Gasca y su deseo de que este no se perdiese, aunque el especialista Benedictino J. M. Pinell señala que el intento de establecer una capilla mozárabe en Valladolid en 1567 fue efímero, y dejó de observarse.

Siendo su enterramiento en La Magdalena la causa fundamental de todo el patronato, conviene destacar las principales características de su sepulcro. El contrato quedó concertado el 23 de octubre de 1571 con el escultor Esteban Jordán, residente en Valladolid, incluyendo también el retablo Mayor. Según el catedrático de Arte de la Universidad de Valladolid, Sr. Martín González, el sepulcro debía ser labrado en alabastro de Cogolludo, sobre una cama de jaspe de la cantera de Espeja, realizada por Francisco del Río, tomando como modelo el sepulcro de Fray Alonso de Burgos, en la capilla del colegio de San Gregorio, desaparecido durante la francesada. El sepulcro contiene los atributos episcopales: libro en la mano, capa pluvial, mitra y cetro, y la figura yacente refleja un reposo tranquilo.

Si el sepulcro de fray Alonso llevaba la inscripción “operibus credite” (creed a las obras), el de La Gasca, a los pies, lleva las palabras: “accepit regnum decoris et diadema speciei de manu Domini” (recibió un glorioso reino y una hermosa corona de mano del Señor).

La Gasca cuidó también de que su escudo apareciera repetidamente en la capilla, realizando ocho escudos de piedra de Navares que se extendían por todo el templo. Asimismo, se dispuso que, en el friso interior, se colocara una gran inscripción en latín, compendio de su vida, que narra su trayectoria como obispo, su intervención en la pacificación del Perú y su servicio al Emperador Carlos V. La inscripción destaca sus victorias sobre los tiranos y rebeldes, y las sumas entregadas a los soldados, finalizando con la fundación de la capilla en honor a Dios y a Santa María Magdalena, y la indicación de su muerte en Sigüenza, el 10 de noviembre de 1567, a los 74 años.

El escudo de piedra colocado en la fachada, obra del arquitecto Francisco del Río, estaba adornado con capelo, cordones episcopales, armas, banderas y estandartes, acompañado de la divisa “Carolo V Imperatore Hispaniarum rege” y la leyenda “Caesari restituis Peru, regnis tiranorum spolia”. Este escudo es considerado uno de los mayores de España.

El Patronato debía pagar perpetuamente a la fábrica de la capilla mayor 10.000 maravedís al año, y otros 10.000 a la fábrica de la parroquia, asegurando así la conservación de ambos edificios. No es mi intención hacer una descripción exhaustiva del edificio ni de todo su contenido, ya estudiado con detalle por Martín González; me limitaré a mencionar a los artistas que intervinieron. La capilla mayor, la sacristía y la cripta, destinada a enterramientos familiares, serían obra del célebre arquitecto Rodrigo Gil de Hontañón, quien completó los trabajos en un plazo de tres años desde el 14 de junio de 1566, ayudado por el arquitecto vallisoletano Francisco del Río, responsable también del cuerpo de la iglesia, la fachada y la torre.

Antonio de Molina ejecutó la reja situada sobre el altar mayor; Cristóbal de Amberes realizó las cuatro vidrieras de la capilla; Alonso del Barco confeccionó las rejas de los aposentos de la sacristía y los marcos y varillas de las vidrieras; Juan Tomás Celma doró los escudos y el letrero; Gaspar de Palencia pintó las claves de la bóveda, y el albañil Juan Lorenzo colocó los azulejos del zócalo. La alta calidad de estos artistas refleja el grado de suntuosidad que se quiso conferir al Patronato.

Todo este conjunto de la capilla mayor y la sacristía se ejecutó por un valor de 6.400 ducados, aportados por el Patronato. Aunque no se registra el precio del sepulcro ni del retablo mayor, obra monumental de Esteban Jordán, el Libro de Inventarios de 1604 menciona que, además de los 6.000 ducados gastados en la capilla mayor, La Gasca financió el cuerpo de la iglesia con su torre, coro y asientos, completando la obra junto con los retablos, en la que gastó una considerable suma según los libros de cuentas de la capilla.

Al contemplar estas obras y leer las páginas del Dr. Martín González, uno experimenta un gozo íntimo comparable al de un coleccionista rodeado de tesoros incalculables. La visita a la iglesia de La Magdalena, según me indicó un sacerdote, revela que actualmente su archivo parroquial está vacío, concentrado en el Diocesano. La riqueza de las fundaciones, dotaciones, inventarios y libros de cuentas —con sus imágenes, retablos, pinturas, cruces, cálices, custodias, ropas litúrgicas, frontales y candelabros— es tal que uno se detiene admirado ante la generosidad ilimitada del gran obispo don Pedro La Gasca. Si en su gesta en Perú no tomó ni un ducado ni un maravedí, en su fundación demostró no solo generosidad sino casi prodigalidad al emplear tanta fortuna.

Quiero cerrar este análisis de la fundación La Gasca con dos elementos que me impresionaron profundamente: el primero, una obra de arte que formó parte del tesoro de la parroquia; el segundo, el contenido de una inscripción descubierta ya en este siglo. Para expresar mi impresión, necesito evocar brevemente mi primer nombramiento como Bibliotecario de la Catedral de Palencia, en los primeros años del episcopado del Dr. Lauzurica. Mi primera tarea consistió en elaborar un moderno catálogo de la biblioteca, que me ocupó muchas mañanas durante varios meses y me permitió interactuar con numerosos visitantes interesados en el gran tesoro artístico y documental de la Catedral.

Varios de esos visitantes me preguntaban por la Colección de ricos tapices que, en días señalados, cubrían las paredes de la Capilla Mayor. Solo conservaba un recuerdo borroso de su existencia, pero un día un Maestro en Arte me explicó que, al advenir la Segunda República y suprimir el presupuesto eclesiástico, los Cabildos quedaron desprotegidos, como canarios en jaulas de oro sin comida. Se vio obligada la venta de algunos tapices para que no perecieran de hambre, y así comprendí la tragedia que sufrieron muchos Cabildos.

Al leer con atención y deleite las páginas del Dr. Martín González, he notado que en varios pasajes menciona un conjunto de seis paños de angeo, con pinturas en blanco y negro representando escenas de la Pasión. Estos paños estaban destinados a decorar las paredes de la iglesia durante la Semana Santa. La obra fue encargada a Esteban Jordán, quien realizó los diseños, y ejecutada por los pintores Gregorio Martínez y Benito Ronco. Este conjunto es realmente singular, pues aunque este tipo de paños se utilizaba con cierta normalidad, apenas se han conservado. En la actualidad, se encuentran depositados en el arzobispado de Valladolid, donde están a buen resguardo.

En cuanto a la inscripción sepulcral en el lado de la epístola, se lee: “Aquí yace sepultado D. Sanctomé, fundador de la cofradía de la Trinidad, capitán que fue de la gente de Valladolid en la derrota de San Isidro, en defensa de la jurisdicción de esta Abadía con el obispo de Palencia.” Esta inscripción fue descubierta en 1903 al picar la pared. Recuerdo vagamente haber leído algo sobre la derrota de San Isidro, pero no puedo identificar la fuente exacta. Desde que tuve acceso a la documentación sobre la antigua abadía fundada por don Pedro Ansúrez y su esposa, conservada en el Archivo de la Catedral de Palencia, decidí no profundizar en el problema histórico de la dependencia o inmunidad de Valladolid respecto a la diócesis de Palencia, pues considero aplicable aquí el refrán: “no hay peor sordo que el que no quiere oír.”

Un documento del apéndice documental de La Magdalena confirma y complementa esta línea de investigación. Se trata del acta de fundación, anterior al testamento y muerte de La Gasca, donde se incluyen las capitulaciones y la declaración del cura, el mayordomo y numerosos parroquianos. Todos ellos aprueban las disposiciones tomadas por La Gasca para crear el patronato con todas sus consecuencias, durante los tiempos del obispo don Pedro de La Gasca, cuando se abordó seriamente la solución del secular problema de la Colegiata.

El documento L256 del Archivo de la Catedral, copia del testamento de La Gasca otorgado en Sigüenza el 6 de noviembre de 1567, incluye las cláusulas referentes a la fundación en la catedral de Palencia y la dotación de doncellas pobres, tanto de Palencia como de Sigüenza. Estas cláusulas debían cumplirse estrictamente, y el Cabildo palentino, celoso de su ejecución, solicitó una copia del testamento y de la fundación.

El testamento, otorgado ante el notario Bernardo Racoso, es breve y comienza justificando esa brevedad: La Gasca expresa su voluntad de que todo lo que haya ordenado respecto a la fundación de su capilla de la Magdalena en Valladolid se cumpla fielmente. A continuación, dispone el pago de sus deudas y demuestra una sensibilidad social notable al establecer disposiciones para sus criados: aquellos que le hubieran servido hasta su muerte durante cuatro años completos recibirían su salario de por vida; los que cesaron antes de su muerte recibirían lo que hubieran percibido; los que le sirvieron menos de cuatro años, recibirían la mitad del salario de por vida; y quienes le sirvieron menos de dos años percibirían su salario durante dos años más. Estos detalles evidencian la preocupación del obispo por la seguridad de quienes le habían servido, un gesto poco frecuente en aquellos tiempos.

El testamento continúa con disposiciones sobre los edificios y los capellanes —doce más un capellán mayor—, estableciendo que algunos de ellos serían familiares suyos o clérigos a su servicio en el momento de su muerte. Además, funda dos Memorias solemnes con misas, vísperas y procesión, una en Sigüenza y otra en Palencia, con una renta de cincuenta ducados cada una, y ordena que su cuerpo sea trasladado a Valladolid y sepultado en la capilla de la Magdalena.

También se refiere a los servidores Francisco de Lancheta, Martínez y Tórtoles, ajustando sus pagos a 12.000 maravedís anuales mientras vivieran, y al nombramiento de testamentarios. El testamento concluye con las fórmulas habituales, en dos hojas firmadas por el escribano Bernardo Racoso. Estas disposiciones fueron seguidas en el manuscrito de la Catedral por un acto notarial registrado por Gregorio Mendieta, escribano público de Sigüenza, consistente en la lectura del testamento a petición del hermano de La Gasca y de los alcaldes de Sigüenza.

La fundación de la Memoria en la catedral de Palencia es una página de gran belleza y profundo sentido religioso y sacerdotal. En ella, La Gasca abre su corazón y expresa la espina que llevaba clavada desde que el emperador Carlos le confió sus primeras comisiones en el Reino de Valencia, continuadas en otros reinos y finalmente en el lejano Perú, durante ocho años de su vida. Estos años, llenos de inquietudes, intranquilidad, preocupaciones, resoluciones y sentencias con pena de muerte, mutilación o castigo en galeras, le privaron del sosiego necesario para celebrar misa, razón por la cual no lo hizo durante ese prolongado período.

Al escribir estas páginas íntimas, La Gasca habla con el corazón en la mano, y debemos creer en su sinceridad cuando afirma que, incluso con el amplísimo Breve Pontificio que le facultaba para intervenir en toda clase de asuntos civiles y criminales sin incurrir en irregularidades, siempre le pareció que, tratando de negocios de tanta sangre, no era decente celebrar la Misa, y por ello se abstuvo de hacerlo.

Hecho y compilado por Lorenzo Basurto Rodríguez